Las venezolanas, blanco de las mafias de la trata

Cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. No hace falta mucha más explicación acerca de por qué este país se ha convertido en la mayor preocupación para el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR). Es «la mayor y mas grave migración del continente en su historia», según la define el responsable de la organización para Colombia y toda América Latina, Mauricio García Durán.

Dentro de ese éxodo, al SJR le inquieta, en particular, la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres refugiadas, según trasladó el jesuita el pasado viernes en Madrid en un encuentro con personal de Manos Unidas, una de las organizaciones que presta apoyo económico al SJR. Se ha producido –añadía el jesuita colombiano– un aumento «considerable» de casos de abuso con fines de «explotación y trata de venezolanas». Particularmente en Colombia, principal país de destino para los refugiados, «hay actores que se están beneficiando con esto, promoviendo la prostitución de mujeres venezolanas». A lo que se suma el «reclutamiento de niñas en grupos armados [guerrillas y paramilitares] para prestar servicios sexuales» y la «explotación en trabajos ordinarios», por los que la venezolana en situación administrativa irregular percibe un salario muy inferior al que le correspondería.

El SJR lleva a cabo proyectos específicos para este colectivo en Colombia, pero estudia implementarlos también en Ecuador y Brasil. Un dato que sugiere que la explotación de mujeres venezolanas se ha extendido a muchos otros lugares es la información emitida el lunes por la Cadena Ser, citando datos del Ministerio del Interior, según la cual las Fuerzas de Seguridad del Estado identificaron en 2018 en España a cerca de 400 mujeres víctimas de trata sexual y explotación, lo que catapulta a Venezuela al tercer país de procedencia de estas mujeres, después de Nigeria y Colombia.

Según la Ser, la Policía desarticuló al menos cinco redes que traían a España a mujeres venezolanas bajo engaño. Las ofrecían trabajar en el servicio domestico o como peluqueras, para después obligarlas a prostituirse hasta pagar la deuda contraída. Es el modus operandi habitual de estas redes mafiosas que, bajo amenazas o coacciones, se aseguran de retener a sus víctimas.

«Venden todo lo que tenían… y llegan a Bogotá sin nada»

Junto al aumento de mujeres víctimas de trata, el SJR llama la atención sobre la afluencia de venezolanas embarazadas hacia Colombia, algunas en situación de «mucha precariedad», lo que provoca que estén naciendo niños «en estado de desnutrición», advierte Mauricio García Durán.

También los jesuitas han abierto programas específicos para estas mujeres que, según García Durán, llegan a constituir el 70 % de las parturientas en maternidades de ciudades cercanas a la frontera con Venezuela, como es el caso de Cúcuta.

Si en un primer momento emigraban personas con mayores recursos económicos y nivel de estudios, desde 2012 la situación ha dado un giro drástico. Quienes abandonan hoy Venezuela son personas pobres. «Venden todo lo que tenían y, en pesos colombianos, con eso escasamente les alcanza para ir en autobús de Cúcuta a Bogotá y poder comer algo. A Bogotá llegan ya sin nada».

De forma análoga, si en un primer momento las migraciones tenían un perfil masculino, «hoy se ha equilibrado», y abandonan el país ya no personas solas que después envían remesas, sino «familias enteras, con ancianos y niños», lo que genera «condiciones de vulnerabilidad mucho mayores». Se ha convertido en una estampa habitual en Colombia la presencia de venezolanos «pidiendo limosna en los semáforos y en el autobús». Todo ello ha comenzado a provocar «casos de xenofobia» entre la población local más vulnerable, que se siente amenazada.

El SJR presta a estos refugiados ayuda de emergencia, además de orientación legal y administrativa. También ofrece apoyos para que algunos de ellos puedan poner en marcha pequeños negocios y así facilitar su integración en la sociedad colombiana.

Mauricio García Durán echa en falta más medidas en esa dirección por parte de la administración pública y advierte a los gobiernos latinoamericanos de que la presencia de venezolanos se va a alargar en el tiempo. «Los analistas coinciden en que la recuperación del país va a tardar entre 15 y 25 años», dice. «No se puede ver esta migración simplemente como algo temporal. Muchos venezolanos han llegado para quedarse porque la situación allí es de quiebra total».