Los errores en las inmatriculaciones no superan el 2 %

Desde que el diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado consiguiese, a raíz de una pregunta parlamentaria, sacar del Gobierno de Pedro Sánchez que se iba a publicar una lista con los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 a 2015, no se ha dejado de hablar de la cuestión. Más aún, se han intensificado las presiones –mediáticas y políticas– en casos paradigmáticos y recurrentes como el de la mezquita catedral de Córdoba o la catedral del Salvador de Zaragoza. Como con la educación concertada o la clase de Religión, los grupos políticos de izquierda denuncian supuestos privilegios a la Iglesia, aunque expertos, responsables diocesanos y la propia Conferencia Episcopal rechazan esta interpretación.

Para entender la enésima polémica sobre las inmatriculaciones hay que remontarse a 1861, cuando se pone en marcha el Registro de la Propiedad. Dos años después, para añadir el mayor número de bienes posibles, el Gobierno aprueba un real decreto que permitía tanto a la Iglesia como al propio Estado inscribir (inmatricular) patrimonio histórico sobre los que no se tenía ningún título pero que había sido poseído pacíficamente a lo largo de los siglos. Con una salvedad: no se permitía inscribir los templos porque, según explica Luis Javier Arrieta, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y experto en derechos de propiedad, «era obvio que las catedrales y los templos de entonces pertenecían a la Iglesia». Esa legislación se completaría con la aprobación de la Ley Hipotecaria de 1946. Y esa es la razón por la que, en 1998, el Gobierno de José María Aznar abre la puerta a que la Iglesia –a través del artículo 206 de la Ley Hipotecaria– pueda inscribir todos esos inmuebles que antes no podía vía certificado de dominio que expedirá el obispo del lugar.

Hay grupos políticos e incluso expertos –como los que firmaron el informe contra la propiedad de la Iglesia de la catedral (y antigua mezquita) de Córdoba presentado el pasado sábado– que consideran que ese artículo ya derogado era inconstitucional, pues suponía un privilegio para la Iglesia católica. Arrieta afirma, por contra, que era constitucional porque no se vulneraba el principio de igualdad entre las confesiones religiosas ni tampoco el principio de aconfesionalidad del Estado. En su opinión, es una «norma especial que encuentra su explicación en la historia» y que afecta a bienes muy antiguos, de cuando todavía no existía el Registro de la Propiedad, y cuya posesión queda atestiguada por siglos. Y, por tanto, no se puede analizar con la lógica de este año o de los últimos 15. Con esta argumentación, continúa, tiene sentido que la norma de 1998 tuviese una duración finita y, por tanto, fuese derogada en 2015 por el Gobierno de Rajoy.

Entonces, si esta norma está pensada para que la Iglesia pudiese inmatricular aquellos templos sobre los que pesaba una prohibición, ¿por qué la aprovecha para hacer lo propio con otros bienes inmuebles? Esta pregunta encuentra respuesta de nuevo en Luis Javier Arrieta: «Hasta hace no mucho, la sensación es que existía una cierta falta de profesionalidad en la Iglesia sobre estas cuestiones. Y cuando se ha tenido, entonces han aprovechado para inmatricular lo que no había podido y lo que, pudiendo, no habían hecho». Así, señala que no se habían realizado muchas inmatriculaciones antes de 1998, cuando la Iglesia se da cuenta de que tiene una herramienta legal para inscribir aquello que es suyo.

No existe una cifra oficial de inmatriculaciones desde la norma del Gobierno de Aznar, aunque Arrieta las calcula por miles entre catedrales, iglesias, ermitas, huertas… También reconoce que ha habido errores, aunque se atreve a aventurar que estos no superan el 2 %, que, además, tienen que ver con «una finca, un campo o una huerta que está en mitad de ninguna parte y que, encima, no vale nada». «Puede haber algún error, pero la parte no vicia la norma general», apostilla.

Subsanaciones

En Zaragoza hubo un caso de estas características: la iglesia de san Juan de los Panetes. Cuando el Arzobispado de Zaragoza se puso manos a la obra para regularizar su patrimonio, esa iglesia aparecía en los inventarios y se inmatriculó. Era evidente, pues el uso y mantenimiento del templo lo había realizado la Iglesia durante siglos, pero la investigación histórica del propio Arzobispado puso de manifiesto que el propietario era el Estado y se procedió a subsanarlo. La iniciativa fue de la propia archidiócesis, a pesar de que el Movimiento hacia un Estado Laico, una organización aragonesa, afirme que surgió de una denuncia suya y recuerde que todavía consta a nombre de la Iglesia en los registros. «Es falso lo que dicen y han aprovechado que está en periodo de trámite –por eso no se ha cambiado todavía la propiedad– para recurrir al Defensor del Pueblo y ofrecerle información sesgada», explica José Antonio Calvo, portavoz del Arzobispado de Zaragoza.

Y continúa: «No hay que olvidar que, cuando se trata de edificios antiguos, se pueden cometer errores e incorrecciones que deriven en litigios, pero creemos que no son tantos como nos quieren hacer creer».

No entiende que se insista en polémicas en torno a la mezquita-catedral de Córdoba, La Magdalena o la catedral del Salvador en Zaragoza. «Creo que confunden los conceptos de Bien de Dominio Público y Bien de Interés Cultural (BIC), que es lo que son estos edificios. Porque son BIC gozan de una peculiar protección por parte del Estado y la Constitución le obliga a contribuir a su mantenimiento porque redunda en el bien de los españoles. Además, la Iglesia no obtiene lucro de ellos. En Zaragoza, la basílica del Pilar se mantiene sola, pero la catedral del Salvador, que tiene muchas menos visitas, necesita fondos para su mantenimiento. Este año se ha restaurado la fachada con un coste de 200.000 euros que ha corrido íntegramente a cargo del Cabildo», explica.

Calvo concluye diciendo que se está utilizando el tema de las inmatriculaciones de forma «muy demagógica», llegando a utilizar el engaño con la intención de obtener réditos políticos: «No somos enemigos de nadie, pero nos convierten en el enemigo número uno y arman una campaña ideológica sin que nosotros podamos defendernos al mismo nivel».

Falsedades

Lo que parece claro es que los mensajes que desde determinados grupos están lanzando a la sociedad poco tienen que ver con la realidad, pero aun así calan. Sucedió con un bien en litigio en Palencia, en el término municipal de Ribas de Campos, donde se encuentra el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, y que el obispado inmatriculó cuando los propietarios de la finca que lo albergaba –una sociedad ganadera asturiana- también lo habían hecho. El caso se resolvió a favor de la Iglesia y aunque llegó a Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entró a valorar el caso, aunque sí conminó al Estado español a indemnizar a los propietarios de la finca por los daños causados al haber permitido inmatricular el monasterio dos veces. Sin embargo, la prensa se llenó de noticias que apuntaban que el Tribunal Europeo condenaba a nuestro país por trato de favor a la Iglesia.

En realidad, gracias a que la Iglesia peleó la propiedad legítima de este edificio, hoy es un centro cultural del municipio abierto a todos los vecinos cuando, de otro modo, hubiese quedado en manos privadas.

La última polémica sobre las inmatriculaciones tiene como protagonista a la catedral-mezquita de Córdoba, pues el Ayuntamiento de la ciudad andaluza hizo público recientemente un informe en el que se aseguraba que el templo nunca fue de la Iglesia. Una afirmación a la que numerosos expertos e historiadores han otorgado toda serie de calificativos nada elogiosos. Además, cabe destacar que los integrantes de la comisión a la que se le ha encargado el estudios son personalidades ligadas al PSOE, que gobierna en la ciudad gracias a Ganemos Córdoba, una de las marcas blancas locales de Podemos.

El Cabildo de la catedral de Córdoba acusó al Ayuntamiento de dividir a la población y atacar a los católicos con el informe, pues considera de sobra reconocida la propiedad del templo desde 1236 cuando se recupera la ciudad. Luis Javier Arrieta critica que los redactores del informe mezclen un documento del siglo XIII y lo comparen con uno del siglo XX y asegura que está perfectamente demostrada la posesión pacífica del inmueble durante siglos. «La inmatriculación supuso evidenciar y publicar lo que muchos ya intuían: que el Obispado es dueño de la catedral», concluye.