Gloria fue gestante por subrogación y ahora lucha contra esta práctica - Alfa y Omega

Gloria fue gestante por subrogación y ahora lucha contra esta práctica

«Piensan que tienen derecho sobre cada aspecto de tu vida», asegura en entrevista con Alfa y Omega

María Martínez López
Ruiz y los padres comitentes el día de la transferencia embrionaria
Ruiz y los padres comitentes el día de la transferencia embrionaria. Foto cedida por Gloria Ruiz.

Solo pasaron unos meses entre las dos veces que Gloria Ruiz fue gestante por subrogación; pero ambas experiencias se parecen como el día y la noche. Mujer de un militar afincado en California (Estados Unidos), lo hizo para ahorrar para su hijo con autismo. Los comitentes que encargaron el primer bebé «siempre me preguntaban qué necesitaba. Todavía tenemos contacto». Aun así, era reticente a repetir. «La agencia me presionó hasta que accedí». En la primera entrevista con la nueva pareja —un español y una estadounidense—, Ruiz puso como condición que las citas médicas fueran en su ciudad, por las necesidades de su hijo. «Dijeron que sí, pero no se firmó nada». Cuando le mandaron a una clínica de fertilidad lejana y quiso echarse atrás, la amenazaron con exigirle 5.000 euros que ya habían invertido.

Siguió adelante y enseguida empezaron los problemas. Una forma extrema de náuseas y vómitos le impidió comer y beber en todo el embarazo. Perdió mucho peso y no podía ni levantarse de la cama. En 26 semanas necesitó ir a urgencias 15 veces. «Apenas podía conducir», pero los comitentes le impusieron un hospital a una hora de distancia en vez del de su ciudad. Si iba a otro centro violaría el contrato, le dijo la agencia.

A las 28 semanas, el cuerpo de la mujer no aguantó más y se puso de parto. Los médicos lo detuvieron hasta la semana 33, cuando por una grave hemorragia decidieron que el bebé tenía que nacer ya. En ese momento crítico, los «compradores» —así los llama Gloria— no dieron señales de vida durante horas. Cuando recogieron al pequeño no le permitieron estar una hora con él, como estipulaba el contrato, porque «le podía contagiar algo». Solo le hicieron llegar un escueto «gracias» en un pósit. Seis semanas después seguía sangrando y con una fuerte anemia. Sin embargo, ya no tenía cobertura médica para esas complicaciones. Para ayudarla, le exigían que primero les enviara unos documentos que necesitaban. Humillada, se negó. Su médico tuvo que engañar al seguro para que recibiera tratamiento.

Ruiz tardó en recuperarse físicamente, aunque se ha quedado estéril. Mentalmente, mucho más. Pasó dos meses en una clínica psiquiátrica. «Me había quedado vacía, sentía mucha presión por haber entregado un bebé a unos monstruos», recuerda. Tampoco le han pagado. De hecho, «aún me deben dinero y ningún abogado me quiere ayudar» frente a un adversario con muchos recursos. Compartió su testimonio para alertar a otras mujeres y desde entonces recibe multitud de testimonios similares. «¿Cuántas han sufrido estos abusos y tienen miedo a hablar?». Las ha animado a asociarse, pero «es difícil; muchas solo quieren olvidar».

Esta mujer ha logrado compaginar su amistad con los primeros padres con su lucha contra la gestación subrogada. Pertenece a la ONG Declaración de Casablanca, que promueve su abolición internacional. La semana pasada escribió al Gobierno de Albania, que quiere legalizarla. Para ella no es incompatible con una buena experiencia porque cree que la terrible segunda vez no fue solo mala suerte: «Hay un problema de fondo. Estas personas piensan que tienen derecho sobre cada aspecto de la vida de la gestante. Es la definición de esclavitud». Además, incluso si se fortalece la protección de la mujer, «ninguna ley puede proteger al bebé».

Acto de la Santa Sede en la ONU

«La comunidad internacional debe sentirse llamada a reflexionar sobre la urgencia de establecer una prohibición absoluta de todas las formas de gestación subrogada» con un alcance universal, subrayó Gabriella Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en el encuentro Gestación subrogada, ¿a qué precio?, organizado el 18 de junio por la Santa Sede y la Fundación Caritas in Veritate durante la 56 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Por 60.000 euros, algunas agencias ofrecen «una garantía del 100 % de tener un bebé» cambiando las veces que se quiera de gestante y de donante de óvulos, denunció la feminista austriaca Eva Maria Bachinger. Esta «forma comercial de explotación de las mujeres» demuestra que «el capitalismo domina todas las áreas de la vida y los límites éticos son más necesarios que nunca». En el encuentro también intervinieron Eugenia Roccella, ministra italiana de Familia, y Olivia Maurel, nacida de esta forma y portavoz de la Declaración de Casablanca.