«Estoy seguro de que me matarán si vuelvo»

Después de que el 1 de noviembre expirara el plazo para que 1,7 millones de afganos indocumentados se marcharan de Pakistán, en este país ha comenzado la caza al indocumentado. Lo denuncia Amnistía Internacional, que expone los casos de varios afganos que han sufrido procesos de expulsión o deportación sin ninguna garantía. «Nadie debería ser sometido a deportaciones forzosas masivas. Pakistán haría bien en recordar sus obligaciones legales internacionales, incluido el principio de no devolución», asegura Livia Saccardi, de Amnistía Internacional para Asia.

Además, a raíz del mandato de expulsión, el racismo y la hostilidad contra la comunidad afgana se ha exacerbado. Por eso, hay refugiados que han dejado de mandar a sus hijos a la escuela, como relata a esta organización un periodista afgano que huyó al país vecino con la llegada de los talibanes. Este padre de familia vive en la total incertidumbre porque asegura que, tras entrar con un visado regular en Pakistán, ahora no tiene cómo demostrar su estatus. «Estoy seguro de que me matarán si vuelvo», confiesa porque sabe que, al ser periodista, está «en varias listas negras de los talibanes».

Menores deportados sin informar a la familia

El Gobierno de Pakistán ha habilitado 49 centros de detención para retener a los afganos que no tengan la documentación que exige. «Estos centros de deportación funcionan en paralelo al sistema legal. Amnistía Internacional ha comprobado que en al menos siete centros no se respeta el derecho de los retenidos a contar con un abogado o a comunicarse con sus familiares», denuncia la organización. Asegura haber conocido el caso de un menor de 17 años de quien la familia no sabe nada. Fue detenido en Karachi y, pese a contar con una tarjeta de registro emitida por ACNUR y ser menor fue detenido en uno de estos centros y deportado sin informar a la familia.

No solo los refugiados que escaparon en 2021 de Afganistán son víctimas de esta campaña. También algunos que llevan años asentados en el país y que Pakistán considera «extranjeros no registrados». Según Pakistán más de 170.000 afganos, muchos de los cuales han vivido en Pakistán durante décadas, han tenido que abandonar el país desde el 17 de septiembre, cuando Lahore decretó su expulsión. Especialmente difícil lo tienen las familias en las que uno de los dos cónyuges es afgano. «Hay una sensación de miedo entre la comunidad afgana. Vivimos en constante ansiedad, cerramos a cal y canto cuando sabemos que hay una patrulla por la zona», relata otro de los testimonios a Amnistía Internacional.

Ataque contra cristianos

Dada la situación de Afganistán, el regreso al país compromete especialmente la seguridad de mujeres, niñas y minorías religiosas. «Un activista que trabaja con comunidades de refugiados cristianos en Islamabad, Chaman y Quetta, nos contó que un refugio que albergaba a una docena de familias de refugiados cristianos tuvo que cerrar después de las redadas policiales», recoge la organización.

En efecto, la Policía realiza continuas redadas en busca de afganos. Incluso cualquier ciudadano que acoja afganos puede ser detenido o multado. Por eso, los propietarios de casas están echando a sus inquilinos afganos y los que no lo hacen les han multiplicado el precio del alquiler.

Llamamiento del Papa

Hace unos días el Papa Francisco se hizo eco de esta situación durante el rezo del ángelus del 5 de noviembre: «Estoy cerca de los refugiados afganos que han encontrado refugio en Pakistán, pero ahora ya no saben dónde ir».

Pakistán esgrime razones de seguridad nacional para expulsar a todos los afganos indocumentados. El 1 de noviembre expiró el plazo para que quienes entren en esta categoría, 1,7 millones de personas, se marcharan por su propio pie del país. De lo contrario, serían sometidos a una búsqueda y captura que, como denuncia Amnistía Internacional, vulnera los derechos de estas personas. Según los datos pakistaníes, 800.000 afganos en su territorio tienen el estatus de refugiado y 1,3 millones están registrados ya como solicitantes de asilo. El ultimátum de Pakistán se cierne sobre quienes no cuentan con reconocimiento ni como refugiados ni como solicitantes de asilo; en muchas ocasiones porque los trámites son extremadamente lentos y dependen tanto de los funcionarios locales como de ACNUR.