Manos Unidas denuncia la «violencia de mil caras» contra indígenas de América Latina

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra este lunes, 9 de agosto, Manos Unidas ha denunciado la «creciente violencia y exclusión que sufren los pueblos originarios, especialmente aquellos que habitan territorios de América Latina en los que estados, compañías privadas y organizaciones ilícitas tratan de extraer beneficios a través de su explotación económica».

La entidad asegura que la pandemia del coronavirus ha agravado y hecho más visibles las desigualdades y la violencia que soporta la población indígena, que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en extrema pobreza que la no indígena, según datos de Naciones Unidas. De hecho, hoy ya sufren una mayor vulneración de sus derechos, con graves dificultades de acceso a la salud, a la educación y a la toma de decisiones sobre su propio desarrollo.

Mariana Ugarte, responsable de proyectos de Manos Unidas en México y Perú, explica que «los pueblos indígenas enfrentan una violencia de mil caras: primero, la estructural, con el abandono institucional y la negación de sus derechos; y, por otro lado, una violencia directa que va desde campañas de difamación y amenazas, intimidación policial y hostigamientos, pasando por detenciones y encarcelamientos sin pruebas, hasta llegar a agresiones, desalojo de comunidades, violencia sexual, secuestros y asesinatos de líderes indígenas».

«Tras estas muertes se encuentra la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería, el agronegocio, el narcotráfico —continúa—, pero el marco que acoge todo ello es el mismo: un modelo económico extractivista, el centralismo de las políticas estatales y el racismo estructural». En la región amazónica los pueblos indígenas reclaman a Gobiernos y agencias multilaterales que protejan la vida de líderes y defensores ambientales y de derechos humanos. El Acuerdo de Escazú parecía avanzar en esa demandada protección, al ser el primer mecanismo internacional que obligaba a los países a proteger a los defensores ambientales. Sin embargo, no ha sido ratificado por algunos de los países con mayor número de ataques contra defensores de la tierra, como Colombia, Brasil, Perú, Guatemala y Paraguay, entre otros.

El narcotráfico contra los kakataibo en la Amazonía peruana

Según datos del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas, durante la pandemia ha habido una docena de asesinatos de líderes indígenas solo en la Amazonía peruana. El pueblo más golpeado ha sido, sin duda, el kakataibo, con cuatro líderes asesinados. En este caso, es el narcotráfico la principal causa de las amenazas y ataques que sufren estas comunidades apoyadas por Manos Unidas. Según Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, «la presión a los territorios indígenas aumenta al no existir una debida protección jurídica de las tierras comunales; es decir, es necesario que el Estado titule sus tierras y las proteja de ser invadidas por actividades ilegales. Proteger jurídicamente el territorio y proteger a las personas amenazadas: en eso estamos trabajando con el apoyo de organizaciones como Manos Unidas».

Exigiendo justicia para Bernardo Caal en Guatemala

CIDSE, alianza internacional de organizaciones católicas de la que Manos Unidas forma parte, es una de las múltiples entidades que han alzado la voz en defensa de Bernardo Caal, líder indígena maya q’eqchi’ encarcelado en Guatemala. En 2018, Caal fue sentenciado a más de siete años de prisión por acusaciones de robo y retención de trabajadores que carecen de pruebas objetivas, según las organizaciones. En una carta reciente desde la cárcel, Bernardo Caal denuncia que el pueblo q’eqchi’ tiene «sus ríos secuestrados para hacer funcionar las centrales hidroeléctricas» mientras que las comunidades «no tienen electricidad y permanecen en la oscuridad. Esto se llama despojo, exclusión, discriminación y racismo», señala el líder indígena.

Comunidades aisladas y desalojos ilegales en Paraguay

En Paraguay, uno de los países con más desigualdad en la distribución de tierras, Manos Unidas acompaña a indígenas y campesinos del Chaco paraguayo que ven desaparecer su hábitat ante el avance de monocultivos y tierras dedicadas a pastos ganaderos. Para Carlos Vicente Alconcé, responsable de los proyectos de la ONG de la Iglesia en Paraguay, Ecuador y Brasil, «la causa principal de la violencia hacia las poblaciones indígenas del país es el acaparamiento de tierras por parte de grandes empresas y particulares dedicados al agronegocio».

En palabras de Lidia Ruiz, directora de Tierraviva, organización con la que Manos Unidas trabaja en el país, «es muy doloroso ver el abandono de los indígenas del Chaco, excluidos de políticas públicas que garanticen sus derechos más básicos, mientras el Gobierno destina enormes inversiones a mega infraestructuras que solo benefician a empresas ganaderas y de granos, que a medio plazo provocarán serios daños en las tierras reivindicadas por las comunidades; las mismas comunidades que no tienen acceso a agua potable, a salud, a educación, energía y vías de comunicación».

Según Tierraviva, durante la pandemia han aumentado los desalojos violentos de comunidades. «Solo de mayo a julio ha habido siete desalojos —afirma Ruiz—, promovidos por empresas agroganaderas y ejecutados por grupos armados privados». Estos desalojos vienen precedidos o acompañados de violencia física, incendios provocados, fumigaciones con agrotóxicos… «En la comunidad Loma Piro’y, por ejemplo, civiles armados con escopetas y picanas eléctricas atacaron a las familias, incluyendo a los niños, y varias viviendas, la iglesia y la escuela fueron incendiadas», denuncia Ruiz.

«Un caso muy significativo es el de la comunidad Payseyamexyempa’a, con la que estamos trabajando junto a Manos Unidas para fortalecer sus huertas familiares y sus sistemas de agua», explica Ruiz. A pesar de que la comunidad ha conseguido recuperar una parte de las tierras que tuvo que abandonar hace cuatro años, las familias se encuentran en una situación de pobreza extrema a raíz del aislamiento al que están sometidas, rodeadas por fincas de terratenientes. «Para salir o entrar a sus tierras deben pedir “permiso” a los hacendados para que les dejen utilizar sus caminos “privados” —señala Ruiz—. Estos grandes propietarios tienen personas armadas a su servicio y amedrentan a los indígenas con la perspectiva de que algún día abandonen las tierras que con mucho sufrimiento han recuperado legalmente».

En cifras

476 millones de indígenas en el mundo, un 6,2 % de la población mundial

Más de 500.000 personas integrantes de pueblos indígenas atendidas por Manos Unidas en todo el mundo a través de 225 proyectos con una inversión de más de 17 millones de euros

163 proyectos para apoyar a comunidades indígenas de América Latina, a los que se han destinado más de 14 millones de euros

264 asesinatos de defensores de derechos en América Latina en 2020; el 40 % de ellos, relacionados con la defensa de territorios y derechos de pueblos indígenas