Ofensiva de la Iglesia contra los desahucios

Mamen Aguayo y su marido perdieron sus empleos con tan solo tres meses de diferencia. Tenían entonces cuatro hijas y no encontraron otra forma de sobrevivir que tirar del paro y del subsidio por desempleo. Aguantaron cuatro años gracias a algún trabajo esporádico, a suprimir todo el ocio familiar que implicase gasto de dinero y a la venta de algunas de sus pertenencias.

«Pero llegó un momento en el que no podíamos gastar tanto en el alquiler del piso. Teníamos una ayuda de 860 euros y la casa nos costaba 620. Así que hablamos con la casera —una persona mayor—, le explicamos la situación y acordamos bajar el alquiler a 300 euros hasta que encontráramos un trabajo», cuenta esta madrileña de 41 años a Alfa y Omega. El trato, sin embargo, no convenció al hijo de la dueña, que maniobró de inmediato para convertirlo en papel mojado. «Si hago esto con vosotros, lo tendré que hacer con el resto de mis inquilinos», argumentó. Su negativa se convirtió poco después en el inicio de una deuda a la que Mamen y su marido no podían hacer frente y que desembocó en la denuncia de los caseros y en el desahucio de la familia. «La carta de aviso del lanzamiento me llegó una semana antes de que se produjera y justo cuando salía del hospital después de haber estado un mes y medio ingresada por una enfermedad sistémica autoinmune».

El caso de Mamen fue directo a engrosar la abultada lista de desahucios en España —cerca de 60.000 en 2017—, y en la que hace dos semanas se hubo de apuntar también uno de sus casos más dramáticos. El 29 de noviembre Alicia, de 65 años, se arrojó por la ventana cuando iba a ser desahuciada.

Respuesta de la Iglesia

El suicidio de esta vecina de Chamberí ha suscitado la reacción unánime de la Iglesia de Madrid, que en un primer momento escribió una carta a las diferentes administraciones públicas solicitando la promoción de «una iniciativa legislativa popular que impida el desahucio de personas vulnerables sin que previamente se cuente con un informe social de los servicios municipales correspondientes en el que se provea de una alternativa residencial»; la construcción de al menos 20.000 viviendas sociales e «incentivar el alquiler social» para la población vulnerable. «No nos podemos permitir, y menos en Navidad, encontrarnos con una señora que se suicida, o con un anciano de 90 años desahuciado, o con familias con algún discapacitado o con menores a su cargo abocados a la calle», asegura José Cobo, obispo auxiliar de Madrid.

Un segundo paso dentro de esta respuesta conjunta —coordinada por la Vicaría de Pastoral Social e Innovación del Arzobispado de Madrid— es la jornada de puertas abiertas que el Servicio de Vivienda de Cáritas Madrid celebró este miércoles con el fin de «dar a conocer esta problemática social y la respuesta de Cáritas Madrid ante estas situaciones».

Líneas de trabajo de Cáritas

Si la familia Aguayo no acabó en la calle fue gracias a la solidaridad, primero, de su propia familia y, poco después, de Cáritas Madrid, que acogió a Mamen, a su marido y sus cuatro hijas en el centro residencial Sínodo 2005, que cuenta con 60 viviendas unifamiliares. «Tenemos cuatro centros de este tipo repartidos por Madrid. Se trata de un recurso habitacional de urgencia, en el que cada familia puede estar a corto o medio plazo para rehacer su vida y que puedan salir de la exclusión social», explica Rosalía Portela, subdirectora del Servicio de Vivienda de Cáritas Madrid.

La entidad caritativa de la Iglesia cuenta con otros 500 alojamientos —propios o bien cedidos por la Administración pero gestionados por Cáritas— que pone a disposición de los más vulnerables.

Una segunda línea de trabajo del Servicio de Vivienda es el sostén económico periódico. «Se trata de ayudar a las familias con el pago, por ejemplo, del alquiler para evitar que sean desahuciados y que puedan seguir en sus casas», explica Portela. Desde 2017, hay 76 familias —en su mayoría solicitantes de vivienda pública— que se han podido beneficiar de este apoyo. Por otro lado, otras tantas familias han recibido desde 2017 una ayuda económica puntual —que sería la tercera pata del Servicio de Vivienda— y que está dirigida en principio «para familias que les han concedido una vivienda de alquiler social o han conseguido alquilar una vivienda normalizada. Se les ayuda con el pago de la fianza, dando de alta algunos suministros o con la compra de electrodomésticos».

Cáritas Madrid también pone a disposición de los más vulnerables la Red de Servicios de Orientación e Información Sobre Vivienda (SOIVI), que en el último año orientó y ofreceió asesoramiento legal en el ámbito de la vivienda a 604 familias. «Además, todas las personas que acceden a cualquiera de los recursos del servicio de vivienda se pueden beneficiar de todos los otros servicios con los que cuenta Cáritas Diocesana de Madrid, como puede ser el servicio de empleo o el de salud», concluye Portela.

La vivienda es un derecho

Para José Cobo, además de ofrecer una ayuda a las familias más vulnerables, todo este trabajo de Cáritas Diocesana de Madrid «sirve para interpelar a la sociedad y a que la ciudadanía perciba los desahucios, o los problemas de vivienda en general, no como el problema de una familia en concreto si no de toda la sociedad».

El obispo auxiliar de Madrid también cree necesario «que la vivienda se deje de ver exclusivamente como un activo inmobiliario» y que cale la visión de la «vivienda como un derecho», que además «hoy no está garantizado para las personas más vulnerables».

España, frente al acompañamiento familiar

Desde 2013, alquilar en Madrid se ha encarecido un 45 %. Como resultado, a las ejecuciones hipotecarias que ya sufrían los madrileños se han sumado los desahucios por impago del alquiler. En los últimos cuatro años, según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, la ciudad ha sido testigo de 14.675 desalojos de este tipo. Además, pagar religiosamente el alquiler ya no es garantía de conservar el hogar, pues la nueva LAU permite desahuciar a los inquilinos de su vivienda (aunque se encuentren al corriente de pago) si su casero mantiene una deuda con el banco.

Así le ha sucedido a Viviana, desahuciada desde el 25 de junio porque su casero se encontraba en situación de impago. A pesar de una carta de la ONU para que el desahucio fuera suspendido «con el objetivo de evitar daños irreparables a ella o a sus cinco hijos menores de edad», Viviana y su familia fueron expulsadas de su casa con un gran despliegue policial «como si hubieran sacado a un terrorista», cuenta compungida.

Durante los últimos seis meses, Viviana y sus hijos han estado «de albergue en albergue, pero sin ninguna solución». Lo que ha provocado que «los niños cada vez están peor psicológicamente porque lo único que tienen estable es el instituto», confiesa su madre. Y aunque han acudido a todo tipo de instituciones buscando alojamiento, «en todos los sitios nos daban la misma respuesta: no hay vivienda». Finalmente, tras meses de lucha, la familia ha conseguido a principios de diciembre refugio para los próximos seis meses en un piso de Mensajeros de la Paz «en el que estamos mucho mejor», cuenta la madre.

De este modo, a última hora y por la mínima, Viviana ha conseguido un techo en el que pasar esta Navidad mientras ella y los suyos avanzan puestos en la lista de espera para conseguir un alquiler social. Accede a esta vivienda en unas fechas especialmente complicadas pues, durante la campaña de frío del Ayuntamiento de Madrid, familias enteras como las de Viviana deben abandonar los albergues para dejar hueco a otras personas en situaciones de mendicidad o indigencia.

Esta falta de recursos públicos para abordar el sinhogarismo acaba colapsando las redes de las entidades benéficas y genera una guerra entre pobres en la que Mari Carmen, también desahuciada, no quiere participar. «Por supuesto que a las otras personas también hay que meterlas en algún sitio», protesta indignada. Sin embargo, para esta miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el problema de la vivienda en Madrid debe ser abordado desde la política «para que se llenen las viviendas vacías del IVIMA, que es de donde han echado a los niños».

Rodrigo Moreno Quicios