90 aniversario de la II República: la colaboración leal con el nuevo régimen - Alfa y Omega

Tras la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, y la formación del Gobierno provisional, el nuncio en España, Federico Tedeschini, informó a la Santa Sede de una conversación telefónica con el nuevo ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, en la que este garantizaba la seguridad de la Iglesia católica y de sus ministros y pedía a la jerarquía eclesiástica lealtad con el nuevo régimen. En este mismo informe, Tedeschini solicitaba al entonces secretario de Estado, Eugenio Pacelli, instrucciones para los obispos españoles.

Las indicaciones que llegaron de Roma no dejaban lugar a dudas sobre la postura de la Iglesia ante el nuevo régimen. Obispos, sacerdotes, religiosos y fieles tenían que respetar y obedecer a los poderes constituidos para el mantenimiento del orden y el bien común. En esta tarea debían colaborar todos los católicos independientemente de su filiación política. Era el momento de la unión. En estas instrucciones, el secretario de Estado recordaba lo sucedido en Baviera, tras la caída de la monarquía en 1918 y la formación de la nueva República. Entonces, los católicos unidos consiguieron formar un bloque parlamentario fuerte que defendió los intereses religiosos de la nación. 

Los obispos hicieron suyas las indicaciones de Roma. La Iglesia en España estaba dispuesta a colaborar con el nuevo régimen en el mantenimiento de la paz y el orden público. Era cierto que entre los católicos había republicanos y monárquicos. Sin embargo, el acatamiento al poder constituido era un deber de conciencia que los católicos  no podían eludir. Tenían que colaborar con el bien común de forma sincera y leal.

En esta misma línea se situó el diario católico El Debate, dirigido por Ángel Herrera Oria. El 15 de abril publicó un editorial sobre la aceptación del nuevo régimen. Hizo suya la doctrina de León XIII sobre los poderes constituidos. La participación de los católicos con el nuevo Gobierno era una exigencia ineludible. El editorial deseaba que la nueva República representase «la unidad patria, la paz, el orden». El nuevo régimen tenía que afrontar graves problemas que afectaban a todos los ciudadanos. Por tanto, nadie podía estar excluido de esta tarea. El Debate esperaba que el Gobierno republicano uniera a todos los españoles «en un ideal común, en un deber supremo, que es España».

Pronto, los acontecimientos demostraron que estos deseos eran un ideal inalcanzable en aquella España. La Iglesia católica, desde el principio, se mantuvo al margen de las luchas políticas. La Santa Sede dio instrucciones claras para que todos acataran el poder constituido. Sin embargo, sin solución de continuidad y después de haber garantizado unas buenas relaciones entre la Iglesia y el nuevo régimen, el Gobierno republicano comenzó a limitar la libertad de los católicos. Se eliminó la Religión de la escuela, haciéndola obligatoriamente laica; fueron secularizados los cementerios; fue aprobada la ley del divorcio; la nueva Constitución eliminó toda ayuda económica a la religión católica; se expulsó a la Compañía de Jesús, y la ley de congregaciones limitó la actividad de las órdenes religiosas en la enseñanza y en los hospitales. 

Todo esto no fueron solo medidas que reivindicasen una España laica distinta a la que la prensa anticlerical consideraba la otra España, medieval y oscura, de tiempos pasados. El nuncio Tedeschini denunció en distintas ocasiones unas leyes arbitrarias que limitaban los derechos de la Iglesia y atentaban contra la conciencia de los católicos. Y a partir de febrero de 1936 se pasó de una legislación anticlerical a una persecución sistemática que se hizo especialmente cruel entre julio y noviembre de ese mismo año. Pío XI quiso entonces enviar un mensaje a todos los españoles. 

El Papa habló de la persecución y de la guerra española, a la que consideró un conflicto armado en la que «los hermanos han matado a los hermanos», y quiso impartir su bendición a creyentes y no creyentes, que estaban trabajando por devolver la dignidad y los derechos de la Iglesia y poner fin al conflicto. Extendió esta bendición a los que «con actos y métodos extremadamente odiosos y cruelmente persecutorios» habían visto en el Papa y en la Iglesia a un enemigo. A estos, Pío XI los llamó «hijos» y pidió a los católicos que los amasen «[…] con amor particular de compasión y de misericordia, amarlos y, no pudiendo hacer otra cosa, orar por ellos»; solo así «el arcoíris de la paz brillará en el hermoso cielo de España».