«No hay nada que impida hacer una regularización de migrantes»

Para sostener la frase de que «no hay nada que impida a un país hacer una regularización de migrantes», Gonzalo Fanjul, director del área de investigación de porCausa, cita, por ejemplo, que se han hecho desde todos los sectores ideológicos. El contador en España está en cinco para el Partido Popular y en cuatro para el PSOE, aunque este último gana en números absolutos. También que en Europa se han llevado a cabo 43 regularizaciones entre 1996 y 2008 y que en los últimos años países como Portugal, Italia o Francia han optado por este instrumento.

«Es una medida habitual, racional y que responde a criterios éticos y prácticos», explica Fanjul, que añade que cerca del 70 % de la población, según estudios recientes, la apoyaría. «Hay gente que la defiende desde la izquierda y el activismo, gente que considera que migrar es un derecho fundamental y una manera eficaz de reducir la pobreza o que piensa que la irregularidad es un disparo en el pie fiscal. Todas las razones cuentan», sentencia.

El investigador ha presentado este lunes el nuevo informe de la Fundación porCausa, que da cuenta de Cinco buenas razones para una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles, junto con Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de porCausa, y Soledad Gallego-Díaz, exdirectora de El País. El documento se enmarca en la campaña ESencialES, que busca sumar 500.000 firmas para llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular que regularice al medio millón de migrantes que se encuentran en estos momentos en situación irregular.

Según recoge la investigación, la magnitud de la irregularidad en España se acerca las cifras de 2005, cuando el Gobierno del PSOE liderado por José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo una regularización. Según los cálculos de porCausa, en 2020 había en nuestro país hay entre 475.000 y 514.000 migrantes sin papeles, un 16 % más que el año anterior.

De este colectivo, la mayoría procede de Iberoamérica. De hecho, siete de cada diez personas proceden de esta región y solo uno de cada diez lo hace de África. Además, la mayoría (58 %) son mujeres, mientras que el 72 % tiene entre 20 y 40 años. Cabe destacar también la importante presencia de la infancia: hay 125.000 niños en situación administrativa irregular, la mayoría menores de 10 años.

Según explica Fanjul, una regularización extraordinaria es «lo más decente que se puede hacer» para reducir la pobreza, la exclusión sanitaria y educativa y la explotación laboral. Los datos también corroboran esta afirmación: la tasa de riesgo de pobreza en hogares migrantes con menores a cargo es del 60 % frente al 20 % en los hogares españoles.

Además, el impacto es más fuerte en las mujeres y los niños. «Las trabajadores están sobrerrepresentadas en algunos sectores donde la explotación laboral y el acoso sexual está a la orden del día. Y los niños la irregularidad es una trituradora de derechos fundamentales», denuncia la investigación.

Este medida «no es solo lo correcto, sino también lo inteligente», continúa Fanjul. Así, según los últimos cálculos, la regularización aportaría a las arcas del estado un total de 950 millones de euros, o lo que es lo mismo, 3.500 euros netos por trabajador.

También ayudarían a luchar contra el envejecimiento y, por tanto, a alimentar la base de la pirámide poblacional y a la sostenibilidad del sistema de pensiones. «La regularización es un buen negocio», añade.

Según el informe, la población migrantes sin papeles «se encuentra entre los potenciales grupos de alto riesgo por las vulnerabilidades sanitarias previas, incluyendo la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis o el VIH. También es un factor de riesgo en un contexto como el de la COVID-19.

Así, constata que por miedo a ser identificados o deportados se mantienen alejados de las políticas de salud y la vacunación frente a la COVID-19 ha sido un ejemplo. Por lo tanto, tener a todas estas personas dentro del sistema mejoraría la salud pública.

Fanjul insiste en que «es una respuesta política razonable que forma parte de la caja de herramientas de una Administración de cualquier color político». Se ha hecho en España y, sostiene, se va a volver a hacer. «Si el Gobierno actual tomase la decisión no abriría una brecha. Es algo común», añade.

En su opinión, el fracaso no es tener que llevar a cabo una medida de estas características, sino «la perpetuación de bolsas amplias de inmigración irregular», que constituye «una forma moderna de segregación que debilita las raíces morales de la sociedad».