No se alquila a migrantes

Camila Ballén, natural de Colombia, llegó a España hace poco más de dos años. A principios de 2019, en apenas 20 días, tuvo que abandonar el país junto a sus dos hijos por amenazas de la guerrilla. No le perdonaron sus conferencias en zonas rurales sobre restitución de tierras y reparación de víctimas. Vendió su empresa y todo lo que pudo, abandonó su vida acomodada y se vino a España. Aquí, desde que llegó, ha vivido una odisea para encontrar una vivienda para su familia. Primero en Barcelona y luego en Zaragoza, donde reside en estos momentos. Unas veces porque no cumplía los excesivos requisitos, otras porque su situación económica se volvió muy precaria. Tuvo que pasar el mal trago de dejar a su hija pequeña con una familia y vivir en dos albergues con el mayor. Hasta que se cruzaron las hijas de la Caridad en el comedor social al que iban a desayunar y comer cada día. Llevan desde noviembre en el Proyecto Puente de esta congregación, a través del que han conseguido una vivienda y reciben un acompañamiento integral con pautas educativas, ayuda al cuidado de los hijos, idioma, inserción laboral… Ella colabora abonando una renta de 210 euros —llegó a pagar 300 solo por una habitación— ya que está cobrando un ERTE, del que sale pronto para volver a trabajar. Además, también la ayudan con el ahorro para tener un buen colchón económico para el momento en el que pueda salir del programa.

«Intenté muchas veces que me alquilaran, pero me pedían tres nóminas, pagar 2.000 euros de entrada… Hablé con agencias y particulares. Todos me negaron el alquiler aun teniendo el dinero en la mano», explica en conversación con Alfa y Omega, al tiempo que confiesa que vive su mejor momento desde que llegó a nuestro país.

Su caso, lejos de ser la excepción, es la realidad que viven muchos migrantes en España. De hecho, según el informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler de Provivienda, una asociación sin ánimo de lucro, el 72,5 % de las inmobiliarias discrimina de forma directa a los migrantes a la hora de alquilar, un porcentaje que sube hasta el 81,8 % si añadimos la discriminación relativa, es decir, los requisitos que se piden y que, en ocasiones, se establecen para que un determinado colectivo no pueda entrar.

El estudio, financiado por la Secretaría de Estado de Migraciones, explica que la barrera idiomática, los rasgos raciales o la presunción de precariedad económica son cuestiones que los inquilinos tienen en cuenta a la hora de decidir si arrendan o no un piso o una habitación. A ello se unen la documentación o las garantías excesivas, las excusas o engaños sobre la disponibilidad, o las cláusulas abusivas.

La única salida para muchas familias es subarrendar, vivir en infraviviendas o acudir a redes de apoyo, a servicios sociales o entidades del tercer sector.

Rechazo manifiesto

Los datos los refrenda Patricia de la Vega, hija de la Caridad en Zaragoza y colaboradora de este semanario, con la experiencia a pie de calle. Estas religiosas tienen 21 viviendas —una de ellas es la que habita Camila Ballén junto con sus dos hijos y su hermano— destinadas, precisamente, a ofrecer una vivienda a personas que no pueden acceder a ella, un soporte que, además, ejerce de trampolín para estas personas. Los perfiles mayoritarios son el de hombre joven, de entre 30 o 40 años y de origen subsahariano o magrebí, y madres solas con hijos. «Hay un rechazo muy manifiesto y extensivo a todos ellos por su situación de migrantes», explica la religiosa.

En su opinión, las dificultades para las familias están en los requisitos, mientras que en el caso de los hombres «es un tema racial». «Me ha llamado mucho la atención, porque es un racismo que no esperaba. Y existe. Aunque se les asegure el pago y estén trabajando, no quieren alquilar. Quieren europeos o extranjeros que llegan de otra manera», añade.

Otra situación que han constatado en los últimos tiempos tiene como protagonistas a personas solicitantes de protección internacional. Este perfil también tiene dificultades para alquilar —a pesar de tener la documentación en regla y ayudas estatales— por no disponer de un contrato de trabajo. Eso sí, según denuncia De la Vega, hay algunos que se están aprovechando de esta situación y de que la Administración ofrece a estas personas una cuantía para pagar la vivienda para inflar los precios. Y llegan a pagarse hasta 350 euros por una habitación en un barrio obrero y con condiciones muy justas de habitabilidad.

También está afectando mucho a este colectivo el importante volumen de denegaciones de protección internacional, lo que, en la práctica, supone perder el trabajo, la vivienda y la documentación en tan solo 15 días. De hecho, en Zaragoza, las hijas de la Caridad han bloqueado algunas de las viviendas con las que cuentan para estas personas. «De la noche a la mañana se quedan sin nada. Y es una situación que va a aumentar. El volumen es muchísimo mayor del que podemos asumir. Si no conseguimos más personas sensibilizadas con esta realidad, que puedan acoger, no vamos a poder atender a estos migrantes y se quedarán en situación de calle van a aumentar», concluye la religiosa Patricia de la Vega.