El Estado admite su responsabilidad en la muerte de Samba Martine

El Ministerio de la Presidencia ha resuelto de forma favorable la demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de Samba Martine a raíz de su fallecimiento el 19 de diciembre de 2011, según ha informado el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) a través de una nota.

De este modo, el Estado reconoce que Samba Martine, que estuvo 39 días privada de libertad, fue víctima del mal funcionamiento del CIE de Aluche en Madrid, del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y de la empresa SERMEDES, la responsable de la atención médica del CIE.

«Los errores imputables tanto a los dos ministerios como a la empresa concesionaria confluyeron en la producción del resultado lesivo, por lo que deberán hacerse cargo a partes iguales de la indemnización fijada a favor de la hija y de la madre de Samba, calculada con arreglo a los baremos previstos en la ley», explican desde el SJM.

La resolución establece que hubo «ausencia de coordinación, exigible, entre los dos órganos de la Administración» en la transmisión de los datos de la fallecida, pues su historial médico era una «información trascendental». Además, ostentan la posición de garante respecto a las personas privadas de libertad.

Por otra parte, se reconoce «mala praxis y desatención a Samba Martine por el servicio médico del CIE». Según recoge el texto del Ministerio de la Presidencia, «hubo una deficiente actuación en la prestación del servicio médico, ya que ninguno de los facultativos consideró conveniente realizar un análisis clínico a la interesada a pesar de las numerosas dolencias que padecía».

Finalmente se apunta que, aunque hubo concurrencia de responsabilidades, esto no puede eximir de la responsabilidad por el daño causado. «La responsabilidad de velar por su vida y su salud no puede quedar sin efecto por el hecho de que en la producción del daño hayan influido la actuación de dos centros distintos de la Administración, que comparten competencias, ni tampoco que la asistencia sanitaria estuviera contratada con una entidad privada», explica el SJM en la citada nota.

Sin protocolo

Con todo, el propio SJM y otras entidades sociales han manifestado su satisfacción por esta resolución, pero recuerda que nueve años después de la muerte de Martine «sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI».

«La muerte de Samba no fue un trágico accidente, sino consecuencia de una política migratoria que excluye, expulsa y convierte las fronteras en cementerios; de una política que deshumaniza a las personas migrantes y refugiadas y las priva de libertad. Contra esta política migratoria seguiremos luchando y por el cierre de los CIE», concluye.