Un retraso mortal en la reforma del aborto - Alfa y Omega

Un retraso mortal en la reforma del aborto

«No podemos ser como el PSOE; en el PP no podemos considerar el aborto como un derecho. Hay que modificar la ley cuanto antes». Así lo reclama el eurodiputado don Jaime Mayor Oreja, haciéndose eco de otras muchas voces en el PP, ante el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Aído, que convirtió el aborto en un presunto derecho, permite abortar a las menores sin el consentimiento de sus padres y posibilita el aborto libre hasta las 14 semanas. Lejos de reducir el número de infanticidios, la cifra de abortos sigue creciendo. Y sin embargo, la reforma de esa ley, prometida por el Partido Popular, sigue sin llegar. Según ha podido saber Alfa y Omega, los motivos de este retraso (que ocasiona, cada día, la muerte de 300 bebés en el vientre de su madre) son tres: la falta de sensibilidad provida en ciertos sectores del PP, el acercamiento del Gobierno al PSOE, y la falta de dinero para acompañar la ley con un programa de apoyo a la maternidad

José Antonio Méndez
«Nuestros votantes están a favor de la vida, cada vez más, y van a ver la decisión del Gobierno sobre el aborto como un plebiscito al PP».

El 26 de noviembre de 2009, las ministras del Gobierno del PSOE, Bibiana Aído, Carmen Chacón, María Teresa Fernández de la Vega, Elena Salgado, Trinidad Jiménez, Elena Espinosa y Beatriz Corredor posaban cogidas del brazo, sonrientes, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Celebraban que la Cámara Baja había aprobado la nueva ley del aborto, la llamada Ley Aído, con los votos de PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, NaBai, BNG y un diputado de CiU. El Partido Popular votó en contra de la ley, y su Portavoz en la Comisión de Igualdad, doña Sandra Moneo, afirmó que, con esa legislación, la izquierda intentaba «imponer a la sociedad un modelo de aborto libre que sólo tiene reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Éste». Moneo criticó que esa ley «vulnera el concepto de patria potestad», priva a la menor del «consejo, la confianza y el cariño de sus padres», no incluye «ni una medida de apoyo a la mujer que quiera seguir adelante con su embarazo» y «libera a los hombres de toda responsabilidad» ante un embarazo imprevisto.

Como es sabido, la ley siguió su tramitación parlamentaria y entró en vigor el 5 de julio de 2010. Mañana se cumplen tres años desde aquella fecha y, aunque el Partido Popular llegó al Gobierno en noviembre de 2011, con la mayoría absoluta más abultada de la democracia española, la Ley Aído no sólo no ha sido derogada, sino que sigue dejando un saldo mortal: cada día, más de 300 bebés son abortados en el vientre de sus madres —muchas de ellas menores de edad— y el número de abortos no cesa de crecer. Los datos son estremecedores: en 2008, cuando el PSOE ganó las elecciones y anunció la nueva ley, se alcanzó en España la cifra más alta de abortos hasta entonces registrada: más de 115.000. En 2009, la cifra se redujo a 111.482 pero, en 2010, el número de abortos volvió a subir hasta 113.031, de los cuales, casi 55.000 se perpetraron tras aprobarse la nueva ley. Los últimos datos oficiales, de 2011, dejan un saldo de más de 118.000 bebés (118.359) abortados. Cada día de retraso en cambiar la ley es como una bomba de relojería para 300 niños.

¿Suspensión sí, derogación no?

Que la ley siga en vigor resulta tanto más llamativo si se recuerda que el PP presentó, el 1 de julio de 2010, un recurso de inconstitucionalidad contra el texto, y pidió al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la ley, es decir, que no entrase en vigor, «porque atenta contra el derecho a la vida», según explicó el ex ministro don Federico Trillo a las puertas del TC. Por si fuese poco, el PP se presentó a las elecciones de 2011 con un programa electoral que incluía la promesa de «cambiar el modelo de la actual regulación sobre el aborto, para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores», y aseguraba que se crearía de «una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad». Nada de lo cual ha sucedido hasta ahora, a pesar de que el Ministerio de Justicia, que encabeza don Alberto Ruiz Gallardón, lleve meses asegurando que la reforma del aborto es inminente.

Ideología y dinero, tras el retraso

La pregunta es: ¿por qué no se ha producido ya el prometido cambio en la legislación del aborto? Según ha podido saber Alfa y Omega, el retraso se debe a tres factores distintos: las divisiones internas dentro del propio partido, el acercamiento del Ejecutivo al PSOE para alcanzar acuerdos en materia económica ante la Unión Europea, y la falta de dinero para presentar, junto a la nueva ley del aborto, una red de apoyo a la maternidad.

La amenaza de la división interna

Fuentes muy próximas a la Presidencia del Gobierno han confirmado a este semanario que, «dentro del partido hay sensibilidades opuestas en materia del derecho a la vida, y hay personas muy cercanas al Presidente Rajoy que intentan convencerle de que retrase esta ley lo máximo posible, e incluso que no llegue a presentarla, para no romper la unidad del PP. Esto pudimos verlo en el Congreso de Valencia: había gente que quería apostar por el derecho a la vida —incluso gente que no se siente muy representada en los valores del humanismo cristiano, pero que no quieren que el aborto sea un derecho—, y personas que piensan prácticamente igual que el PSOE en este asunto». Y hay personas concretas: «Uno de los principales consejeros de Rajoy es un sociólogo públicamente partidario del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que tiene mucha influencia sobre el Presidente, y le está intentando convencer de que ir contra el aborto puede ser una mala estrategia electoral, algo que puede dividir al PP y cuestionar su liderazgo interno». Estas mismas fuentes explican que «la estrategia de los partidarios del aborto es intentar que el Presidente Rajoy obvie este tema durante el máximo tiempo posible, que no se signifique públicamente en este asunto, y que intente postergar la decisión casi hasta las próximas elecciones, a ver si, en caso de tener que alcanzar un pacto de Gobierno, puede escudarse en no tener los votos necesarios para efectuar la reforma».

Peligroso acercamiento al PSOE

Aunque quizá no sea necesario esperar a una nueva legislatura para que el PP se presente como atado por pactos de Gobierno con partidos proabortistas. Según cuentan a Alfa y Omega miembros provida del PP, «cuanto más se acerque el PP al PSOE, peor se presenta la batalla por la vida. Y cuanto más se demore la decisión, más incertidumbres encontrará Rajoy para acometer la reforma del aborto». Según las mismas fuentes, «Rajoy necesita que Rubalcaba le apoye en Europa para presentarnos como un Gobierno fuerte y un país unido en materia de reforma fiscal y financiera, en la lucha contra el paro y contra el déficit, etc. Sobre todo, porque Rajoy sí quiere sacar a España de la crisis, sí quiere reducir el paro y el endeudamiento, y sí cree en sus medidas económicas y está dispuesto a defenderlas. Lo malo es que Rubalcaba, que está muy débil en el PSOE, intentará sacar tajada y puede presionar sobre el aborto, porque el PSOE sí cree en el derecho al aborto, mientras que nadie parece saber lo que piensa Rajoy sobre este asunto, que es casi como decir que no cree en el derecho a la vida».

Y esto puede dar problemas al PP: «Muchísimos de nuestros votantes están a favor de la vida, cada vez más, y van a ver la decisión del Gobierno sobre el aborto como un plebiscito al PP, que condicionará su futuro apoyo electoral al partido».

Un apoyo económico costoso

El tercer factor es de naturaleza económica. El programa electoral del PP presentaba unidas la reforma del aborto con una serie de medidas de apoyo a la maternidad. Sin embargo, la dotación económica para una red de apoyo a las embarazadas es elevada y, antes de llegar al Gobierno, el PP no contaba con tener que hacer frente a un agujero en las arcas del Estado que superaba en casi 27.000 millones de euros el déficit anunciado por el Gobierno de Zapatero. Por eso, la alternativa del Gobierno para reformar la actual ley del aborto es, o presentar primero la reforma del aborto junto a un anuncio de posteriores medidas de apoyo a la maternidad, o bien, atrasar ambas (la ley del aborto y las medidas de maternidad) para hacerlas coincidir. Esto «aplacaría las críticas al Gobierno y al ministro Gallardón, que se ha mojado mucho más que ningún otro miembro del Gobierno en este tema y no quiere sufrir más desgaste en la opinión pública», explican personas próximas al titular de Justicia.

Ahora bien, aunque «el apoyo a las embarazadas es fundamental en la causa provida, más importante es impedir que se aborte a los niños, así que sería mejor que el Gobierno hubiese derogado la Ley Aído para dejar la de 1985 hasta que la reformase, o, al menos, que presente la nueva ley cuanto antes, aunque tengamos que esperar un poco para aprobar medidas económicas de apoyo a las madres», explican algunos miembros provida del PP.

Antes de final de año

La opción de adelantar la reforma de la ley sería viable, pues de hecho el Ministerio de Sanidad ya ha confirmado que, antes de finales de año, prevé presentar un Plan Integral de Apoyo a las Familias, en el que se incluirían acciones destinadas a ayudar a las mujeres embarazadas, sobre todo a aquellas que presenten dificultades económicas o sociales. Algo que se sumaría a medidas como la agilización de los trámites para adoptar, o la guarda con fines de adopción (que permite que los menores de 3 años dados en adopción pasen a una familia de acogida y no a un centro de menores), que Sanidad incluyó en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 5 de abril.

Aunque desde el Ministerio de Justicia se asegura que «la reforma del aborto está muy próxima», cada vez hay más personas que muestran su inquietud por el retraso del Gobierno en reformar el aborto. Una de ellas es el eurodiputado don Jaime Mayor Oreja, que explica que «es necesario y urgente apostar por la defensa de la cultura de la vida, y frenar la ofensiva cultural que lleva a cabo la Administración de la muerte en Europa y en España, porque ésta es la gran batalla cultural de nuestro tiempo, y mirar para otro lado supondrá perderla».

Estar al margen, es ser abortista

Don Jaime Mayor explica que «la defensa de la vida no es un tema más, sino la base de la convivencia social. En el debate sobre la actual ley del aborto no es posible permanecer al margen: o se está en contra, o se está a favor, porque no hacer nada es adoptar una posición beligerante en favor del proyecto de Zapatero». Y eso es algo que, en su opinión, ni España ni el PP se pueden permitir: «No podemos ser como el PSOE; en el PP no podemos considerar el aborto como un derecho. Uno de los mayores disparates de la ley de Zapatero es decir que el derecho está en el aborto, en la muerte de un ser humano. Hay que modificar esa ley cuanto antes, porque la visión del aborto como derecho es una deformación brutal de la conciencia. En el aborto, la persona eliminada es el más indefenso de los seres vivos, y eso es una injusticia manifiesta que en ningún caso puede ser tenido como derecho». Y concluye: «Apostar por la vida y distanciarnos de un PSOE que apuesta por la muerte, tiene que ser un factor diferencial en el PP».