De Arguineguín a Barranco Seco: «Se ha ocultado el problema»

«El problema no ha terminado, se ha ocultado». Así responde Antonio Viera, capellán del CIE de Las Palmas, cuando este semanario le pregunta sobre el cierre del campamento del muelle de Arguineguín y el traslado de los migrantes a un campamento en la zona de Barranco Seco, muy cerca del CIE, en unos terrenos militares. Un recurso que hará las veces de Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), custodiado por la Policía y donde los migrantes no pueden permanecer más de 72 horas. Aunque ve el cierre del muelle como una buena noticia, considera que la situación se ha trasladado a Barranco Seco. De hecho, afirma que las condiciones son un poco mejores, pero que no se puede hablar «de acogida digna».

Según Viera, además de estar en un lugar alejado, de difícil acceso y oculto –en un barranco, como su propio nombre indica–, todo lo que rodea a este recinto es «totalmente opaco». «No tenemos ningún tipo de información», añade. De hecho, nadie, más allá de la Policía o de los abogados de oficio, ha podido acceder a este lugar: ni entidades sociales, ni organizaciones de la Iglesia ni siquiera representantes políticos.

El capellán del CIE pudo verlo desde la distancia la semana pasada. «Eran las 13:00 horas y había muy poco movimiento. Quizás por ser la hora del almuerzo. Se veían las tiendas, los baños químicos… También el efecto de las lluvias de unos días atrás y algún corrimiento de tierra. Aquello era un barrizal», reconoce. De las condiciones en las que viven los chicos no tiene más información, pero le inquieta que no tengan acceso a duchas. Eso sí, recuerda que Médicos del Mundo ya levantó la voz para denunciar que las condiciones sanitarias no eran las adecuadas.

Daniel Arencibia es abogado y colabora con el Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias. Él estuvo cuatro horas en la puerta del nuevo campamento. Le preocupa que se pueda estar cometiendo una ilegalidad al mantener retenidos en este lugar a los migrantes más allá de las 72 horas que fija la ley. «Que algunos llevan allí más de este tiempo lo demuestran las matemáticas. Hay constancia de las personas que llegan cada día y en las últimas 72 horas han llegado menos de las que están en Barranco Seco», explica.

Según la Delegación del Gobierno, los chicos que se encuentran en esta situación están en situación de libertad, pero no quieren salir. A Arencibia le extraña que no quieran ir a tomar un café, darse un paseo o trasladarse a un recurso habitacional de una parroquia: «Me parece extraordinariamente raro e inverosímil». Por ello, durante las horas que pasó en la puerta, abordó a los abogados de oficio que entraban para pedirles que comprobasen si sus clientes eran libres y que, en el caso de que no lo fuesen y superasen el tiempo de estancia máxima, lo pusiesen en conocimiento de un juez. «De los diez letrados con los que hablé, la mayoría me evitaron. Dos me aseguraron que eran libres pero que estaban mejor dentro, y una me dijo que no me iba dar ninguna información», explica en conversación con Alfa y Omega.

Como en Arguineguín

Arencibia cree, como también sucedió en Arguineguín –allí, el propio juez de control del CIE constató «detenciones ilícitas»–, que se está «forzando la máquina para evitar un problema social», pero adevierte de que «pueden estar cometiendo un delito». «Creo que la situación en Barranco Seco es la misma», añade.

Sobre la situación material del campamento, el abogado señala que «debe de ser patética» cuando «no dejan entrar a nadie» y se une a las críticas sobre la opacidad: «Han puesto paredes, y cuando pones paredes la impunidad es mayor. Harán todo lo que necesiten para que ningún juez diga que ahí hay detenciones ilegales».

Desde Human Rights Wacht, su directora para Europa y Asia Central, Judith Sunderland, ve fundamental que se respeten todo los derechos legales de los migrantes, dentro de los que se incluye la estancia máxima en los centros custodiados por la Policía. Sunderland, que estuvo hace unas semanas en Canarias, comprobó cómo en el muelle de Arguineguín hubo casos de personas retenidas más allá de las citadas 72 horas. «Es muy importante que en estos nuevos recursos no se repita esta violación de derechos. El hecho de que se cambie de lugar no quiere decir que cambien las prácticas. Tendremos que vigilar», reconoce en entrevista con Alfa y Omega.

Desde su punto de vista, la respuesta a la situación migratoria en Canarias debería ir más allá de las soluciones de emergencia e incluir medidas a medio y largo plazo. En concreto, cita dos cuestiones «muy obvias»: la creación de recursos permanentes en las islas con condiciones dignas para una cierta cantidad de personas, pues «el número de plazas es muy bajo», y la puesta en marcha de traslados a la península. Sobre esta última cuestión, afirma que «ya ha habido algunos», pero añade que si estos fueran «de números importantes» ayudaría a aliviar la presión en las islas.

Considera que la situación en Canarias no se puede comparar con lo sucedido en Lesbos, aunque sí advirtió elementos del inicio de la crisis en la isla griega. «Lo que está claro es que una mala gestión por parte de las autoridades podría dar lugar a una situación fuera de control», reconoce. Con todo, recalca que la política de contención de los migrantes en lugares periféricos como Canarias, Lesbos u otras islas griegas no solo «no funciona», sino que pude provocar «sentimientos de hostilidad» en las poblaciones locales. «Muchas veces se habla de la xenofobia como algo inevitable en nuestras sociedades, pero hay que tener en cuenta que la mala gestión puede empujar a estos sentimientos», apostilla.