El Vaticano pide vacunar primero «a algunos en todos los países» y no al revés

Una de las peticiones más repetidas por el Papa Francisco en los últimos meses es que la vacuna para la COVID-19 llegue a todos. Una de las últimas ocasiones fue su mensaje urbi et orbi de Navidad, en el que subrayó que, para «iluminar y llevar esperanza a todos», las vacunas «necesitan estar disponibles para todos… especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta».

Este martes, el Vaticano ha explicitado que este objetivo pasa por buscar acuerdos internacionales para gestionar las patentes de forma que se facilite el acceso y por la búsqueda de sinergias para la aprobación de los candidatos en las distintas agencias y para la posterior producción. A la hora de distribuir la vacuna, sugiere dar prioridad, además de al personal sanitario y a las personas más vulnerables, a las zonas con más densidad de población y donde, por falta de desarrollo, es más difícil guardar las medidas de seguridad sanitarias. Se pide por último un programa de distribución justo, cuya elaboración podría encomendarse a la OMS.

Son algunas de las conclusiones de la nota Vacuna para todos. 20 puntos para un mundo más justo y sano, elaborada de forma conjunta por la Comisión COVID-19 y la Pontificia Academia para la Vida. El documento subraya que «el momento final de la administración de la vacuna no es el único que debe tenerse en cuenta» para lograr el acceso universal. «Más bien, se debe considerar todo su ciclo vital, desde el comienzo». Todas las fases, desde la investigación hasta la propia vacunación, tienen «implicaciones éticas» que deben sopesarse a la hora de tomar decisiones.

Sobre las patentes

Un primer punto a tener en cuenta es la investigación, y la posterior patente de los resultados obtenidos. El Vaticano pide, en este sentido, «acuerdos internacionales para gestionar las patentes de forma que se facilite el acceso universal» y la estabilidad de precios. Al reflexionar sobre esta cuestión, los autores de la nota reconocen que la vacuna «no es un recurso natural ya existente como el aire o los océanos, ni un descubrimiento como el del genoma humano», sino un invento del ingenio humano.

Por tanto, es posible «someterlo a una consideración económica que permita la recuperación de los costes de investigación y los riesgos que las empresas han adquirido». Aunque debe considerarse al tiempo que otros fondos han venido de inversiones públicas o donaciones privadas.

Pero, por otro lado, «dada su función, es apropiado considerar la vacuna como un bien al que todos deberían tener acceso sin discriminación» de acuerdo con el principio del destino universal de los bienes. «En el campo de la medicina y la sanidad no es aceptable éticamente la explotación comercial como único propósito». Al contrario, la inversión en este ámbito «debería encontrar su significado más profundo en la solidaridad humana».

Buscar sinergias

Una constante en la nota es la llamada a buscar «sistemas que favorezcan la transparencia y la cooperación» más que la competencia o el «nacionalismo vacunal». Se designa, con este concepto, el «intento de varios estados de obtener la vacuna en plazos más rápidos como forma de conseguir prestigio y ventajas».

Se propone así la búsqueda de «sinergias positivas» entre estados, empresas farmacéuticas y otras organizaciones para que la producción «se pueda llevar a cabo simultáneamente en distintas partes del mundo». Esta misma cooperación debe fomentarse también entre las distintas entidades reguladoras competentes en cada ámbito geográfico, de forma que las vacunas puedan usarse en todos los países.

¿A quién primero?

Sobre las prioridades a la hora de administrar la inmunización, la nota reconoce el consenso sobre la necesidad de priorizar a los profesionales que trabajan para el interés general, especialmente profesionales sanitarios pero también educativos y de seguridad; y a los grupos de riesgo, como personas mayores o con patologías previas. Pero eso «no resuelve todos los problemas».

¿Cómo priorizar dentro de estos grupos?, se preguntan los autores. Para responder, proponen «una estratificación más atenta», vacunando antes por ejemplo las zonas con mayor densidad de población para «maximizar los beneficios». Por otro lado, «deben considerarse otros aspectos relevantes» más allá de la salud. Uno de ellos sería la mayor dificultad de practicar las medidas de seguridad, como la distancia social o el confinamiento, en determinadas áreas.

El papel de la OMS

Citando al director de la OMS, la nota subraya que debe preferirse «vacunar a algunas personas en todos los países, más que a todas en algunos países». Llama a evitar, por tanto, «que algunos países la reciban tarde debido a grandes compras previas por parte de los estados más ricos».

Es necesario, continúa, «desarrollar un programa de distribución» que fomente la colaboración «para afrontar los obstáculos logísticos y organizativos en áreas no fácilmente accesibles». Esto pone en evidencia una vez más la necesidad de «un organismo internacional con la tarea, la autoridad moral y la capacidad operativa» para esta coordinación. La OMS sigue siendo «un importante punto de referencia», pero debe ser «fortalecido y mejorado».

El dilema ético

Sobre la decisión de vacunarse o no, la Comisión COVID-19 y la Pontificia Academia para la Vida piden que se sopese «una decisión responsable», pues «la negativa a vacunarse puede constituir un riesgo para otros». Incluso si lo que se busca es «evitar beneficiarse de los resultados de un aborto voluntario» del cual se hayan derivado líneas celulares usadas para desarrollar la vacuna, se recuerda que no existe «una cooperación moralmente relevante» entre el uso de las vacunas y la práctica del aborto voluntario. Por ello, «todas las vacunas clínicamente recomendadas se pueden usar con la conciencia tranquila».

El documento invita asimismo a considerar que la opción por no vacunarse «podría aumentar gravemente el riesgo para la salud pública» y sobre todo para las personas que por sus circunstancias personales no pueden inmunizarse, como los inmunodeprimidos. Por otro lado, además del riesgo inherente para la salud, «enfermar lleva a un aumento de los ingresos con la consiguiente sobrecarga del sistema sanitario, incluso hasta un posible colapso». Algo que, de nuevo, perjudicará más a los más vulnerables. El documento concluye con unas líneas de actuación para la Comisión COVID-19 sobre cómo promover en los distintos ámbitos pertinentes estas orientaciones y movilizar a las instituciones civiles y eclesiales para contribuir a lograr la universalidad de la vacuna.