El Gobierno perpetúa la impunidad de los abortorios

«La llegada del PP no ha alterado el criterio Rubalcaba, según el cual no debemos investigar las supuestas irregularidades que cometan los centros abortistas. Cuando el ministro Rubalcaba, en 2009, expedientó a los agentes que habían investigado lo que creían eran indicios de delito en el caso Isadora, y después, cuando el Gobierno elaboró la Ley Aído tras la investigación del caso Morín, el mensaje fue claro: este tema no hay que tocarlo. Y seguimos igual, porque la Guardia Civil sigue a rajatabla el principio de autoridad y respeto a las órdenes de los superiores». Es el lamento de un alto mando de la Benemérita, al comprobar cuál ha sido la actitud del actual Ejecutivo ante la denuncia contra siete centros abortistas de Madrid, Navarra, Zaragoza y Gerona, interpuesta ante la Guardia Civil el pasado mes de junio. Una denuncia que, como informó Alfa y Omega la pasada semana, aportaba una batería de pruebas documentales y fotografías de hasta 25 supuestas irregularidades cometidas por abortorios, entre ellas delitos contra la salud pública por mala gestión de residuos sanitarios, datos personales de mujeres que no fueron destruidos, restos humanos tirados a la basura, e incluso posible estafa y fraude fiscal.

De la colaboración, al silencio

Según ha podido saber este semanario, altos cargos del Ministerio de Interior conocían los pormenores de la denuncia, e incluso marcaron la fecha, el lugar, y el mando que debía recibir las pruebas: el 5 de junio, en la unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, y ante el coronel Caballero, comandante provincial de la Benemérita en Madrid. Y el denunciante, fundador de la asociación provida La Vida Importa, Juan Sánchez Galera, así lo hizo, «pues también un grupo de senadores y diputados del PP conocían la denuncia, y nos habían apremiado a presentarla cuanto antes para que la opinión pública conociese la realidad del negocio del aborto, y el Gobierno se viese animado a sacar adelante la reforma de la ley que preparó Gallardón». Sin embargo, Interior terminó «por perpetuar el criterio Rubalcaba y no dio orden para agilizar la investigación, sabiendo que así pasaría a Fiscalía, se perdería tiempo y se evitaría un escándalo mediático antes de retirar la reforma Gallardón, pues en junio el Gobierno sabía que no la iba a aprobar». En efecto, una vez recibida la denuncia, a falta de la esperada indicación del Ministerio que señalase como urgente la investigación -a pesar de la gravedad de los delitos y de que 13 de los cuales son objeto de investigación por parte de la Guardia Civil-, la Benemérita envió el texto a la Fiscalía Provincial de Madrid, y diez días después, ésta lo reenvió a las Fiscalías territoriales de Madrid, Navarra, Zaragoza y Gerona, despiezando la denuncia y diluyendo su fuerza. Sólo 3 meses después, y con el caso silenciado, el Presidente Rajoy anunciaba que retiraba la reforma de la ley del aborto. Ahora, una asociación jurídica estudia querellarse contra Interior por obstrucción a la Justicia y por ralentizar el proceso judicial para evitar un escándalo que avivase las reivindicaciones provida.