¿Un sueldo garantizado por vivir en España?

El testimonio de Daniel, repartidor de comida a domicilio, ha servido a las organizaciones de pastoral obrera de España –unidas en la red Iglesia por el Trabajo Decente– para ilustrar la precarización del empleo de cara al 1 de mayo: «Llevaba tiempo sin trabajo. Me fijé en los repartidores que veía con las bicis… Te das de alta en autónomos. Antes de empezar a trabajar tienes que pagarles 100 euros de fianza por el material. Para la empresa no somos trabajadores sino colaboradores. Te asignan las horas de trabajo a la semana que les convenga, nunca lo sabes y nunca son las que quieres trabajar».

«El salario –prosigue– era de 8,50 euros la hora para motos y las bicis ocho euros, incluido el IVA. La media de horas que te dan a la semana eran unas 20. Hay que restar el IRPF, el gasto de autónomo y los gastos derivados de la bici o la moto… Al final, en neto se queda en cinco euros por hora, o incluso menos. Ahora, se pasa a cobrar por pedido: cuatro euros cada uno».

Es lo que se denomina uberización de la economía, en referencia al servicio de vehículos con chófer que rápidamente va ganando terreno al taxi. El empleo estable es sustituido por servicios a demanda, contratados a través de un clic en una aplicación del móvil, que ofrecen los precios más competitivos gracias a la mucho más eficiente asignación de recursos que permiten las nuevas tecnologías y las economías de escala. El capital humano es uno más de esos recursos. El empleo asalariado es progresivamente remplazado por falsos autónomos que cobran por servicio, sin los derechos asociados al empleo tradicional, en claro retroceso por efecto de las últimas reformas laborales. Estos nuevos trabajadores están obligados a vivir pendientes siempre del teléfono, ya que pueden ser requeridos para trabajar en cualquier momento, lo cual se aplica tanto a repartidores de comida en bicicleta, como –cada vez más– a los pilotos y auxiliares de vuelo de la aviación comercial low cost.

La uberización asoma incluso a los dominios de la sanidad pública, en el caso del Reino Unido, que ha puesto en marcha un programa experimental para enfermeros. Hasta ahora los hospitales británicos se caracterizaban por su necesidad de importar personal de otros países. Ya no. La robotización de algunas tareas y la distribución más eficiente del personal en función de las previsiones de demanda –gracias a la abundancia de datos que las nuevas tecnologías permiten recopilar de los usuarios– posibilitan a la Administración Pública del Reino Unido sustituir en los próximos 15 años 250.000 empleos por personal contratado para unos días o incluso para unas pocas horas, según demuestra un polémico informe del think tank Reform.

En lo que se refiere a España, seis millones de puestos de trabajo, el 36 % del total, están hoy en riesgo de ser asumidos por máquinas, afirma el estudio presentado a finales de marzo por BBVA Research y la Universidad de Valencia. Surgirán en compensación empleos nuevos, aunque la mayoría de expertos coincide en que serán muchos más los que se destruyan.

El personal menos cualificado sufre hace ya tiempo las consecuencias de tener que ajustar al máximo sus condiciones de trabajo para que al empresario no le resulte más rentable trasladar la producción a otro país o sustituirle por una máquina. Esta es una de las principales causas, según los sindicatos, del aumento de la siniestralidad laboral. Los últimos datos del Ministerio, aún provisionales, elevan la cifra de fallecidos en 2017 a 618, tras un sostenido aumento año a año desde que, en 2012, se tocó suelo en España, con 555 muertos.

Explorar nuevas fórmulas

«Hasta ahora, la redistribución de la riqueza para asegurar que todos pudieran vivir dignamente se conseguía a través del empleo, pero esto ha dejado de ser así», afirma el consiliario general del Movimiento de Acción Católica Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Fernando Díaz. «Los actuales niveles de desempleo y precariedad hacen necesario explorar nuevas fórmulas», añade el sacerdote sevillano en conversación con Alfa y Omega.

Uno de esos debates es la renta básica universal, una cantidad mensual que recibirían todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos, y que sustituiría a las rentas mínimas (reservadas a la población con menores ingresos) y a otras políticas sociales, incluidas las pensiones y las prestaciones por desempleo. Ninguna de las organizaciones de pastoral obrera en España tiene una postura fijada al respecto. La HOAC encargó en 2017 un análisis al economista Enrique Lluc, director del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, quien, pese a algunas objeciones, concluyó que «el análisis desde la doctrina social de la Iglesia nos lleva a ver que los esquemas de rentas no condicionadas pueden ser un buen instrumento para priorizar a los más desfavorecidos y lograr que todos tengan al menos lo suficiente».

«La gran pregunta no es si la renta básica va alguna vez a ser implementada de forma masiva, sino cómo y cuándo», sostiene a su vez Martín Lago Azqueta en su nuevo libro Renta Básica Universal. ¿Solución o utopía? (Digital Reasons), presentado la pasada semana en el salón de actos de Alfa y Omega.

Desde su experiencia en Cáritas Española, donde trabaja en el área de cooperación internacional, Lago se ha convencido de la eficacia de este tipo de medidas para impulsar el desarrollo, y propone aplicarlas a gran escala para combatir la pobreza que, en España, afecta a 13 millones de personas, el 30 % de la población.

Su propuesta es de 700 euros al mes por adulto, más un 20 % de esa cantidad por cada menor a cargo. Esa renta estaría exenta de impuestos, pero a partir de ahí el sistema fiscal adquiriría una pronunciada progresividad, lo cual incentivaría la reducción de horas de trabajo y, de esta forma, un mayor reparto del empleo.

El filósofo y economista belga Philippe van Parijs, uno de los grandes defensores de la renta básica, asume que una pequeña parte de la población se dedicaría a «surfear y comer sándwiches». Estos gorrones pueden generar un problema de convivencia, pero los experimentos realizados hasta ahora coinciden en que en la mayoría de los casos no es así, subraya Lago. El receptor del principal ingreso doméstico mantiene su actividad profesional, mientras que el resto de miembros de la familia reducen su trabajo fuera de casa para dedicar más tiempo a los cuidados domésticos o incluso al voluntariado, que según este experto de Cáritas experimentaría un fuerte impulso.

Pero sobre todo lo que permite un sistema de rentas básicas garantizadas es libertad de elección. «Estamos en una situación en que el desempleo no es coyuntural, sino sistémico. Muchos de los actuales empleos van a desaparecer. Cada vez va a ser más necesario tomarse un tiempo para formarse y reinventarse, y con 700 euros asegurados, hay un colchón que permite hacerlo».

Ese dinero posibilita igualmente «reducir durante unos años las horas de trabajo fuera de casa, por ejemplo cuando se tiene un hijo»; «dedicarse profesionalmente a actividades artísticas, aunque no aporten mucho dinero»; el «emprendimiento empresarial», o incluso «retirarse al campo a criar gallinas, con la libertad siempre de poder volver más adelante a buscar un empleo en la ciudad», argumenta el autor.

Trabajar es más que ganar un sueldo

La otra cara de la moneda de las propuestas de Martín Lago consiste en incentivos para la generación de estilos de vida más sobrios, social y ecológicamente sostenibles, donde la actual cultura de la feroz competencia dé paso a relaciones sociales más colaborativas. Ahí surgen algunas dudas. «No veo que un cambio de mentalidad así pueda generarse solo por incentivar la renta básica», dijo en la presentación del libro Alberto Mangas, del Movimiento Cultural Cristiano.

«Me parece que, a veces, la renta básica tiene un poco de pensamiento mágico», cree a su vez Ana Arribas, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, experta en políticas sociales y miembro del Consejo Científico de la Fundación FOESSA. Además de su escepticismo sobre los estudios que defienden su viabilidad económica, la principal objeción de Arribas es que «la renta básica no cuestiona las estructuras», lo que explica que, entre sus mayores entusiastas, se encuentre Silicon Valley, donde se concentran las mayores compañías tecnológicas del planeta, dispuestas a arrimar el hombro en la financiación de las rentas básicas siempre que no se cuestione su nuevo papel hegemónico.

Desde la perspectiva de la doctrina social, otra gran dificultad que generaría un modelo ambicioso de rentas básicas son las presiones migratorias, que se traducirán en mayores controles en las fronteras.

Con todo, Arribas no cree que se pueda sin más descartar esta propuesta. Por lo pronto, como «vía para mejorar con algunos de sus elementos las rentas mínimas [para la población más vulnerable] que existen actualmente en España». Corrigiendo, por ejemplo, el «efecto péndulo» (al dejar de recibir esta renta, a menudo por haber encontrado un trabajo precario, un amplio porcentaje de los beneficiarios vuelve a la situación de pobreza anterior), o buscando fórmulas que eviten la «estigmatización» que supone hoy recibir este tipo de ayudas.