Pakistán deportará a 1,7 millones de afganos

El 1 de noviembre concluyó el plazo que el Gobierno de Pakistán había dado a 1,7 millones de afganos que viven de forma irregular en su territorio para abandonarlo o, de lo contrario, ser deportados a partir de entonces. La medida se anunció a principios de octubre, poco después de que dos atentados contra mezquitas cerca de la frontera se saldaran con 57 muertos. Fuentes del Ejecutivo han culpado a terroristas de origen afgano de 14 de los 24 atentados suicidas de este año. Paradójicamente, entre los más susceptibles de ser expulsados por ser considerados posibles terroristas talibanes se encuentran las 600.000 personas que llegaron al país precisamente «por miedo a la persecución» después de que este grupo retomara el poder en agosto de 2021, explica Qaiser Khan Afridi, portavoz en Pakistán del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 450.000 han solicitado asilo a través de esta agencia de la ONU, pero la tramitación es muy lenta y casi ninguno ha conseguido sumarse a los 1,3 millones de refugiados oficiales llegados en oleadas anteriores.

El ultimátum del Gobierno cayó como una bomba entre los candidatos a la expulsión. No todos reaccionaron de la misma forma. En las oficinas de ACNUR, explicaba su portavoz horas antes del ultimátum, «estamos trabajando al máximo de nuestra capacidad pero bajo mucha presión porque crece la ansiedad. Los servicios de asesoramiento legal están desbordados» por gente que busca alguna salida para quedarse. Otros, en cambio, han decidido abandonar el país. «La continua discriminación» que sufren en algunos entornos «y el miedo a ser detenidos» hacen que no les merezca la pena intentar prolongar su estancia, explica Sandesh Gonsalves, director en Afganistán del Servicio Jesuita al Refugiado (SJR). ACNUR contabilizó 83.268 retornados desde el 15 de septiembre hasta el pasado lunes.

No es la primera devolución masiva de afganos desde Pakistán. Pero sí la más ambiciosa. Además de los 1,7 millones de indocumentados de la primera fase, algunas entidades temen que luego la medida se amplíe a quienes ahora gozan de cierta protección, como los 880.000 titulares de una tarjeta expedida por Pakistán que los acredita como ciudadanos del país vecino. Otra diferencia es que es la primera devolución desde el regreso de los talibanes. A pesar de las promesas de estos de que los retornados no sufrirán represalias, desde ACNUR temen que «muchos estarán en riesgo». La agencia reconoce «la generosidad de Pakistán al acoger a una de las poblaciones más grandes de refugiados del mundo durante 40 años», pero recuerda al Gobierno su petición de 2021, reiterada en 2022, de que ningún afgano sea devuelto y pide que al menos «implante mecanismos para asegurarse de que quienes necesitan protección no sean expulsados». También algunos gobiernos occidentales han pedido tiempo para reubicar a los refugiados afganos que colaboraron con ellos durante su presencia en Afganistán.

Pero lo que más preocupa a Gonsalves es qué país se van a encontrar a su regreso. En ocasiones pasadas, «el contexto económico era bastante estable». Ahora las dificultades son cada vez mayores. A la crisis financiera tras la vuelta de los talibanes, siguieron «las crecientes restricciones a la ayuda humanitaria internacional», un sector que creaba mucho empleo, y el aumento del paro. «Conseguir los alimentos más básicos es un reto casi insuperable», explica. A ello se suman los devastadores terremotos de este mes en el oeste de Afganistán y el hecho de que «también está habiendo una deportación en masa de afganos desde Irán», estimada en cientos de miles. «A las organizaciones humanitarias ya nos está costando atender esta realidad», y la llegada del invierno solo puede empeorar las cosas. «La capacidad de Afganistán para recibir a tal cantidad de personas es nula. Va a ser un desastre provocado por el hombre».

La ayuda para las víctimas de los terremotos se agota

Sandesh Gonsalves, director del Servicio Jesuita al Refugiado (SJR) en Afganistán, lamenta que el ataque terrorista de Hamás contra Israel del 7 de octubre y el estallido de la guerra hayan eclipsado el hecho de que, empezando ese mismo día y en poco más de una semana, Afganistán sufrió nada menos que cuatro terremotos de más de seis grados de magnitud en los alrededores de Herat, al oeste del país, zona cercana a la frontera con Irán: dos el mismo día 7, que causaron 2.400 fallecidos —«el 90 % mujeres y niños, según funcionarios de la ONU»—; uno el 11 y otro el 15, más sus respectivas réplicas. En estos «hubo menos fallecidos porque la gente estaba durmiendo al aire libre».

Sigue siendo difícil recoger datos «por lo remotas que son estas áreas», explica. Pero «solo en el distrito de Zendeh Jan, 15 aldeas fueron totalmente demolidas y más de 15 son inhabitables». El terremoto del 11 de octubre dañó 120 pueblos más. Las organizaciones humanitarias están intentando llevar a las comunidades afectadas tiendas, menaje, mantas, lámparas solares y kits de supervivencia. El SJR va a proporcionar ayuda a unas 400 familias y, además, mantiene un programa de atención psicosocial a niños y jóvenes.

Sin embargo, a medida que los equipos de estas entidades se internan más en las zonas afectadas están descubriendo que el número de familias afectadas era mayor que en las primeras evaluaciones. «La ayuda que ha llegado se está agotando y la gente sigue pasando necesidad». Gonsalves teme que «el problema para las familias empezará cuando esta ayuda finalice», quizá «dentro de una semana o dos», y se considere que ha empezado la fase de reconstrucción. «No hay capacidad para ello». Y el invierno se acerca, mientras «un número cada vez mayor de personas vive en asentamientos informales en las ciudades» por miedo a nuevos seísmos. Incluso los propios empleados del SJR.