«Ya no se puede hablar de privilegios fiscales de la Iglesia»

«Ya no se puede habla de privilegios fiscales de la Iglesia. No existen». Así de contundente se mostró en entrevista con Alfa y Omega Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), justo después de que se hiciera pública la renuncia de la Iglesia en España a la exención de dos tributos: el de Contribuciones Especiales y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El acuerdo se materializó el pasado miércoles en el Ministerio de Asuntos Exteriores mediante el correspondiente canje de notas entre el Gobierno y la Nunciatura Apostólica, un acto en el que estuvo presente el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella. Es el fruto de las negociaciones entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la CEE, a quien la Santa Sede encargó esta tarea. Según explicó Giménez Barriocanal, «el propósito es equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades no lucrativas como las fundaciones o las demás confesiones religiosas». «Es algo que la Iglesia venía predicando y, por ello, ha decidido renunciar a estos beneficios», añadió.

El ICIO es el que mayor impacto va a tener en las arcas de las entidades eclesiales. El alcance del impuesto de Contribuciones Especiales —se utiliza para repercutir a vecinos por obras públicas— es mucho más limitado. La cifra estimada supera los doce millones de euros, según el vicesecretario de la CEE. «Es difícil tener un número más concreto. Solo las construcciones y rehabilitaciones que aparecen en la Memoria Anual de la Iglesia ya suman unos cinco millones de euros. A esta cantidad deberíamos añadir lo que habría que pagar por las obras de las congregaciones, los colegios, los hospitales…», subrayó.

En principio, desde la CEE no han previsto ningún fondo de compensación para hacer frente a este nuevo gasto, pues eran conscientes de que lo iban a asumir. Eso sí, han arrancado al Gobierno el compromiso de que el régimen fiscal actual se va a mantener en el tiempo y, por tanto, no se va a modificar. Y si se hace, afectará a todas las entidades no lucrativas, ONG y otras confesiones religiosas y no solo a la Iglesia católica.

En este sentido, Giménez Barriocanal defendió que los regímenes fiscales especiales traen a cuenta a la Administración, pues las entidades que se benefician de ellos «realizan una inmensa labor». «Si este trabajo lo tuviera que hacer el Estado sería mucho más costoso», agregó.

En su opinión, esta decisión de la Iglesia demuestra su compromiso con toda la sociedad, su voluntad de cumplir las reglas de juego y de seguir colaborando con total transparencia en favor del bien común. Con todo, y ante el inminente inicio de la campaña de la renta de 2023 —el próximo 11 de abril­—, Giménez Barriocanal sigue apelando a la generosidad de católicos y no católicos para que marquen la casilla de la Iglesia en el IRPF, porque así «permiten que siga obrando el bien».

El resultado de este pacto se suma al alcanzado el año pasado y que resolvió, coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez a la sede de la CEE, la cuestión de las inmatriculaciones.