El Servicio Jesuita a Migrantes interpone una queja al Defensor del Pueblo tras el suicidio de un interno del CIE de Valencia

«No entendemos como una persona bajo custodia de la Policía Nacional, y en una celda vigilada, puede acabar con su vida. Resulta incomprensible», denuncia Mustapha M-Lamin Ahmed. Se refiere al interno del CIE Zapadores de Valencia que, tras una pelea con otros usuarios, fue confinado en su habitación, donde se asfixió con su propia camiseta el 15 de julio. Una tragedia que ha empujado al Servicio Jesuita a Migrantes de Valencia a tomar cartas en el asunto.

Lo ha hecho a través de una queja ante el Defensor del Pueblo solicitando la inmediata investigación del caso y «depurar las responsabilidades que deriven de ello». También pide que se reconsidere la necesidad de internar a personas «simplemente por haber entrado de manera irregular en España».

«El CIE no es una prisión. Por tanto, no puede tener una celda de aislamiento. Nos parece una exageración», protesta Mustapha M-Lamin Ahmed, quien, aparte de sobredimensionada, considera ineficaz esta medida. «Según la versión del delegado del Gobierno, se le aisló para protegerlo después de una supuesta agresión, pero ya hemos visto cómo ha acabado».

Este trabajador del SJM se pregunta, «si el CIE está funcionando como una cárcel, que es lo que vemos, ¿por qué no hay funcionarios de prisiones dentro? Hay policías que intentan hacerlo de la mejor manera posible, pero no están formados en ese ámbito». No tiene malas palabras para ellos, pues también los considera «víctimas» de la desatención del Estado a los CIE, pero sí señala que la extralimitación de funciones que se les exige a los seis policías que vigilan a los 90 internos del complejo repercute negativamente en el bienestar de unos y otros.

Desatención a la salud mental

El SJM de Valencia también es crítico con la atención que se presta a la salud de los internos. Pone como ejemplo el caso del marroquí de 26 años recientemente fallecido en Zapadores. «No se hizo una valoración del estado en que llegó y seguramente venía arrastrando alguna secuela psicológica. Me cuesta creer que una persona se quite la vida solo por haber participado en una pelea», opina Mustapha M-Lamin Ahmed.

Para este profesional, a menudo el régimen de internamiento agrava el estado de salud de los internos. «Nosotros visitamos semanalmente a los internos y todos nos dicen que, si hubieran sabido cómo es esto, no habrían venido. Es un reto psicológico para ellos y pone al límite su capacidad de aguante», reconoce. Y añade: «La atención psicológica es algo que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo».

La falta de especialistas en salud mental del CIE de Valencia provoca que sean las entidades benéficas las que acaben asumiendo estos cuidados. Especialmente Cruz Roja, quien tiene un convenio con el Estado y garantiza la asistencia social. Aparte de los dos trabajadores sociales y tres mediadores que aporta para asistir a los 90 internos de este complejo, psicólogos de la organización visitan el centro en ocasiones puntuales. También la ONG Psicólogos Sin Fronteras aporta su granito de arena.

Una nueva familia

Actualmente, la estancia máxima de permanencia en el CIE es de 60 días, «pero hay algunos internos que, cuando se enteran de que se quedarán tanto tiempo, presentan instancia para que los devuelvan a su país de origen ya. En cualquier caso, la media del mes no se la quita nadie», explica Mustapha M-Lamin Ahmed. Durante este periodo, «algunos internos no tienen familiares que los visiten y las ONG se convierten en su familia», aunque a veces no pueden dedicarles el tiempo que merecen.

Tal y como denuncia CIES No, «debido a la llegada de las vacaciones de verano, la dirección del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores ha restringido el horario de atención a las ONG dedicadas a la asistencia, protección y defensa de la población migrante». Durante el periodo vacacional, el horario de asistencia queda reducido a las tardes de martes y viernes de 16:00 horas a 20:00 horas. Todo ello previa cita telefónica.

Al haber una única sala de visitas que abogados y ONG deben compartir, este tiempo se limita aún más. «Si estamos visitando a alguien y llega un abogado, nos piden que interrumpamos la vista y dejemos libre la sala para que haya una asesoría legal, que es más urgente», protesta el técnico del SJM de Valencia. Además, para ser visitados, son los internos quienes deben ponerse en contacto con las ONG a través de su móvil y no al revés. Esto, añadido a la falta de información de los internos sobre sus derechos, provoca que muchos no reciban su primera visita hasta haber pasado tres semanas en internamiento.

«Esta drástica reducción del tiempo de atención dificulta gravemente el proceso de intervención social que las entidades están realizando con los internos», denuncia CIES No. La dirección del CIE de Zapadores también prohíbe que, dada la ausencia de intérpretes en el complejo, un segundo interno sirva como traductor a otro para comunicarse con los profesionales de las entidades benéficas. Una práctica recurrente durante el curso que ha quedado vetada durante el verano.

La reacción de la ciudadanía

El suicidio evitable del interno del CIE de Valencia ha movilizado a sus vecinos. «Hubo una manifestación muy importante y un eco importante en prensa. Cuando una persona está bajo custodio del Estado y pasa esto, es normal que nos indignemos como hemos hecho», comenta Mustapha M-Lamin Ahmed.

En una protesta frente a las puertas del CIE, la ciudadanía valenciana ha recordado que, desde 2007, nueve personas han perdido la vida en uno de estos complejos. Y que este caso no es el primero que sucede en Valencia, pues en 2008 otro interno decidió acabar con su vida ante el horror que vivía.