Cáritas y otras ONG piden que se reforme el Reglamento de Extranjería

Accem, Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Cepaim y Red Acoge han pedido este viernes al Gobierno que en la proyectada reforma de la Ley de Extranjería y en su reglamento «se dé respuesta a la creciente situación de desprotección de miles de personas extranjeras que viven en nuestro país y que se ha visto agudizada a causa de la COVID-19». Lo han hecho después de que representantes de estas entidades hayan mantenido una reunión con el director general de Migraciones, Santiago Yerga, que depende de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Además, recuerdan que tanto la Ley de Extranjería como su reglamento establecen un sistema progresivo de acceso a los derechos y libertades, que reconoce, por ejemplo, el derecho a la libre circulación, la salud, la educación y la protección social. Sin embargo, denuncian, más de medio millón de personas no puede ejercer estos derechos «por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como no tener más de tres años de residencia en España o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración a jornada completa».

En este sentido, señalan que estos criterios, que están recogidos en el citado reglamento, «no responden a la realidad social, laboral y económica que tenemos» y deja «en situación de exclusión a un alto porcentaje de población migrantes, truncando sus procesos de integración e incorporación a la sociedad española».

Durante el encuentro han subrayado la urgencia de simplificar y flexibilizar determinados supuestos para dar respuesta a la desprotección de tantas personas, sobre todo, en un momento de crisis económica derivada de la pandemia.

De este modo, se tendría que adecuar la norma a los estándares de derechos humanos, facilitar que las personas extranjeras puedan llegar a España desde su país de origen con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias, garantizar que las personas que están en territorio español obtengan autorizaciones de residencia y trabajo y asegurar que las que ya cuentan con autorizaciones no las pierdan, esto es, dar respuesta al problema de la irregularidad sobrevenida.

«Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a esa sociedad, como es el caso de la población migrante», concluyen en su comunicado.