«Me sentí humillado en el centro de menores porque pensé que era una cárcel»

Nur apenas era un adolescente cuando abandonó su Siria natal al ser testigo de cómo las milicias reclutaban a sus primos. Junto a su hermano menor, huyó a Sudán para encontrarse con su tío. Después, los tres atravesaron Libia, Argelia y Marruecos hasta llegar a Melilla. Allí, los hermanos fueron separados de su tío y destinados al centro de menores La Purísima, cuyas instalaciones se encontraban en un estado lamentable. «Me sentí humillado en el centro de menores porque pensé que era una cárcel», comenta Nur.

Intentando proseguir su huida hacia Alemania, Nur y su hermano pidieron asilo sin tener demasiado claro las consecuencias de su decisión. Así, cuando recibieron la tarjeta roja que les acreditaba como solicitantes de protección internacional, descubrieron para su sorpresa que el documento les impedía salir de España. Finalmente, tras varias semanas en La Purísima, consiguieron un vuelo a Canarias del que se fugaron mientras hacía escala en Madrid, pues pensaron que así les sería más fácil viajar a Alemania para reunirse con su familia.

La de Nur es solo una más entre las 12.000 historias protagonizadas por menores solicitantes de asilo en España en 2018. Una complejísima madeja que la Universidad Pontifica Comillas ha querido desenredar este jueves en una jornada de Infancia Refugiada. En colaboración con la Fundación La Merced, las organizaciones implicadas en el evento han exigido una mirada atenta a la infancia migrante. «Cuando hablamos de protección internacional no hablamos de solidaridad sino de cumplir la ley», sentencia Francisco Ortiz, oficial de protección de ACNUR.

Para Ortiz, facilitar la integración en el país de acogida es un deber que compete a la sociedad española al completo, pues «el menor puede haber sufrido una serie de vulneraciones de derechos y no podrá volver a su país de origen hasta que cese la violencia que le desplazó de allí». Un enfoque que coincide con el de Patricia Fernández Vicens, abogada de la Fundación La Merced, quien considera que en la atención a menores migrantes hay «espacios de no derechos que hay que llenar con un motor de cambio».

Esa es la experiencia de Efraín, quien huyó con sus padres de la violencia de El Salvador hace solo cinco semanas, pero ha tenido tiempo de sobra para atravesar toda una montaña rusa de emociones. «Cuando llegué aquí me emocioné mucho al saber que este iba a ser mi nuevo hogar e iba a estar seguro», comenta. Sin embargo, las dificultades llegaron enseguida. «Conseguir cita para solicitar asilo fue todo un caos. Mis padres se enteraron de que las colas eran gigantescas y reservamos sitio varios días a las cuatro de la mañana, pero no conseguimos entrar. Entonces decidimos quedarnos a dormir y, tras explicar nuestra situación, nos derivaron al SAMUR, donde sucedió la misma historia», protesta.

«Fue frustrante porque nos sentíamos rechazados y llegamos a quedar en calle algunos días», reconoce. Finalmente, «gracias a Dios, pudimos llegar a la parroquia San Carlos Borromeo, donde nos dieron refugio por unos días y ahora estamos en un centro de acogida temporal de Cruz Roja», celebra.

Sin embargo, aunque Efraín reconoce no sentirse «tan asustado como antes», Patricia Fernández Vicens recalca la importancia de que los casos como el suyo reciban atención especial de las instituciones. «El niño que viaja con su familia va a ver sufrir a sus padres y reconstruir el puzzle de su vida después de eso va a ser muy difícil», alerta, a lo que añade que «uno no atraviesa la frontera sino que son ellas las que le atraviesan a uno».