Condenan al expresidente de una hidroeléctrica por el asesinato de Berta Cáceres - Alfa y Omega

Condenan al expresidente de una hidroeléctrica por el asesinato de Berta Cáceres

El caso todavía no está cerrado, pues los fiscales continúan buscando «a más autores intelectuales». Una de sus hijas, Berta Zúñiga, ha afirmado que la sentencia «es una victoria de los pueblos»

Redacción
Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que es cofundadora Berta Cáceres, tras conocer la sentencia Foto: AFP / Orlando Sierra.

El Tribunal de Sentencia de Honduras ha concluido de forma unánime que Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), es culpable del asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres. La condena se conocerá el próximo 3 de agosto, según informa EFE. Se trata de un paso más en un proceso que ya condenó en 2019 a los siete autores materiales a penas de entre 30 y 50 años.

La activista se oponía a la construcción de la presa de Agua Zarca, en el río Gualcarque, un proyecto del que se encargaba la empresa de Castillo, pues al medioambiente y a las comunidades de etnia lenca. De hecho, según el Ministerio Público de Honduras, las pruebas presentadas demuestran que el condenado «ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque».

«Estamos satisfechos, porque obviamente presentamos toda la carga probatoria que demostraba la culpabilidad de Roberto David Castillo», ha explicado el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien ha añadido que el caso «no está cerrado» y que los fiscales continúan buscando «a más autores intelectuales».

«Una victoria de los pueblos»

Berta Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, ha afirmado en rueda de prensa que esta sentencia es «una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos».

El fallo muestra que «las estructuras de poder no lograron en este caso corromper el sistema de justicia», ha apuntado al leer el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), entidad de la que era coordinadora y cofundadora la propia Berta Cáceres.

Con todo, tanto la familia como el Copinh han exigido la cancelación «inmediata» del permiso de construcción «sobre el sagrado río Gualcarque» y se procese a todas las personas involucradas en su «ilegal y corrupta concesión». Y han recordado que la causa no termina con esta resolución, sino que se encamina «firmemente» a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de la líder.

Más apoyo para los trabajadores de la justicia

Por su parte, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que forma parte de Transparencia Internacional, ha señalado que la sentencia evidencia «la importancia de apoyar a los trabajadores de la justicia para que actúen con independencia y con los recursos necesarios».

Asimismo, ha mostrado su disposición a continuar vigilando el proceso de investigación y judicialización, exigiendo que el resto de los autores intelectuales sean llevados ante la justicia.