Un obispo filipino denuncia el asesinato de fieles comprometidos

Primero fue la «guerra contra las drogas». Luego, el Gobierno filipino bajo el mando de Rodrigo Duterte lanzó la «guerra contra la disidencia». Su principal manifestación es la ley antiterrorista, en vigor desde verano. Pero también se está manifestando en el asesinato de activistas pro derechos humanos. El último de estos casos es la muerte de Luzviminda Dayanda, también conocida como Kap Ida, y de Albert Orlina.

Dayanda era jefa comunitaria en la localidad de Guinobatan, en la provincia de Albay. Orlina, el tesorero. Ambos fueron asesinados a tiros por un grupo de pistoleros sin identificar el 21 de septiembre, cuando volvían a casa después de una reunión. «No podemos creer que fueran asesinados a sangre fría», ha lamentado en un comunicado monseñor Joel Baylon, obispo de Legazpi, la diócesis a la que pertenecían. «Este ataque es inhumano y contrario a la enseñanza de Jesús».

Víctimas de la «etiqueta roja»

El obispo ha criticado también la práctica bautizada en Filipinas como «etiquetar de rojo». «Hemos tenido noticia de que habían sido acusados de ser miembros del Partido Comunista» o de apoyar a un grupo armado de esta ideología llamado Nuevo Ejército del Pueblo, apunta en su comunicado. Esta práctica suele ser el preludio a justificar bien un proceso legal contra una persona, o incluso su asesinato.

Además de la injusticia intrínseca de esta práctica, en este caso la acusación era falsa. Los supuestos simpatizantes rojos eran, de hecho, miembros «muy activos» de la comunidad católica local de San Vicente Ferrer, en la vecina localidad de Mauraro. Ambos eran líderes laicos, y además Dayanda era presidenta del consejo pastoral, del que también formaba parte Orlina. «Quienes conocían a Dayanda dan testimonio de su serena fe en Dios, de su humilde servicio a la Iglesia y de su apasionado compromiso por la gente bajo su cuidado», aseguraba su obispo.

«Muy cercana a los oprimidos»

Desgraciadamente, el asesinato de estos dos líderes parroquiales no es un caso aislado, sino que se suma a una lista que va en aumento. El 17 de agosto, recuerda monseñor Baylon, la activista Zara Álvarez fue asesinada a tiros en Bacolod City, en la isla de Negros. Álvarez trabajaba en defensa de los derechos de los agricultores sin tierra de la provincia de Negros Occidental, de donde procede la mitad de la producción de azúcar del país. Era la 13ª miembro de su organización, Karapatan, en ser asesinada.

Pero, además, estaba implicada en el grupo ecuménico Solidaridad entre la Gente de Iglesia y los Trabajadores, copresidido por monseñor Gerardo Alminaza, obispo de San Carlos. «Sangro por esta injusticia y violencia que nunca acaba», lamentó entonces el prelado. «Alguien muy cercano a mi trabajo con los oprimidos ha sido asesinado. El asesinato sistemático de defensores de los derechos humanos y activistas debe ser condenado y parar».

Apenas una semana antes otro activista, Randy Echanis, de Quezon City, fue secuestrado y asesinado por un grupo de hombres. «Las leyes existen para asegurar que todo acusado recibe un proceso justo», subraya el comunicado de monseñor Baylon. Por ello, pide que el Gobierno «investigue» estas muertes y «lleve a los perpetradores ante la justicia».

Contra la ley antiterrorista

La problemática situación social del país y la no menos delicada relación de la Iglesia con la Administración Duterte son dos de los principales retos a los que se tendrá que enfrentar Charles John Brown, nombrado este lunes nuncio en el país. De origen estadounidense, ha sido nuncio en Irlanda y Albania.

Desde el comienzo de la tramitación de la ley antiterrorista, aprobada en junio y que entró en vigor en julio, la Iglesia en Filipinas se sumó a las organizaciones de derechos humanos que expresaban su preocupación. Al ampliar el período de detención de los sospechosos y el rango de delitos que se consideran terrorismo, «podrían abusar de esta norma todos los que desean dominar a su pueblo, anulando a la oposición, y reprimir también el disenso legítimo». Así la criticaron en su día varios líderes cristianos, entre los que se encontraba monseñor Broderick Pabillo, administrador apostólico de Manila, y monseñor Aminaza.

Más recientemente, hace un par de semanas, un grupo de entidades ecuménicas y comunidades protestantes se sumaron a la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de «establecer una investigación imparcial sobre el terreno en torno a las violaciones de los derechos humanos» en el país. En un Comunicado unitario para la protección y promoción de los derechos humanos en Filipinas, la Iglesia de Canadá, la Conferencia Cristiana de Asia, el Consejo para la Misión Mundial, la Iglesia metodista y los consejos de iglesias de Australia y Corea, entre otros, se sumaban a la voz de alarma sobre «la perturbadora proliferación de asesinatos», incluidas las ejecuciones extrajudiciales, «violaciones de derechos humanos y ataques a las libertades civiles».