Empieza en Madrid el juicio contra 7 abortorios españoles

Un tercio de los empresarios españoles del aborto están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 11 de Madrid por haber incurrido en presuntos delitos fiscales, y en delitos contra la protección de datos y contra el medio ambiente por arrojar a los contenedores material biosanitario y restos humanos sin el debido tratamiento. Como ya ha ido informando Alfa y Omega, cuatro de los siete centros abortistas madrileños tendrán que responder ante los juzgados por esta denuncia.

Los empresarios dueños de la mayoría de los centros de abortos de Madrid, que poseen un tercio del total de los acreditados en el resto de España para la realización de abortos, empezarán a declarar ante los Juzgados de Instrucción de Madrid a partir del próximo 29 de abril.

El Bosque, Dator y Callao, los primeros

Los responsables de El Bosque serán los primeros en acudir a la cita con la justicia este miércoles 29 a las 11h en los juzgados de Plaza de Castilla, acusados de delito fiscal por una cuantía de hasta cinco millones de euros, y con peticiones de prisión que podrían ascender a 9 años. Los empresarios de Dator o Callao tendrán que responder de las mismas acusaciones, si bien estos últimos aparte de delito fiscal, también se encuentran encausados por delito continuado de estafa a la Seguridad Social, a quien presuntamente facturaban servicios por importe muy superior al prestado, y que podría ascender a más de dos millones de euros.

Al tiempo que se están llevando a cabo la instrucción de dicho proceso penal, estos mismos centros tienen causas abiertas por graves infracciones administrativas; en primer lugar ante la Agencia Española de Protección de Datos, por presuntamente deshacerse indebidamente de información sensible de las mujeres a las que han atendido, al igual que ante la Consejería de Sanidad por presuntamente poner en peligro la salud pública, al arrojar a la basura ordinaria todo tipo de residuos bio-sanitarios peligrosos con restos humanos, lo que les podría llevar en breve a la orden de cierre de actividad.

Centros de Madrid, Zaragoza, Pamplona y Gerona

La Asociación La Vida Importa (que también aportó pruebas en los casos Morín e Isadora), presentó una denuncia ante la Guardia Civil y la Fiscalía con pruebas que han llevado a los juzgados a iniciar la esta instrucción. La Asociación Española de Abogados Cristianos se ha personado en la causa como acusación particular, al tiempo que han incoado procesos administrativos ante la agencia de protección de datos y el Ministerio de Sanidad.

Los centros denunciados son Dator-Partner Line (Madrid), la Clínica Ginecológica Callao (Madrid), la Clínica El Bosque (Madrid), Centro Médico Pacífico SL (Madrid), la Clínica AMEC de Zaragoza, Clínica Ansoain (Pamplona) y Centro Médico Aragón (Gerona).

Una denuncia silenciada por el Ministro de Interior

El pasado mes de noviembre, Alfa y Omega ya denunciaba las irregularidades de este caso (ver El Gobierno perpetúa la impunidad de los abortorios), que habría sido silenciado por el Ministerio de Interior para que no estallase un escándalo antes de la retirada de la Reforma Gallardón.

Según pudo saber este semanario, el pasado mes de junio, la Guardia Civil de Tres Cantos recibió una denuncia que recogía 25 delitos graves cometidos supuestamente por estos centros abortistas. Los detalles del caso ya eran conocidos por altos cargos del Ministerio de Interior muy próximos al ministro Jorge Fernández Díaz, y también por varios diputados y senadores del PP (ver Miembros del PP conocían la denuncia contra 7 abortorios que Interior ordenó silenciar). De haberse destapado en ese momento, el caso podría haber levantado un escándalo mediático que forzase al Gobierno a aprobar su por entonces todavía prometida ley del aborto. Por eso, y a pesar de que uno de los denunciantes principales, Juan Sánchez Galera, aseguró a este semanario que el propio Ministro habría dictado los cauces previos que debía seguir la denuncia, una vez presentada, Interior optó por perpetuar el «criterio Rubalcaba», ralentizando la investigación y silenciando el caso. Tres meses después, el Presidente anunciaba la retirada de la reforma Gallardón.

Asociación de Abogados Cristianos / José A. Méndez