La presencia de venezolanos en Colombia «es una situación a largo plazo»

«No recuerdo en ninguna parte del mundo un esfuerzo de regularización de casi dos millones de personas» como el que ha puesto en marcha el Gobierno de Colombia con la creación de un Estatuto Temporal de Protección para los migrantes venezolanos. Lo aplaude Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Bolívar participó en el proceso de consulta previo a su elaboración, y asegura que la puesta en marcha de esta medida lleva en marcha «como mínimo desde octubre». Es decir, no responde ni al cambio presidencial en Estados Unidos ni a la necesidad de garantizar que los inmigrantes tengan acceso a la vacuna frente a la COVID-19. «Un hito importante fue que en junio del año pasado, por primera vez Iván Duque dijo que la situación de los migrantes y refugiados venezolanos era a largo plazo». Hasta entonces, «no se quería ver que muchos ya están haciendo su vida aquí» y están teniendo hijos a los que, de forma excepcional, se inscribe como colombianos.

Más barato que la alternativa

Pese a todo su desarrollo no ha estado exento de dificultades, debidas en primer lugar a las posiciones encontradas y a las resistencias dentro del mismo Ejecutivo, que inmediatamente después del anuncio se manifestaron en declaraciones públicas contradictorias acerca del alcance de la medida. Sobre la carga que supone para un país como Colombia, con sus propios problemas de pobreza y desigualdad, la investigadora de la UCAB matiza que los niños ya estaban escolarizados y los inmigrantes irregulares recibían atención sanitaria de emergencia. Y defiende que «regularizándolos para que tengan acceso al empelo y puedan cotizar y pagar impuestos el costo será menor» aunque las prestaciones a las que tengan derecho se amplíen.

Además, cree que la presencia durante el anuncio de representantes de ACNUR, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de Estados Unidos y de la Unión Europea significa que «la propuesta tiene respaldo internacional».

Algunas incertidumbres

Dadas las resistencias en algunos estamentos, Bolívar asegura que desde el primer momento la sociedad se ha comprometido a trabajar para que «el espíritu de la norma no se vaya borrando» al aplicarla. Espera, por ejemplo, que además de dar papeles a casi un millón de indocumentados (los que estuvieran en el país antes del 31 de enero) se solucionen los problemas de otras 800.000 personas con permisos parciales. El Permiso Especial de Permanencia, por ejemplo, tiene restricciones como no poder abrir una cuenta bancaria o contratar servicios como teléfono o internet, imprescindibles para algunos trabajos y también en el contexto de la pandemia.

En el caso de los solicitantes de asilo, añade, «están en una situación muy precaria porque el salvoconducto que se les da no les permite trabajar». Para ello, se exige pasaporte y un visado cuyos trámites tienen un alto coste económico. «Es un sistema disuasorio». Queda además la incertidumbre sobre qué va a pasar con los venezolanos soliciten refugio en los puestos fronterizos cuando se abran o después de entrar ilegalmente por las trochas o pasos no habilitados.