«Pedimos que se reconozca nuestro trabajo y dignificar los cuidados»

Constanza Cisneros llegó a España, procedente de Ecuador, cuando «se perseguía a los inmigrantes», asegura en conversación con Alfa y Omega. «Yo trabajaba de interna y libraba los sábados por la tarde. En la parada de Moncloa, por ejemplo, había policías de paisano que te abordaban. A mí nunca me cogieron, pero a muchas compañeras las expedientaron», confiesa.

Lo peor de aquella época, sin embargo, no eran los encuentros con los agentes, sino las duras condiciones laborales a las que era sometida por su empleadora. «Eran esclavizantes», subraya. A pesar de estar como interna, «la señora solo me dio de alta en la Seguridad Social cuatro horas y me pagaba 500 euros». La realidad es que «me pasaba allí el día entero». Cisneros tenía libre unas horas el sábado y otras el domingo, «pero antes de poder irme tenía que dejar todo hecho» y «tenía que volver unas horas después para atender a la señora, a la que le había dado un ictus».

En aquella casa, Constanza hacía de todo. Limpiaba, planchaba, atendía a la señora, le daba la medicación y tenía que estar pendiente por si le volvía a dar otro ataque. Además, tenía que soportar los comentarios de algunos familiares de la persona a la que cuidaba. «Me decían: “Pero si solo es estar ahí; no tienes que hacer nada”».

Tras sufrir todo aquello, la hoy empleada del hogar se convenció en 2012 de que debía organizarse con sus compañeras para luchar por sus derechos. En la actualidad, forma parte del Observatorio Jeanneth Beltrán y de la Asociación Senda de Cuidados. «Queremos reivindicar nuestra labor, que se reconozca nuestro trabajo como el de cualquier otra persona, y que se dignifiquen los cuidados en este país. Parece una labor de segunda, pero nosotras nos dedicamos a cuidar a los demás para que todo el engranaje social siga funcionando», concluye.

Aún sin los mismos derechos

En el caso de Rafaela Pimentel, que procede de República Dominicana, ya había trabajado en su país como activista, por lo que «al llegar aquí estaba concienciada de la necesidad de movilizarme». Este bagaje le ha servido para poder participar en las reuniones que el colectivo de empleadas de hogar ha tenido con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

«Llevábamos pidiendo reuniones a distintos ministerios muchísimos años, pero no nos hacían caso», asegura esta empleada de hogar y miembro de Territorio Doméstico. Todo cambió con la ratificación de España del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce a las empleadas de hogar su derecho a la prestación por desempleo. «Era una de nuestras principales reivindicaciones», afirma Pimentel. Una buena noticia que, en realidad, venía impuesta por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de ahí, «la ministra Díaz nos llamó para reunirse con nosotras. Teníamos 75 reivindicaciones históricas, pero de cara al encuentro las resumimos en diez». Finalmente, el Gobierno aprobó el real decreto que reconoce este derecho en el Consejo de Ministros del martes 6 de septiembre.

Aunque el colectivo de las empleadas de hogar celebró la noticia, en la actualidad las movilizaciones no se han detenido. La razón es sencilla: «Todavía no tenemos los mismos derechos que el resto», sentencia Pimentel. Tras el derecho a paro, ahora las trabajadoras domésticas se centran en su régimen de la Seguridad Social. «Nosotros estamos incluidas en un régimen especial, pero pedimos que nos incluya en el régimen general. Y lucharemos hasta conseguir», advierte.

Por último, el colectivo también defiende la necesidad de un sistema público de cuidados, financiado por el Estado, al que puedan acceder todas las personas que lo necesiten. «En la pandemia se reconoció que éramos esenciales. El problema es que hay que reconocer que hay una crisis de cuidados. Ahora mismo están mercantilizados y solo pueden acceder a ellos quienes los pagan, y eso no es justo. Todo el mundo tiene derecho a unos cuidados públicos de calidad», concluye la activista.