Un párroco rural alerta: «La lucha de los agricultores va a seguir de forma indefinida»

Según el índice de precios en origen y destino de los alimentos publicado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en enero de 2024, los agricultores venden en promedio el kilo de patatas a 0,32 euros. En tienda cuesta 1,83 euros, casi seis veces más. «Eso hay que cambiarlo, hay que buscar unos precios justos, que el agricultor pueda vivir de su trabajo y el Gobierno legisle para apoyarlo», sentencia Máximo Martín, párroco en Monterrubio de la Serena, un pueblo de Badajoz de 2.400 habitantes y cubierto de olivos. Desde el 6 de febrero, ha visto cómo cada vez más feligreses protestan a través de la asociación Agricultura Viva, creada recientemente en la campiña sur extremeña. «Están desencantados con los sindicatos y se están movilizando por WhatsApp», añade, «tras saltar la chispa de Francia aquí». «Antes estaban un poco dormidos, pero ahora están motivados y convencidos y la lucha va a seguir de forma indefinida», vaticina.

Durante los últimos días numerosas voces de la Iglesia se han sumado a la defensa del campo. Una de las más sonadas es la del obispo de Zamora, Fernando Valera, quien publicó una carta reivindicando que «la Iglesia quiere elevar su voz a favor de quienes trabajan incansablemente para alimentar a nuestras comunidades». En conversación con Alfa y Omega, denuncia que «los agricultores europeos tienen unas exigencias normativas que crean una situación de injusticia, porque para el resto de países no se piden», y es fundamental que todos cumplan las normas ecológicas y sanitarias. Su diócesis cuenta con más de 252.000 hectáreas de superficie agraria, la mayoría dedicada al cultivo de cereales, y la sequía, el aumento de precio de los fitosanitarios y el endurecimiento de los requisitos han supuesto tres dificultades añadidas para los productores.

Para apoyarlos, visitó el 24 de enero COBADU, la mayor cooperativa de la zona. Sus trabajadores «me dijeron que era la primera vez que un obispo iba a visitarlos en 50 años». Una oportunidad que aprovechó para hacerles saber «que la Iglesia está con ellos». Recalca que «nosotros no somos los políticos que tienen que generar otras condiciones» y su responsabilidad es «estar subsidiariamente acompañando el camino propio de la gente». «Para nosotros hay cuestiones vitales y creí que no podía estar callado; a veces nos dejamos llevar por el miedo y no estamos donde tenemos que estar», advierte. Gracias a estos gestos, cree que «la gente en Zamora siente que la Iglesia no se ha ido».

Tampoco lo sienten así en Salamanca, donde su obispo, José Luis Retana, sostiene en su última carta pastoral que los agricultores «son un colectivo de nuestra diócesis que no podemos abandonar en sus justas reivindicaciones». Ni en la archidiócesis de Mérida-Badajoz, un territorio que, aparte de lanzar varios comunicados a raíz de las protestas del sector primario, trabaja estrechamente con sus vecinos desde hace años.

El sacerdote Eugenio Campanario, miembro de la Pastoral Rural Misionera de esta diócesis y consiliario general del Movimiento Rural Cristiano, legitima «los síntomas que vemos de enfado, reclamación y revuelta» de «un sector que vive en la precariedad». Comparte sus exigencias de «dejar de producir a pérdidas y que se regularicen las relaciones con otras zonas productivas del mundo», especialmente con Mercosur o Nueva Zelanda, cuyos productos superan menos controles —y deberían—, pero se venden en las mismas baldas que los europeos. Aunque advierte de la «manipulación» de quienes «quieren contraponer la agricultura con la conservación del medio ambiente». «Todas las medidas ambientales y el Pacto Verde van a favor de la agricultura», subraya. «No sería justo que desaparezcan las exigencias medioambientales en Europa porque es una medida necesaria».