Un otoño clave para el derecho a la vida

Ya ha llegado el otoño, el momento en el que el Gobierno anunció que presentaría los pormenores de su reforma de la ley del aborto. Pero, de momento, se sabe sólo lo anunciado por el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón: que se volverá a una ley de supuestos, como la de 1985, que contemplará la violación y el riesgo físico o psíquico para la madre. El presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, se muestra cauto, pero no pesimista. Subraya que «todos los pronunciamientos públicos» del ministro «han sido claros» en tres aspectos: el aborto volverá al Código Penal como un delito despenalizado en algunos casos, y se recuperará la protección parcial establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985; se eliminará el supuesto del aborto eugenésico (por discapacidad del niño), y en la misma ley se contemplarán medidas de protección y ayuda a la maternidad.

Apuntando al 100 %

Todos estos cambios están lejos del objetivo final, que es la protección total del no nacido, pero son positivos. La principal cuestión pendiente, ahora, es ver, «dentro de estas líneas, qué grado de protección se va a dar» al no nacido. Está claro que no va a ser el 100 %, «pero puede ser el 80 % o el 30 %». Saber, sin tener más datos, que la ley será similar a la de supuestos de 1985 no es suficiente. Fue esta ley y su aplicación la que convirtió el supuesto riesgo para la salud psíquica de la madre en un coladero, bajo el que se ejecutaban, en negocios privados, aproximadamente el 97 % de los abortos. Así se alcanzaron los 100.000 abortos anuales —declarados—, y se cometieron los abusos por los que se está juzgando al abortista Morín, pero que todo hace pensar que eran y son práctica habitual en muchos otros negocios abortistas: informes firmados en blanco, sin haber entrevistado a la mujer; ecografías manipuladas, abortos hasta poco antes del parto —con trituradoras para deshacerse de las víctimas—…, además de claros atentados contra la salud de la mujer, como que el aborto lo practique personal no cualificado o enfermo de sida, como Morín.

En clave de conflicto

¿Qué hizo que esto fuera posible? En 1982, el PSOE aprobó una ley muy permisiva. Alianza Popular, a través del padre de Gallardón, presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso previo de inconstitucionalidad y el TC, con su sentencia de 1985, impuso algunos límites, pero aceptó la premisa mayor: el nasciturus no es titular del derecho a la vida, si bien su vida es «un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15» de la Constitución. En algunos casos puntuales de supuesto conflicto entre este bien y los derechos de la madre —continuaba la sentencia—, el aborto no sería castigado. Sin embargo, esto no exime al Estado de «establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma», y que incluya, «como última garantía, las normas penales».

III Marcha Internacional por la Vida en Madrid

Este domingo, la plataforma Derecho a vivir convoca su III Marcha Internacional por la Vida, con el apoyo de 80 entidades de más de 30 países. En Madrid, la manifestación partirá, a las doce del mediodía, de la Puerta del Sol, y llegará hasta la Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno). A esta convocatoria se unen, a lo largo de todo el fin de semana, cerca de un centenar de concentraciones en diversas ciudades y municipios de toda España, y también en Colombia, Argentina, Chile, México y Perú. La III Marcha Internacional por la Vida forma parte de la campaña Aborto Cero de esta plataforma. También pretenden llegar a recoger un millón de firmas. Hoy mismo, entregarán las cien mil primeras en el Ministerio de Justicia. Doña Gádor Joya, portavoz de la plataforma, explica que esta marcha es importante «porque lo que no consigamos ahora, con un Gobierno que ya ha hecho una declaración de intenciones y tiene mayoría absoluta, va a ser muy difícil que podamos conseguirlo en muchos años. Si nos contentamos con lo que nos prometen, la reforma se puede convertir en un mero maquillaje». Por ejemplo, «el riesgo para la salud psicológica puede dejar sin efecto la abolición del aborto eugenésico». Éste es el mensaje que quieren hacer llegar al Gobierno: «Si realmente tienen voluntad» de hacer cambios sustanciales en la ley, «ahora es la mejor ocasión, porque luego se les irán complicando las cosas».

La puerta del coladero

Basándose en esta sentencia, el Gobierno de Felipe González aprobó la ley de 1985, que no sólo despenalizaba el aborto, sino que, en su aplicación, «articuló mal» la protección al no nacido, recuerda don Benigno. Mientras en el primer año en que estuvo en vigor la ley sólo hubo nueve abortos, después de aprobarse el Real Decreto de desarrollo, en 1986, los abortos subieron en 1987 a 17.000, y comenzó una escalada que ha continuado desde entonces.

El motivo es que el Real Decreto «habilitó las clínicas privadas y dejó que el aborto se convirtiera en un negocio, sin control externo». Para ser válido legalmente —que no moralmente—, el aborto depende de un juicio técnico: los informes que justifican que entra en un determinado supuesto. Durante el primer año de la ley, estos informes los elaboraban unas «comisiones previas, compuestas por médicos expertos de la Sanidad pública», explica el señor Blanco. El Real Decreto de 1986 las eliminó, y dejó que los dictámenes los escribieran médicos o psicólogos que los centros abortistas tenían en nómina. Automáticamente, cualquier garantía desapareció de facto y se abrió la puerta a todo tipo de abusos.

Sin embargo, don Benigno recuerda que, aunque lastrada en lo fundamental, la sentencia del Tribunal Constitucional da algunas claves que harían posible una ley menos mala que la de 1985. En primer lugar, el TC respalda que el aborto vuelva al Código Penal y deje de ser considerado un derecho, como en la Ley Aído de 2010, ahora en vigor; aunque eso no sería suficiente. La sentencia afirma, además, que la «colisión entre la vida del nasciturus y la vida o la salud de la embarazada» debe ser tal «que no puede solucionarse de ninguna otra forma», y exige que «se establezcan las garantías necesarias» para que la vida del feto no quede desprotegida fuera de estos conflictos irresolubles. Es decir, según el TC, «no vale cualquier problema» para poder abortar, subraya don Benigno, y la ley debe asegurarse de que así sea.

La nueva ley se debe cumplir

Para que todo esto se cumpla y no se repita la triste historia de las últimas décadas, según don Benigno, lo fundamental es «cómo se articule» la protección del nasciturus, más que los supuestos que entren en la ley. Para ello, «hace falta —afirma— un control administrativo riguroso, previo al aborto». Una posibilidad sería volver a las comisiones previas, o que «dos especialistas independientes, de la Seguridad Social, justifiquen, en un informe motivado», que la mujer que desea abortar entra en un supuesto determinado. Para introducir este requisito, no se puede esperar al posterior desarrollo; «debe estar incluido en la ley», para que tenga la fuerza suficiente y no quede en manos de las Comunidades Autónomas.

Introduciendo límites de este tipo, la futura ley podría parecerse a la que, en Polonia, consiguió que en un año se pasara de 89.000 abortos a 151. Siguiendo el ejemplo de este país, España podría convertirse en «el primer país de Europa occidental donde se acredita que una ley permisiva con el aborto es reversible». Esto sería, añade don Benigno, un hito histórico.

Pero aún falta mucho para comprobar con hechos si ése es el camino emprendido por el Gobierno. Cuando, dentro de unas semanas, esté sobre la mesa el Anteproyecto de la reforma, comenzará un período de consultas y el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado elaborarán los dictámenes previstos en la ley. Sólo después de esto, el Consejo de Ministros aprobará el Proyecto de ley, que se someterá a trámite parlamentario hasta ser aprobada y entrar en vigor. A lo largo de todo este proceso, y manteniendo el objetivo de la desaparición total del aborto, cualquier mejora podrá considerarse un paso en la buena dirección, pero también -advierte don Benigno- «criticaremos lo que no se haga con suficiente rigor y fuerza».