Brasil permitirá explotar las tierras indígenas y la Iglesia denuncia su perspectiva «etnocida»

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, presentó el miércoles un proyecto de ley que permitirá abrir las tierras indígenas a la agricultura y la minería, entre otras actividades, según ha informado el portal de noticias G1.

«Será posible la minería, generar energía, transmitir energía, explotar el petróleo y el gas y cultivar las tierras indígenas», anunció el jefe de Gabinete de la Presidencia brasileña, Onyx Lorenzoni, en un acto sobre los 400 primeros días de Gobierno. La medida tiene que ser aprobada primero por la Cámara de Diputados y el Senado para entrar en vigor.

Llegó incluso a comparar este proyecto con la Ley Áurea —la legislación de 1888 y que acabó con la esclavitud en Brasil— dado que, en su opinión, supondrá la «liberación» de los indígenas. Lorenzoni destacó que muchas de esas actividades ya ocurren de manera ilegal y que a los indígenas solo les queda lamentarse o entrar en conflictos que solo llevan a la violencia y la muerte.

Según informaciones preliminares obtenidas por el citado medio, el proyecto de ley prevé «criterios mínimos» para consultar a las comunidades indígenas implicadas y el pago de indemnizaciones para las que se vean afectadas por actividades como la minería o la generación de energía hidroeléctrica. Pero la decisión de permitir o no un proyecto minero o energético dependerá del Congreso, y las comunidades originarias no tendrán derecho de veto una vez tengan el visto bueno del Parlamento, matiza la revista Mondo e missione.

A modo de compensación, también los indígenas podrán explotar económicamente su propio territorio mediante actividades agrícolas, ganaderas, mineras y de turismo, hasta ahora prohibidas en las reservas.

Uso de la religión para vaciar los territorios

La Iglesia ha recibido la noticia con preocupación. Ya el 31 de enero el Consejo Indigenista Misionero de la Conferencia Episcopal de Brasil (CIMI) repudió vehementemente» una serie de iniciativas de este tipo puestas en marcha por el Gobierno de Bolsonaro, y que afectan también a los indígenas de las 114 etnias que viven aisladas o con las que solo se ha entrado en contacto recientemente.

El jueves se confirmó, por ejemplo, el ya temido nombramiento del pastor evangélico Ricardo Lopes Dias como responsable de la Coordinación de Indios Aislados y de Reciente Contacto de la Fundación Nacional del Indio, dependiente del Ejecutivo. Todas estas decisiones, según el CIMI, son «señales evidentes de abandono de la perspectiva técnico-científica, del respeto al derecho a una existencia libre de estos pueblos, con sus propios usos, costumbres, creencias y tradiciones, en sus territorios debidamente reconocidos y protegidos».

Esta visión se está sustituyendo —denuncia la entidad católica— por «una orientación neocolonialista y etnocida, de atracción y contacto forzado, con uso del fundamentalismo religioso como instrumento para liberar los territorios de estos pueblos para la exploración por grandes terratenientes y mineros».

Anticipando las protestas sociales, Bolsonaro y su entorno han reforzado sus ataques contra los indígenas y quienes los defienden. Hace unos días, el presidente se refirió en su cuenta de Facebook a los indígenas afirmando que «cada vez son más como un ser humano». También ha criticado que, representando menos de un 1 % de la población, los indígenas ocupen el 13 % del territorio brasileño. Al presentar la nueva ley, dijo de los ambientalistas que «si un día puedo, los confino a todos en la Amazonía, ya que tanto les gusta el medio ambiente, y dejó a los amazónicos aquí dentro de las áreas urbanas».

Europa Press / Redacción