Una juez ve indicios de tortura en el CIE de Madrid

Así lo defiende la magistrada tras visionar las cámaras de seguridad en un auto fechado el pasado 27 de mayo al que ha tenido acceso la agencia EFE.

La jueza considera que estas imágenes permiten comprobar el «trato degradante» hacia los inmigrantes internos, que fueron obligados a estar media hora bajo la lluvia en un día con bajas temperaturas por un cacheo en el patio con un «elevado número de efectivos policiales uniformados, con cascos y defensas» que generaban «un evidente clima intimidatorio sin que se hayan apreciado causas para justificar dicha medida».

Y señala por ello «indicios de comisión de delitos por agentes de Policía que, olvidando el deber legal que les incumbe el respeto a la vida integridad física y salud de los internos [Š], han podido someterles a este tipo de trato degradante poniendo en peligro su salud y violando su honor y dignidad».

Estos agentes «han podido incurrir en un delito de tortura al extralimitarse en sus funciones», señala el auto, que recuerda además que los CIE son «establecimientos públicos de carácter no penitenciario» y las únicas limitaciones a los residentes son las referidas a su situación de internamiento, que impide su «libertad ambulatoria».

Este juzgado remite su auto al Juzgado Decano de Madrid, para que a su vez traslade el caso al juzgado de instrucción que corresponda con el fin de investigar los hechos.

En un comunicado, varias organizaciones, incluida la Plataforma CIEs NO Madrid, SOS Racismo o la parroquia San Carlos Borromeo, han subrayado que estos hechos demuestran que la gestión del CIE prioriza «las medidas de seguridad sobre el respeto a los derechos de los internos» lo que produce «violaciones del respeto a la dignidad y demás derechos fundamentales».

Por ello, han denunciado «el fracaso absoluto de estos lugares de desprotección y sufrimiento» y exigido que se cierren y sean sustituidos por «alternativas a la privación de libertad».

Además, han pedido que se investigue «hasta el final» el cacheo del 18 de abril, que se identifiquen «las personas responsables de los malos tratos» y la «dimisión o cese del director del CIE de Aluche como último responsable».