El Vaticano controlará la economía de las instituciones dependientes de la Curia

La Santa Sede ha dado este martes un paso más en la reforma de la Curia hacia una mayor transparencia con una ley del Estado de la Ciudad del Vaticano y un motu proprio del Papa Francisco. El objetivo es aplicar los principios de la constitución apostólica Praedicate Evangelium a «los diversos fondos, fundaciones y organismos que, a lo largo de los años, han nacido en el seno de las instituciones» de la Curia.

Estos órganos están formalmente separados y son en cierta medida autónomos de aquellos de los que dependen. Pero como «instrumentos para la realización de los fines propios» de la Curia, «también ellos son entidades públicas de la Santa Sede». Sus bienes son patrimonio de la Sede Apostólica, y por ello es necesario que estén sujetos «al control y vigilancia de los órganos económicos de la Curia».

Vigilancia y control

El motu proprio entrará en vigor el 8 de diciembre, y las entidades tendrán tres meses para aplicarlo. Su articulado establece que la institución curial de la que dependa cada persona jurídica vele por su correcto funcionamiento, de forma que cumpla los fines previstos en sus estatutos. Para ello, prevé, entre otras cosas, el nombramiento y la sustitución de administradores y representantes legales, la disolución del consejo de administración y el nombramiento de un comisario extraordinario.

La vigilancia y el control en materia económica y financiera correrá a cargo de la Secretaría para la Economía. Dentro del ámbito de sus competencias, podrá adoptar o recomendar la adopción de medidas para prevenir y combatir las actividades delictivas.

A esta misma secretaría y en los plazos que ella establezca deberán presentar los organismos sus presupuestos y cuentas finales. Con todo, tanto la secretaría como la Oficina del Revisor General pueden acceder siempre a los registros contables, los documentos justificativos y la información sobre transacciones.

Sanciones de 50.000 euros

Se regula también que estas instituciones serán extinguidas cuando hayan alcanzado su objetivo, este se haya vuelto imposible o sea contrario a la ley, o si el número de socios se reduce tanto que su funcionamiento sea inviable.

El contenido del motu proprio se extiende también a los entes del Estado de la Ciudad del Vaticano mediante una ley promulgada por la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y que también entrará en vigor el 8 de diciembre. El texto incluye sanciones de hasta 50.000 euros para las entidades que no cumplan algunas de sus disposiciones, y de hasta 2.000 para sus representantes legales.

El motu proprio no se aplica, en cambio, «salvo disposición expresa», a «otras fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que, aunque tengan su sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, nacen sin embargo de la iniciativa de particulares» y no son instrumento para la realización de los fines propios de las instituciones curiales.