Una Iglesia alineada con los pobres

Hacer un balance de lo que ha ocurrido este año en la Iglesia en 3.700 caracteres es una cuestión ardua. El texto debería hablar —con permiso de los millones de sacramentos administrados a los fieles— de la histórica veneración del cuerpo de santa Teresa, del nombramiento de Paula Alió como administradora general de la CEE, de la aceptación de la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta o de la detención de la exsuperiora de Belorado. Pero si hay algo que destaca por encima de todo es la labor social, que no es ideología, sino la encarnación del Evangelio. «Los creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben a dónde dirigirse: los pobres son sacramento de Cristo, representan su persona y remiten a él», decía el Papa Francisco en 2021.

Y como no hay más pobre que quien lo ha perdido todo, la Iglesia española se volcó en 2025 con los afectados por los incendios estivales, que en muchos casos vieron su vida entera reducida a cenizas en minutos. A quien le ocurrió esto en Astorga pudo trasladarse al seminario local. La diócesis lo puso a disposición de las autoridades para alojar a más de un centenar de personas. En Orense, según el obispo Leonardo Lemos, hubo familias que perdieron «todas sus cosechas y gran parte de sus bienes». Por eso «queremos solidarizarnos con ellos y mostrarles nuestra disposición a ayudarlos», decía entonces el prelado. En León, «se pusieron en marcha, en un primer momento, distintas acciones solidarias para apoyar económicamente las situaciones más dramáticas», reconocía la directora de Cáritas León, Aurora Baza, cuya institución sigue todavía participando en distintos eventos para apoyar a los damnificados.

Vivir en una terraza

Hablar de pobres también es hablar del Informe FOESSA, que cada año analiza con profusión la exclusión social en España. En la edición que se presentó a inicios de noviembre, un acto en el que Alfa y Omega estuvo presente, se advirtió de «un proceso inédito de fragmentación social» en España, que provocó la contracción de la clase media y el desplazamiento de «muchas familias a estratos inferiores». El movimiento ha provocado un crecimiento del 52 % de la exclusión severa con respecto al año 2007, lo que deja un saldo total de 4,3 millones de personas en esta situación.

Las cifras no son solo cifras. En Cáritas, conocen los rostros de las personas tras estos datos. Una de ellas es Sheik Cubas, de 40 años y madre de dos hijos. Encadena trabajos por horas y malviven en una terraza que ha convertido en su casa. Un espacio abierto, sin intimidad, sin protección frente al frío o al calor, donde todo se guarda en maletas y donde duermen rodeadas de luz, mosquitos y ruido. «Es horrible vivir así. Lo peor que hay. Y encima pago entre 150 y 180 euros por ese espacio», confiesa.

En esta situación, la única puerta que encontró abierta fue la de la parroquia y Cáritas. «Me han dado comida, me están ayudando a buscar trabajo. Lo que más valoro es que me escuchan, me aconsejan y me dan esperanza. Una esperanza real».

Una política de oídos sordos

El artículo ha de cerrarse con los que seguirán siendo pobres, a pesar de contar con el apoyo cientos de miles de españoles. Hasta 700.000 personas plasmaron su firma en un papel en apoyo de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de migrantes, que fue respaldada con decisión por la Iglesia. El proceso se inició a finales de 2021 e inicios de 2022, pero ha decaído de facto en 2025. La estrategia política ha desbaratado la iniciativa, lo que hace a nuestro país un poquito menos democrático y deja a miles de personas en una situación de vulnerabilidad e ilegalidad. No obstante, mientras haya legislatura, hay esperanza.