Vivienda: otra ley polémica y sin consenso

El Gobierno va camino de sumar una nueva ley polémica y sin consenso. La Ley por el Derecho a la Vivienda ya tiene anteproyecto después de que lo aprobase hace una semana el Consejo de Ministros. La propuesta legislativa, que será tramitada por la vía de urgencia y llegará al Congreso de los Diputados antes de fin de año, será llevada por el Partido Popular al Tribunal Constitucional. Tampoco genera simpatías a nivel social, ni del lado de los propietarios ni de las organizaciones sociales. Los primeros creen que se pone en cuestión la libertad de mercado. Entre las segundas, la plataforma Iniciativa Ley Vivienda, de la que forman parte el Sindicato de Inquilinos o la Juventud Obrera Cristiana (JOC) entre otros, ha sido muy dura: «Solo podemos expresar nuestra profunda indignación por el muy corto alcance de la ley y su falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional».

Entre otras medidas, la norma define un nuevo concepto: el de zonas tensionadas. Podrán ser declaradas así por las comunidades autónomas aquellas en las que el precio del alquiler supere el 30 % de los ingresos medios por hogar, y que en los últimos cinco años haya subido cinco puntos por encima del IPC de esa comunidad. Esta declaración implica medidas para aumentar la oferta e impedir incrementos abusivos. Así, el inquilino podrá acogerse a una prórroga extraordinaria del contrato en vigor y se podrá limitar la renta del alquiler a la del contrato anterior con el incremento del IPC o hasta un 10 % si se realizan mejoras en la vivienda o con contratos de larga duración. Para los grandes tenedores –persona física o jurídica con más de diez viviendas– la cuantía estará marcada por el contrato anterior o por el sistema de precios de referencia.

Otra de las medidas controvertidas es el recargo que los ayuntamientos podrán aplicar a las viviendas vacías durante más de dos años, que podrá ser de hasta el 150 %. Se aplicará a propietarios con cuatro inmuebles como mínimo. El anteproyecto suspende los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, establece una reserva del 30 % del suelo para vivienda protegida y crea el concepto de vivienda asequible incentivada, privada con beneficios fiscales.

Aunque desde Cáritas Española se abstienen de hacer comentarios sobre el anteproyecto hasta conocerlo íntegramente y analizarlo, insisten en la necesidad de tomar medidas. En concreto, una de sus propuestas de cara a las últimas elecciones generales recogía la promoción de «vivienda de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de alquiler, considerándola como equipamiento público y, para ello, reservando importantes porcentajes de suelo con uso dotacional». Un llamamiento que ha renovado recientemente con motivo del avance de la Encuesta de Integración y Necesidades Sociales FOESSA 2021: «La situación actual de vulneración del derecho a una vivienda afecta a una parte cada vez mayor de la población. Es urgente abordar el problema a partir de la implementación de políticas públicas suficientes y de un mercado laboral decente».

Los datos no dejan lugar a dudas. Según la citada encuesta, el 24 % de los hogares españoles sufre exclusión social en materia de vivienda. Un porcentaje que aumenta hasta el 70,1 % y el 81,5 % dentro de la población en exclusión y en exclusión severa, respectivamente.

Además, la crisis provocada por la pandemia convierte en comunes las situaciones de insalubridad y hacinamiento en las viviendas, que se han duplicado desde 2018. Para el 14,2 % de los hogares, los gastos de la vivienda son tan grandes que, una vez asumidos, se quedan en situación de pobreza. «Es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema de derechos», recoge Cáritas.

Cuatro parroquias y 13 casas

Las cuatro parroquias del centro de Vitoria, a través de su programa Berakah, decidieron tomar cartas en el asunto cuando constataron la dificultad para el acceso al alquiler tanto de la población en general como de colectivos vulnerables. Tienen dos hogares para familias que se encuentran en esta última situación. Así, idearon 13 casas, un proyecto que pretende poner en circulación viviendas vacías para ayudar a personas que lo necesitan. Para ello, cuentan con un bote de garantía y aseguran el pago al propietario durante el primer año. «Nosotros pagamos a la familia y la familia nos paga a nosotros», afirma Fidel Molina, diácono y responsable de la iniciativa, que tiene un límite de precio: 600 euros.