«Llegué a pensar que nos iban a lanzar desde un avión»

La familia Parajón ha vivido un auténtico calvario desde 2017. Aquel año la matriarca falleció de cáncer. Un año después murió su hijo Jimmy José, de 35 años. Fue asesinado el 11 de mayo de 2018 de un tiro en el pecho cuando protestaba contra el Gobierno en el entorno de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Ya en 2021, Yader Parajón —el segundo de los hijos— fue detenido. Hasta el pasado 9 de febrero, cuando fue excarcelado y expulsado a Estados Unidos con otros 221 presos políticos.

La muerte de su hermano fue la que motivó la lucha que lo llevó a prisión. Esta había quedado impune, pues no hubo detenciones. Pedía justicia. Con 31 años y a pocos meses de acabar Psicología en la Universidad Centroamericana, sufrió las consecuencias: «Me impusieron una pena de cárcel de diez años». Lo acusaron de «conspiración contra la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad», según el juez. En realidad, cuenta en entrevista con Alfa y Omega desde su destierro, «vieron lo que estaba haciendo por mi hermano y lo percibieron como una amenaza, porque saben que la dictadura de Ortega es la única responsable de su muerte y de la de otros 300 jóvenes».

Lo enviaron entonces a la temida cárcel de El Chipote, donde pasó 18 meses. 522 días en total. «Me torturaron. Las primeras cuatro jornadas no recibí más que golpes. Me pegaron en la espalda y en las piernas. Me humillaron», relata. No fue la única tortura a la que fue sometido. Lo tuvieron «más de un año entero en una celda de castigo». «Estamos hablando de un espacio de dos metros cuadrados. Allí tenía que comer, dormir e incluso hacer mis necesidades», confiesa.

A Max Jerez, otro de los jóvenes desterrados, que intervino en 2018 en las protestas contra el régimen de Ortega y en el diálogo nacional que trató de poner fin a la crisis desatada en el país —motivo por el que acabó en prisión—, lo mantuvieron aislado sin ofrecerle ningún tipo de información. «Lo más duro de los 19 meses que pasé en la cárcel fue que no me contaran la muerte de mi madre. Me enteré un mes después, durante una de las pocas veces que dejaron a mi familia venir a verme», lamenta Jerez, que, al igual que Parajón, pasó parte de su encierro en una celda de castigo.

Ahora los dos inician una nueva vida lejos de su patria, en Estados Unidos. «No sabíamos a dónde nos llevaban. Sinceramente, creí que nos iban a hacer desaparecer. Incluso cuando vi que estábamos de camino al aeropuerto, llegué a pensar que nos lanzarían desde un avión», afirma Parajón. Jerez habla de esa misma incertidumbre, que solo terminó cuando se dieron cuenta de que habían sido liberados. Entonces, explotó la alegría. «Fue un momento emocionante. No podíamos creerlo. Nos abrazamos», explica a este semanario.

En la lista presentada por sorpresa por Daniel Ortega, Yader Parajón era el primer nombre. Le seguían Jerez, los políticos Cristiana y Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como un nutrido grupo de sacerdotes a los que el presidente nicaragüense mantenía en la cárcel. Se tratan, entre otros, de Óscar Danilo Benaviez, de la diócesis de Siuna, condenado a diez años de prisión, o Enrique Martínez Benito, presbítero de Chinandega. Asimismo, en el directorio aparecían los nombres de todos aquellos que se encontraban junto al obispo Rolando Álvarez cuando la Policía entró en la diócesis de Matagalpa el 19 de agosto de 2022. Aquel día fueron detenidos y enviados a El Chipote los sacerdotes Reynaldo Tijerino, José Luis Díaz y Sadiel Antonio Eugarrios, el diácono Raúl Antonio Vega y los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Centeno. Ahora todos ellos se encuentran en libertad, aunque se les ha retirado la nacionalidad.

Prisión para Rolando Álvarez

El que no figura en la lista es el obispo Rolando Álvarez, al que se le ofreció la posibilidad de abandonar el país. Se negó en rotundo, por lo que el régimen decidió enviarlo a la Cárcel Modelo de Nicaragua.

Desde su detención, en agosto de 2022, permanecía en arresto domiciliario. El prelado estaba encausado por «traición a la patria» junto al sacerdote Uriel Vallejos, que tuvo que exiliarse del país. El juicio estaba previsto para el 28 de marzo, pero sin previo aviso se adelantó al 15 de febrero. El magistrado Octavio Rothschuh Andina ni siquiera esperó hasta ese día y el pasado viernes condenó a Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión. Además, le impuso una multa de 1.500 euros y le retiró la nacionalidad. Tras la condena, el Papa Francisco expresó su preocupación por la situación del obispo, «a quien tanto quiero», y por todas las personas que fueron deportadas a Estados Unidos. Aseguró sus oraciones por todos ellos y pidió las de todos los fieles.

Del mismo modo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) señaló en un comunicado que sigue «con dolor la preocupante situación que se está viviendo en Nicaragua». En especial, se solidarizó con el obispo Álvarez y los ciudadanos desterrados, y se unió «a los sentimientos» de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua «que sufren persecución por parte del Gobierno del país por la defensa de la libertad de los nicaragüenses».

También los antiguos presos políticos han mostrado su apoyo al obispo de Matagalpa. «Estoy impresionado por la valentía, la determinación y el heroísmo de Rolando Álvarez», asegura Max Jerez. Y concluye: «Él no ha cometido ningún delito. Tan solo se ha mantenido firme en sus convicciones. Su condena es ilegal y no pararemos hasta verlo libre».