El sí definitivo a la transparencia en el Vaticano

En 2012 el órgano de control del Consejo de Europa Moneyval reconoció los esfuerzos del Papa en la asimilación de los estándares internacionales para erradicar de las prácticas del Vaticano el lavado de capitales y las operaciones sospechosas. El próximo examen a la capacidad de las instituciones vaticanas para mantenerse en la senda de la transparencia financiera será el próximo 29 de septiembre. Pero el último informe de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el organismo creado por Benedicto XVI para vigilar los movimientos opacos en el entramado operativo del Estado más pequeño del mundo, deja entrever un buen resultado.

Para empezar, en 2019 las denuncias a los fiscales del Vaticano fueron solo 15. Se detectaron 64 operaciones sospechosas y el Comité de Seguridad Financiera (Cosifi) confirmó que existe un nivel de riesgo «medio-bajo» en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero. También hubo un incremento en las solicitudes de información a las autoridades de información financiera de otros países, que ascendieron a 313, comparadas con las 231 de 2018 o las 88 de 2017. La Santa Sede intercambia información fiscal de forma automática con 60 jurisdicciones extranjeras, lo que ha abatido los muros del silencio para identificar a los beneficiarios finales, así como el origen del dinero y sus movimientos a través del banco del Vaticano (IOR) y de Apsa, el otro organismo financiero del Vaticano, que se ocupa de la administración del patrimonio.

Según señaló el presidente del AIF, Carmelo Barbagallo, en mayo se puso en marcha la primera inspección general del IOR, cuya operación de limpieza dio al traste con más de 3.000 cuentas con dinero de dudosa reputación y se llevó por delante a más de 8.000 clientes, lo que le costó una reducción de sus beneficios de más de 83 millones de euros. Ahora solo pueden tener cuenta en el banco religiosos, ciudadanos y empleados vaticanos, embajadas y diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. En este sentido, el año pasado los movimientos declarados de dinero contante que entraron por las puertas del Vaticano se sitúan en unos 5,8 millones de euros, mientras que salieron unos 15,8 millones.

Nadie puede poner en duda la seriedad de las intenciones del Papa, pero el refuerzo de la agencia antiblanqueo de capitales, así como el robustecimiento de los controles apremian, sobre todo, a la vista de las últimas irregularidades que han salpicado de nuevo las finanzas del Vaticano. El pasado 29 de junio, Francisco tuvo que nombrar un comisario extraordinario para controlar los contratos de suministro y mantenimiento de la basílica de San Pedro y dar un portazo definitivo a las adjudicaciones «a dedo» y a las redes clientelares que han campado a sus anchas durante demasiado tiempo dentro de los muros del Vaticano. La magistratura del Estado pontificio confiscó documentos y ordenadores en la oficina técnica y administrativa de la Fábrica de San Pedro, el organismo que se encarga de la gestión y conservación del templo más importante de la cristiandad.

Y 20 días antes detuvieron al agente inmobiliario italiano Gianluigi Torzi, que según las indagaciones de los fiscales del Vaticano habría pilotado la compra opaca de un inmueble de lujo en Londres con fondos reservados de la Secretaría de Estado. El juicio comenzará en los próximos meses y Torzi continúa en la prisión preventiva del Vaticano.

Nuevas reglas para los contratos públicos

El último paso para sacarse de encima a los intermediarios corruptos que han protagonizado gran parte de los escándalos financieros del Vaticano es una nueva ley para hacer de la transparencia la marca de identidad de las contrataciones públicas.

La nueva regulación hace suyos los principios de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, e impide así la participación en los concursos públicos del Vaticano a empresas condenadas por fraude o corrupción, a aquellas que tengan sede en paraísos fiscales o evadan impuestos, y también a las que no respeten el medio ambiente. A partir de ahora habrá un registro único de empresas autorizadas a presentarse y otro registro único con los empleados del Vaticano habilitados para actuar como expertos o adjudicadores. En cada concurso de obras y suministros se excluirán los parientes hasta el cuarto grado de las empresas que compiten, así como los socios o afines hasta el segundo grado.

«Por primera vez se dan garantías a las empresas contratistas que podrían impugnar el acto ya que se deberán motivar las razones de la exclusión de una empresa». Además, «se harán públicos los factores o criterios de selección para la evaluación de las ofertas, de manera que quedará justificado el resultado», explica la abogada italiana Carla de Lelo, experta en derecho comercial y administrativo. Además, los procedimientos estarán digitalizados, lo que hará que «se reduzca la discrecionalidad, ya que el papel puede ser alterado o modificado, pero con la informatización del sistema no hay manera de manipular la información». «Desde el punto de vista técnico, el corpus legislativo que se ha implantado es muy completo. Se trata de poner fin al nepotismo, los conflictos de intereses y las corruptelas», agrega de Lelo.

Por último, con el nuevo sistema se unifican los métodos de aprovisionamiento y se centralizan las compras, lo que dará a luz ahorros notables en un momento en el que las arcas del Vaticano han dejado de ingresar su principal sustento con el cerrojo a los Museos Vaticanos durante tres meses.

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Reformas acometidas

Benedicto XVI

Diciembre de 2009: Firman la Convención Monetaria la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano, con la que se estandarizan las leyes económicas a la normativa europea antifraude y antiblanqueo de capitales.

Diciembre de 2010: Benedicto XVI crea la Autoridad de Información Financiera (AIF), la primera institución en la historia del Vaticano que se ocupa de la vigilancia de las actividades financieras de la Santa Sede.

Abril de 2011: Entran en vigor normas para la prevención y lucha contra las actividades ilegales en los terrenos financiero y monetario dentro del Vaticano, así como para la prevención y lucha contra el lavado de dinero procedente de actividades criminales.

Francisco

Mayo de 2013: La Autoridad de Información Financiera (AIF) publica su primer informe anual contra el blanqueo de capitales.

Abril de 2013: Crea una comisión de cinco miembros –entre los que se incluye una mujer laica– para investigar la situación jurídica y las actividades del Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el Banco Vaticano.

Octubre de 2013: El IOR publica por primera vez un informe anual.

Febrero de 2014: Crea la Secretaría de Economía, un organismo con poderes para gestionar y coordinar las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y del Estado de la ciudad del Vaticano. Se instituye la figura de un revisor.

Julio de 2014: El IOR hace balance del saneamiento de sus arcas. Tras imponer reglas para los titulares de cuentas bancarias (que se reducen a religiosos, ciudadanos y empleados vaticanos, embajadas y diplomáticos acreditados) se cierran más de 3.000 cuentas y otras 2.000 son congeladas. Sus beneficios pasan de 83,7 millones a 2,9 millones.

Marzo de 2015: Fin del secreto bancario en el Vaticano.

Junio de 2020: Nueva ley para las contrataciones públicas.

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Los hombres del Papa para la transición

Giuseppe Pignatone (1949)

Presidente del Tribunal del Vaticano. Veterano fiscal italiano curtido en los siniestros vericuetos usados por la mafia siciliana para chupar la sangre del tejido social y económico italiano. En 2006 arrestó al boss Bernardo Provenzano. Con su llegada a la Fiscalía de Roma destapó una red mafiosa autóctona.

Carmelo Barbagallo (1956)

Presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF). Desde 2014 y hasta 2019 fue el asesor financiero del Banco de Italia. Se ocupó de detectar préstamos bancarios anómalos. Participó en la redacción de la ley bancaria que regula el actual funcionamiento de los institutos financieros de Italia.

Juan Antonio Guerrero (1959)

Ministro de Economía del Vaticano. Jesuita español. Llevaba casi tres años de misionero en Mozambique cuando lo llamaron para ocupar uno de los cargos de la Curia con más poder en la escala de mando. Tiene amplia experiencia en la gestión de grandes departamentos y habla fluidamente italiano, inglés, francés, portugués y español.

Fabio Gasperini (1961)

Secretario de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). Es el primer laico en este puesto, donde llega con 25 años de experiencia en la consultora Ernst Young (EY). El Papa hizo una excepción en su nombramiento, ya que hasta ahora su cargo debía ser ocupado por un prelado. Es especialista en servicios financieros, gestión de patrimonios y mercados de capitales.

Mario Giordana (1942)

Comisario extraordinario de la Fábrica de San Pedro. Doctor en Derecho Canónico, fue nuncio en Haití y Eslovaquia. Después de aceptar su renuncia por edad en 2017, el Papa le encargó al año siguiente investigar la administración económica del coro de la capilla Sixtina.