Fútbol de sangre

«Uno siempre piensa que un Mundial de fútbol es un gran encuentro donde se diluyen diferencias políticas, económicas, culturales y religiosas. Pero en el Mundial de Catar 2022 nos hemos encontrado con una propuesta que ya comenzó viciada por la asignación corrupta y que, desde 2010, esconde una trama de esclavitud moderna con los trabajadores que construyen los estadios e instalaciones deportivas para el evento». Lo explica en conversación con Alfa y Omega Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia Internacional e interlocutor del Papa Francisco en materia de derechos humanos ante el mundial catarí. «Presentamos al Santo Padre el informe Detrás de la pasión, que hemos realizado sobre la situación de esclavitud laboral en el país árabe desde 2010, fecha en que comenzaron las obras de construcción de las instalaciones» y, después de leerlo, pidió que desde la institución Scholas Occurrentes escribiesen una carta al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, para pedir explicaciones y proponerles que los mundiales de fútbol «no solo estén ligados a la diversión, sino también al problema social». Carta que «todavía no ha recibido respuesta», apunta.

No hay información oficial, pero «se estima que alrededor de 2.000 migrantes, la mayoría de ellos nepalíes, han muerto durante la construcción del estadio Jalifa y el resto de instalaciones deportivas», afirma Whpei. El trabajo ininterrumpido durante las horas de más calor –«a media mañana alcanzan temperaturas de 50 grados que se convierten en mucho más si tenemos en cuenta que trabajan bajo techos de chapa, lo que eleva la sensación térmica»–, la falta de acceso al agua para hidratarse o trabajar a miles de metros elevándose exclusivamente con cuerdas, sin ningún tipo de seguridad, son algunos de los motivos que han provocado estas muertes.

Según datos ofrecidos por Amnistía Internacional, que sigue de cerca el caso catarí, hay 1,7 millones de inmigrantes –especialmente de Nepal, Bangladés e India– trabajando en la construcción de las instalaciones del Mundial de fútbol 2022. «Mi vida aquí es como estar en una cárcel. El gerente de la empresa me dijo: si quieres quedarte en Catar, cierra la boca y sigue trabajando», cuenta Deepak, obrero metalúrgico que trabaja en las obras del estadio Jalifa. Quejarse entonces no es una opción, porque los migrantes pagan a las agencias de contratación en sus países de origen entre 500 y 4.300 dólares para conseguir un trabajo en el país. «Muchos están endeudados, por lo que no pueden dejar su empleo», señala el informe capitaneado por Whpei. Sakib, jardinero bangladesí que pidió un crédito de 4.000 dólares para ir a Catar, dice a Amnistía Internacional que «Dios sabe que hay días en los que no puedo seguir adelante, todo se me hace demasiado… Lo único que me mantiene vivo es pensar en mis hijos».

Pequeños avances

Numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado esta situación, que lleva ya ocho años en boga, y esto ha propiciado algún pequeño avance por parte del emirato. Es el caso de su tradicional sistema de kafala, un tipo de patrocinio por el que el trabajador inmigrante queda atado al empleador, que tiene que darle permiso para cambiar de trabajo o salir del país. «En 2016 se reemplazó este sistema por otro en el que la relación laboral está reglamentada por un contrato de trabajo, pero tampoco fue un gran avance, porque los trabajadores solo pueden cambiar de empleador al término del contrato si es definido, y si es indefinido, cuando pasen cinco años de relación laboral», explica Whpei. Eso sí, si quieren salir del país no tienen que pedir permiso al jefe, sino al Gobierno. Pero las ONG han denunciado que esta nueva ley «además de impedir el cambio de trabajo, también puede retenerles el pasaporte con su consentimiento por escrito». Y nadie, obviamente, se opone a darlo.

Las condiciones de hacinamiento y falta de seguridad e higiene en los alojamientos; las mentiras de las agencias de contratación, que prometen salarios de 300 dólares que luego se convierten en 100 –«me da igual lo que te hayan dicho en Bangladés, cobrarás este sueldo y si sigues protestando les diré que cancelen tu visado y te manden de vuelta a casa», le dijo el gerente a Mushfiqur, jardinero de la Aspire Zone, la ciudad deportiva de Doha–; los retrasos de varios meses en el pago de salarios, que suponen no poder pagarse la comida ni enviar dinero a su familias; la no renovación del permiso de residencia por parte del empleador, lo que implica que los trabajadores puedan ser encarcelados o multados si se aventuran más allá de la zona de obras, o la retención de pasaportes por parte de las empresas, son algunos de los motivos que dejan patente «la esclavitud, avalada tanto por el país como por las empresas internacionales que no cumplen ni con el mínimo de seguridad para sus trabajadores», señala Whpei. Y recalca: «No tenemos ningún problema con Catar, pero sí con lo que allí sucede, y esperamos que pronto nos dejen visitar los lugares afectados, sería un signo de buena voluntad». Como broche final, reitera a la FIFA que «hasta la fecha no ha aprovechado el enorme poder de presión que tendría sobre Catar para lograr una reforma real y el respeto de las normas internacionales de derechos humanos y de los trabajadores».