Vicario del Arzobispado de Madrid: «Los CIE son ilegales, ilegítimos e inmorales»

Comenzando por el Papa, «el discurso en el ámbito institucional» es muy claro, pero «hay que hacerlo poroso», de modo que llegue a las parroquias. José Luis Segovia demanda «un esfuerzo» especial a los medios de comunicación católicos, para que «sean dique de contención frente a los discursos del odio y del miedo al diferente».

El vicario de Pastoral Social e Innovación del Arzobispado de Madrid participó este jueves en la presentación del Informe CIE 2018, en la Oficina del Defensor del Pueblo. Segovia, jurista de formación, pidió abiertamente el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, a los que se refirió como una anomalía en términos jurídicos, cuya única finalidad es «la disuasión» a los potenciales migrantes. Dado que ni siquiera esto se cumple, son «absolutamente estériles».

La única finalidad de estos centros –enfatizó– es «la disuasión de la movilización humana y la criminalización las migraciones.

A juicio del vicario madrileño, no es posible separar los CIE del conjunto de derecho de extranjería, que «tiene características mu peculiares frente a otras ramos del derecho», caracterizado por «satisfacer necesidades de las personas» desde «un criterio de equidad y justicia». El derecho de extranjería, por el contrario, «en último término busca solo la expulsión, la remisión a sus países de origen que se desplazan por el cambio climático, por los conflictos, para buscarse un futuro mejor…». «Incluso el derecho penal –añadió– tiene la pretensión de procurar la reinserción social de las personas infractoras».

«Si esto no es un centro penitenciario…»

Citando pronunciamientos similares desde la jerarquía eclesial, Segovia dijo que «los CIE deben ser cerrados a la mayor brevedad posible». En primer lugar, porque «son ilegales», dado que la legislación afirma que no deben «tener carácter penitenciario». El de Aluche (Madrid), en concreto, fue «construido sobre un hospital penitenciario»; tiene «un régimen más restrictivo que el de una prisión; «las fuerzas de seguridad están en su interior…». «Si eso no es un régimen penitenciario, que venga Dios y lo vea».

Además son ilegítimos, puesto que «privan de libertad por infracciones administrativas», cosa que «chirría en derecho».

Y «son inmorales», puesto que «no tratan a las personas como seres humanos», sino como «puros fardos que deben ser devueltos» a sus países, «peor que mercancías», aseguró, tras haber aludido a los casos de Samba Martine (la congoleña fallecida en el CIE de Aluche por una presunta congoleña, cuyo caso está siendo ahora juzgado) y el de los presuntos malos tratos durante un cacheo policial en este CIE, que también está en manos de la justicia.

A juicio de Segovia, sin prejuicio del pronunciamiento de la justicia, es «un error atribuir a las personas que trabajan en estos centros la responsabilidad» por estas acciones, que responden a causas estructurales. No se puede, por ejemplo, encargar la vigilancia de un CIE a policías que «no están preparados, porque no es esta su función», y la propia «inhumanidad» del centro termina por «despersonalizarlos».