Vidas perdidas en el Mediterráneo

Tal y como afirma el informe, la OTAN asegura que dio la alerta a los barcos bajo su control, sin que ningún buque o avión aliado contactase con la embarcación. Uno de los barcos que identifica es la fragata Méndez Núñez, desplegada por el gobierno español en la campaña contra Gadafi, que llegó a estar a 11 millas del bote. Las autoridades españolas, dijeron en su día, y reiteran ahora, que no tenían conocimiento de la existencia del bote a la deriva, pero la denuncia del Consejo de Europa mantiene que «no actuaron conforme a las obligaciones de búsqueda y socorro». Otro de los barcos señalados es el italiano Borsini, a 37 millas del bote a la deriva, aunque durante la agonía de los tripulantes del bote, la zona -bajo control de la OTAN, fue patrullada y cruzada, al menos, por barcos de Italia, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Según la reconstrucción de los hechos -a partir del testimonio de cuatro supervivientes y fuentes de la OTAN y diversos Gobiernos-, el bote era una lancha de siete metros que salió de Trípoli el 26 de marzo de 2011 con 50 hombres, 20 mujeres y dos niños. Tras 18 horas a la deriva, un sacerdote eritreo recibió una llamada de socorro desde la embarcación y alertó de inmediato al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Italia, que localizó la zona y lanzó las llamadas de socorro pertinentes a otros barcos para que interviniesen.

Horas después, un helicóptero no identificado sobrevoló el barco y lanzó galletas y agua, pero no regresó. Diez días más tarde, cuando 10 personas ya habían fallecido, «un portaaviones o un portahelicópteros pasó cerca del bote, lo suficiente como para que los supervivientes vieran a los tripulantes observándoles con prismáticos y haciendo fotos», afirma el informe de Strik. Después de 15 días a la deriva, la embarcación regresó a la localidad libia de Zitan, con sólo 10 supervivientes.

El informe de la tragedia responsabiliza a fallos colectivos estas muertes. Además de las embarcaciones individuales anteriormente descritas, no están exentas de culpabilidad las autoridades libias, ya que, según el texto, «incluso en tiempos de guerra, el Estado es responsable de la seguridad de los civiles, tanto en mar como en tierra. Libia, por lo tanto, no puede ser absuelta de toda la responsabilidad». Las nuevas autoridades mantienen bajo sospecha generalizada a cualquier persona de origen subsahariano, a la que consideran afín al antiguo régimen de Gadafi.

No son los únicos: según el relato de los supervivientes, las personas que organizaron el viaje arrebataron las provisiones que llevaban consigo los emigrantes para lograr más espacio -y así más pasajeros y más beneficios-, y «no suministraron suficiente combustible ni medios para comunicarse en caso de emergencia», asegura el documento.

La guardia costera italiana también tiene su parte de responsabilidad, al no organizar un rescate, y «la OTAN fracasó a la hora de reaccionar a las llamadas de auxilio». El informe europeo incluso afina más y nombra dos embarcaciones de pesca comercial -una italiana y una tunecina-, que llegaron a establecer contacto directo con los náufragos, pero ninguno intentó un rescate ni alertó a la guardia costera. «Muchos capitanes se han vuelto recelosos a la hora de ayudar a emigrantes debido a las políticas europeas de inmigración irregular», denuncia el Consejo de Europa.

Finalmente, el informe añade que, antes de iniciar la ofensiva contra el régimen de Gadafi, la comunidad internacional debería haber elaborado un plan ante la previsible avalancha de emigración irregular que ello produciría, y cita a un alto cargo de la marina italiana: «Antes de empezar una guerra, tienes que saber dónde guardarás a los prisioneros, dónde depositarás a los muertos y qué harás con los refugiados».