La pena de muerte «golpea con más dureza a quienes no tienen recursos para su defensa»

Louis Pérez Mayer tenía 36 años cuando fue acusado de asesinato y encerrado en el corredor de la muerte. Hoy tiene 60 y se ha pasado media vida entre rejas, «en unas condiciones muy duras, separado de sus hijos y de sus nietos, a quienes no ha podido ver crecer», asegura la Comunidad de Sant’Egidio de Madrid en un artículo publicado en el marco de la Jornada Internacional Ciudades Por la Vida Contra la Pena de Muerte, que se celebra este miércoles, 30 de noviembre.

Con este mismo motivo, Delia Pérez Mayer, hermana de Louis, ha visitado recientemente Madrid y ha compartido su testimonio familiar con los alumnos de la Universidad Complutense, de dos colegios de La Salle y en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, donde también se realizó una oración por la paz y por el fin de la pena de muerte en todo el mundo, con la participación del movimiento Jóvenes por la Paz de la Comunidad de Sant’Egidio. «Espero que el próximo año pueda venir él mismo aquí a dar su testimonio porque hemos logrado demostrar su inocencia», dijo Delia.

Louis lleva 24 años en el corredor de la muerte en una cárcel del Estado de Texas, en Estados Unidos. Durante todo este tiempo, él y su familia han estado luchando para demostrar su inocencia, lo que ha tenido no solo un gran coste personal sino también económico. Han pasado «por abogados que pedían grandes sumas de dinero para su defensa», lo que «demuestra cómo este castigo tan inhumano y extremo, al punto de legitimar la muerte a manos del propio Estado, golpea con especial dureza a quienes no cuentan con los recursos económicos para su defensa y/o pertenecen a minorías como afroamericanos o latinos, en el caso de Estados Unidos», denuncia Sant’Egidio, que trabaja en alianza con Amnistía Internacional para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

Situación de la pena capital en el mundo

Las cifras de ejecuciones aumentaron un 20 % en 2021 respecto al año anterior, según datos de Amnistía Internacional. Mientras el año pasado se registraron 579 ajusticiamientos, en 2020 la cifra se quedó en 483 casos. A pesar del incremento, el dato representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por el organismo desde 2010.

Según la ONG, la mayoría de los ajusticiamientos tuvieron lugar en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, aunque los datos del gigante asiático no están incluidos en el informe que anualmente prepara AI —como tampoco los de Corea del Norte y Vietnam— debido al secretismo que los comunistas mantienen en este ámbito.

También aumentaron el número de países que eliminaron la pena de muerte. De esta forma, más de dos tercios de los países del mundo han abolido ya la muerte en su legislación, o en la práctica, al concluir 2021, si bien 55 aún la mantienen. En este contexto, durante el año pasado se registraron conmutaciones o indultos a condenados a muerte en 19 países, mientras que hubo exoneraciones en otros cuatro.