Víctimas de abusos se concentran frente a la sede de la CEE
Miembros de distintas asociaciones plantean sus reivindicaciones coincidiendo con la Asamblea Plenaria de los obispos, para denunciar la «pasividad» de la jerarquía y pedir «celeridad» a la hora de reparar sus casos
Las asociaciones Asociación Víctimas Abusos (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) y la Campaña Justice Initiative están protagonizando este lunes un «acto de reivindicación» frente a la sede de la Conferencia Episcopal Española, coincidiendo con la Asamblea Plenaria en la que los obispos eligen esta semana nuevo presidente.
«Queremos reivindicar nuestros derechos como víctimas y supervivientes de abusos y agresiones sexuales durante nuestras infancias y adolescencias», han señalado sus miembros en un comunicado a la prensa difundido este lunes, en el que solicitan asimismo «reconocimiento, reparación, indemnización y acompañamiento». En él manifiestan además «nuestro más absoluto rechazo a la actitud de pasividad que la jerarquía católica muestra con sus víctimas», ya que en su opinión «son incapaces de, más allá de una genérica y repetitiva petición de perdón, refrendar con hechos concretos su presunta que no materializada empatía hacia nosotros».
«Nos resulta inconcebible que los obispos españoles hayan contratado los servicios de un despacho de abogados, Cremades & Calvo-Sotelo, para elaborar un informe sobre pederastia eclesiástica y ese presunto informe que ha terminado siendo desacreditado por la propia Conferencia Episcopal», añaden las asociaciones convocantes de la protesta. Junto a ello, consideran «intolerable» que, en paralelo «y con total opacidad», la propia institución «haya elaborado otro informe del que dejaron caer más de 300 casos registrados por diferentes diócesis de la geografía española», afirman en relación a las publicaciones del diario El País la semana pasada.
Las víctimas lamentan por todo ello «la falta de consideración» de los obispos con las víctimas y supervivientes, y les acusan incluso de «minimizar y negar» la existencia de estos delitos, e insisten en que «no somos fríos números», pues «detrás de estadísticas gélidas hay mujeres y hombres cuyas vidas, en muchos casos, siguen lastradas por el shock postraumático» de los abusos.
Por todo ello, el comunicado demanda a las autoridades eclesiásticas «inmediatez» en la asunción de responsabilidades así como «medidas concretas», como ayudas en las terapias gratuitas y contra la exclusión laboral y educativa, o la denuncia de oficio «de todos los supuestos en los que las víctimas denunciantes, incluso mediando condenas en firme de la justicia ordinaria, siguen siendo objeto de amenazas y graves descalificaciones».
Así, a la hora de crear comisiones de trabajo sobre este asunto, exigen «que las asociaciones de víctimas y supervivientes tengan presencia directa», lo que «hasta ahora no ha sido así». Por último, piden a la Iglesia que actúe «con celeridad» y asuma «con trato individualizado» la realidad de cada una de las víctimas.
Seis meses después de la llegada a la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) del cardenal Matteo Zuppi, en noviembre de 2022, la iglesia del país transalpino publicó su primer informe sobre abusos sexuales. Un estudio independiente encargado a la Universidad Católica de Piacenza que sacó a la luz las 89 denuncias de presuntos abusos sexuales que las diócesis recibieron durante 2020 y 2021. La investigación identificó a 68 personas vinculadas en mayor o menor medida con la Iglesia que no fueron identificadas. Además, se reveló que las investigaciones de los casos italianos abiertos en la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 2000 ascendían a 613. Sin embargo, las asociaciones de víctimas los consideraron poco contundentes por abarcar solo dos años.
En cualquier caso, la publicación de este primer informe se enmarcó en un nuevo gesto de la Iglesia italiana por avanzar en la rendición de cuentas. Zuppi se reunió en mayo del año pasado con algunas víctimas de abusos en el seno de la Iglesia y con sus familias desde que llegó al vértice de los obispos italianos. De esos encuentros a puerta cerrada —que se han repetido con frecuencia estos meses— surgió la idea de constituir un departamento técnico que también incluye a algunas víctimas de abusos del clero, para mejorar las estrategias de prevención de este gravísimo fenómeno. La semana pasada junto con el arzobispo de Cagliari, Giuseppe Baturi, secretario general de la CEI, y el arzobispo de Rávena-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, presidente del servicio nacional de protección de menores, Zuppi encabezó la segunda ronda de reuniones de este tipo. Obispos y víctimas, una vez sentados frente a frente, pusieron en práctica «una escucha activa en la que, en la puesta en común y el diálogo, se pusieron de relieve aquellos elementos necesarios y sustanciales que pueden y deben incluirse, mejorarse y reforzarse para una prevención cada vez más eficaz y una acogida aún más cálida», señaló la CEI en un comunicado el pasado 27 de febrero.Zuppi aseguró también que la «voz de quienes han sufrido abusos sigue siendo esencial» para ayudar a la iglesia a «comprender en profundidad el dolor experimentado por las víctimas y sus familias, y sus heridas, para entrar en auténtica comunión con quienes han sufrido». Por ello, dejó claro que escuchar a estas personas «es esencial para comprender lo que se espera de la Iglesia». «¿Qué se puede hacer para mejorar?», se preguntó. Por ello señaló que precisamente de esa cuestión deben surgir los cimientos con los que se que construyan la prevención y la protección de menores y adultos vulnerables.