A pocos días de las elecciones del 23 de julio, las encuestas reflejan que Sumar y Vox retroceden sobre sus expectativas y la suma de los dos grandes partidos, PP y PSOE, volverá a estar cerca del 70 % de los votos. Escenario bien distinto al de los comicios anteriores —los de 2019—, en los que ambos partidos no llegaron ni al 50 %; en concreto, tanto en los de abril como en los de noviembre, el PSOE se quedó en el entorno de un 28 % y el PP en un 16,69 % en las primeras y un 20,81 % en las segundas.
A raíz de las crisis financieras, las muchas expectativas puestas en la denominada «nueva política» generada con los colores morado, naranja o verde no se consolidan, y los electores parecen inclinarse nuevamente por un sistema de dos grandes organizaciones. Algunos optan por emplear la expresión bibloquismo en vez de bipartidismo, pero lo cierto es que las elecciones de mayo pusieron de manifiesto que la gente prefiere apostar por el llamado voto útil recostándose hacia los dos partidos —en este caso, el PP— que tienen más experiencia de gobierno. También el tradicional debate electoral cara a cara viene a restaurar las fórmulas mediáticas del bipartidismo; un modelo de debate que se había extinguido con la entrada en escena por aluvión de todos los que en algún momento pensaron que podían asentarse en la Moncloa. A todo lo anterior se añade que se presagia una elevada participación, a pesar de la fecha estival, circunstancia que igualmente beneficiaría a PP y PSOE.
Sin embargo, esta pronosticada vuelta al bipartidismo que algunos interpretan como el ansiado regreso a una estabilidad de gobierno no es, per se, garantía de equilibrio institucional. El sistema no está exento de quiebras y cada vez más tempranas, porque se sustenta sobre una ciudadanía en permanente inconformismo, menos vertebrada mediáticamente y con un poder mayor que nunca que se traduce en una deslealtad al sistema. Por eso, la principal prioridad del próximo Gobierno debería orientarse a fortalecer la confianza ciudadana y transmitir que el ejercicio de su acción está fundado en un mayor rigor, prudencia, reconocimiento y respeto a las estructuras e instituciones en las que se sustenta el Estado.