Arranca en EE. UU. el juicio que podría poner fin al derecho al aborto

«Anular Roe vs. Wade». Dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que en 1973 obligó a que el aborto sea legal en todos los estados ha sido durante años uno de los objetivos más ambiciosos del movimiento provida en el país. Ambicioso hasta el punto de parecer por momentos casi inalcanzable. Y, sin embargo, ese momento está más que nunca al alcance de la mano.

Este miércoles, el mismo tribunal escuchará los argumentos orales del juicio contra una ley del estado de Misisipi que entró en vigor el 17 de marzo de 2018 y que prohíbe el aborto después de la semana 15 de gestación. La norma incluye excepciones por emergencias médicas o malformaciones graves del feto, pero no por violación o incesto.

El centro abortista Jackson Women’s Health Organization, único del estado, demandó al estado al día siguiente de su entrada en vigor. Tanto un juzgado de distrito como el quinto circuito federal le dieron la razón. Pero Misisipi, representado por su responsable de Sanidad, Thomas E. Dobbs, recurrió al Supremo pidiendo explícitamente la anulación de Roe vs. Wade.

Mayoría conservadora

El Supremo también tiene pendiente decidir sobre la ley de Texas que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación. Pero en este caso no entrará a juzgar si la medida es constitucional, algo que sí hará respecto a la norma de Misisipi, que todavía no ha entrado en vigor. Eso convierte el caso de Misisipi en el más decisivo de las últimas décadas sobre el aborto.

En este país, ninguna ley federal legaliza el aborto. Todo descansa en la sentencia de 1973, que declaró inconstitucional que un estado prohíba el aborto antes de que el feto sea viable fuera del seno materno, en la semana 24 de gestación. Como consecuencia, recurrir al aborto dentro de este límite se consideraba un derecho amparado por la 14ª enmienda de la Constitución, que asegura la «protección legal igualitaria», la autonomía y la integridad corporal.

No se espera una decisión hasta 2022, seguramente en junio. Puede jugar a favor del no nacido la composición del Tribunal Supremo, que tras la confirmación el año pasado de Amy Coney Barrett cuenta con seis magistrados conservadores frente a tres progresistas. También el hecho de haber admitido a trámite un recurso de este tipo; eso sí, tras una larga deliberación.

26 estados podrían prohibirlo

Si se acepta la defensa de Misisipi y se rechaza el precedente de Roe (y de otra sentencia en la misma línea, Planned Parenthood vs. Casey), cada estado tendría libertad de regular el aborto. Hasta 26 de ellos podrían prohibirlo o restringirlo de forma significativa. Otra posibilidad es que, sin llegar a este punto, los magistrados modifiquen el estándar de viabilidad, lo cual también abriría la puerta a más limitaciones.

Como informa EFE, en la última década varios estados han aprobado cientos de medidas que limitan el aborto. Además de responder a las posiciones crecientemente provida de la sociedad estadounidense, y al objetivo de reducir los abortos y lograr que las mujeres tomen esta decisión sin presiones y con suficiente conocimiento. Además, se contaba con que los recursos contra estas leyes llegarían al Supremo antes o después. Esto les permitiría desafiar los argumentos esgrimidos en los años 1970.

El Gobierno de Biden ha intervenido abiertamente a favor del centro abortista. Reconoce que proteger la vida del no nacido es un interés del Estado, pero considera que el criterio de viabilidad «estableció el equilibrio» entre este interés y el de la madre que quiere abortar. Si la sentencia Roe vs. Wade fuera anulada, Biden se comprometió durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales del año pasado a legislar a nivel federal a favor del aborto.

Sin base constitucional

La importancia del caso ha hecho que numerosas instituciones y entidades hayan querido aportar sus propios argumentos, tanto a favor como en contra, para que los magistrados los consideren. Es la figura que en Estados Unidos se conoce como «cartas de amicus curiae», o amigo de la corte. El blog SCOTUS, dedicado a seguir la labor del alto tribunal, ha elaborado un resumen de los principales argumentos de unos y otros.

Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y otras entidades religiosas afirman que «no hay base constitucional» para que el criterio decisivo sobre cuándo permitir o no un aborto sea la viabilidad. El Colegio Americano de Pediatras y la Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos piden que este criterio cambie en función de lo que ha avanzado el conocimiento sobre el desarrollo fetal, mientras que otros profesionales sanitarios aducen que los nuevos descubrimientos subrayan la humanidad del feto.

Otra línea argumental, la de tres senadores republicanos, 24 estados y 321 legisladores estatales, afirma que debido a los argumentos contradictorios frente al aborto de distintos tribunales, incluido el Supremo, y a la profunda división social sobre esta cuestión, no debe tratarse Roe vs. Wade como un precedente legal. Por otro lado, 228 congresistas y doce gobernadores aducen que la decisión sobre el aborto corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo, elegidos democráticamente. En este sentido, un grupo de mujeres políticas añade que se debería dejar más margen de maniobra a esta esfera, donde las mujeres ya están ampliamente representadas y en muchos casos han promovido leyes provida.

Que el feto se reconozca como persona

Por su parte, la profesora de Derecho de Harvard Mary Ann Glendon y la Sociedad Tomás Moro se refieren al contenido de la 14.ª enmienda. Aducen que en el momento de aprobarse ninguno de sus promotores «pudo pretender o entender» que incluyera «impedir a los estados» prohibir el aborto; una extrapolación indebida. Y varias académicas y entidades feministas provida desvinculan el aborto de la causa por la igualdad de la mujer.

Hay por último aportaciones de médicos sobre el riesgo físico y psicológico del aborto para la madre después de las primeras 15 semanas, sobre el deber moral de los profesionales sanitarios de oponerse a esta práctica; e incluso un documento pide que se reconozca al no nacido, en cualquier momento de su desarrollo, una persona con derecho a la protección de la 14.ª enmienda.