«Un nuevo hogar para tantos refugiados que huyen de la violencia»

«Éramos una familia normal», dice Samuel al otro lado del teléfono, desde Granada. Lleva más de 24 horas sin dormir porque trabaja de conserje de noche, pero no duda en atendernos. En El Salvador, él y su mujer ejercían como abogados en la ciudad de Santa Ana, y era el encargado de dos cárceles de máxima seguridad, donde muchos de los presos eran líderes de pandillas. Se le entrecorta la voz cuando narra que la Mara Salvatrucha asesinó a su cuñado calcinando el cadáver y lo tuvieron que reconocer por la dentadura. «Los pandilleros me dijeron que lo mataron porque pensaban que yo colaboraba con la Policía y querían que nos fuéramos de la ciudad». Así, se convirtieron en desplazados internos y buscaron otro lugar donde vivir. Pero los criminales volvieron a intimidarle pidiendo que introdujera mensajes encriptados a sus compañeros en la cárcel. La amenaza fue clara: o colaboraba o se atenía a las consecuencias. «Aún no me habían matado porque les era útil, pero sí asesinaron a otros compañeros delante de mí», cuenta. No aguantaron más y decidieron buscar refugio fuera.

El Salvador es uno de los diez países de los que más solicitudes de asilo recibe España, siendo además la nacionalidad cuyos reconocimientos han aumentado de forma más drástica, incrementando un 5 % las resoluciones favorables el año pasado, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ofrece estos datos en el contexto del día que el mundo mira a los refugiados, este jueves 20 de junio. Además, en 2023 se concedieron más de 7.000 estatutos de refugiado, lo que es un récord.

Samuel y su familia llegaron a España hace seis años, pero hasta el año pasado, tras una auténtica odisea burocrática, no se les dio la condición de refugiados. Es algo en lo que también coincide Antonio, que ha esperado la protección internacional durante más de un año y medio después de llegar de Venezuela junto a su mujer: «Lo más duro es conseguir la cita para la solicitud de asilo». Antonio relata que «la hiperinflación y las medidas del Gobierno hicieron que estuviéramos siete días seguidos sin luz y con escasez de comida». En las marchas contra el presidente Maduro, Antonio y su familia ayudaban a los jóvenes que eran reprimidos en las calles «con medicamentos, gasas y alcohol». Después de sufrir un ictus en 2014 y tras multitud de amenazas, decidieron empezar una nueva vida en España, donde ya residía su hija Paola. Ellos forman parte de los más de 41.000 extranjeros a los que el Gobierno español concedió el año pasado los permisos de residencia y trabajo por razones humanitarias.

Con un «todavía no estoy bien», Nilab resume las amenazas y persecución que sufrió cuando los talibanes llegaron en 2021 a su país, Afganistán. «Contradije todo lo que me pidieron», relata la joven de 26 años y tres hijos, «cuando no querían que estudiara, cuando pretendían casarme con un hombre al que no conocía o cuando no me dejaron trabajar ni manifestarme por ser mujer». Nilab, periodista con experiencia en radio y televisión durante ocho años en Kabul, un día vio cómo se llevaban preso a su marido, por lo que cogió a sus tres hijos —el más pequeño, de ocho meses—y cruzó la frontera a Pakistán, donde vivió medio año. «Estaba sola, en una habitación sucia, y mis hijos enfermaban. No tenía nada», cuenta. Con ayuda de otros colegas de profesión europeos, hace dos años cogió un vuelo y vino a España. Después de obtener la protección subsidiaria, y mientras espera poder traer a su marido, la ONG Rescate le acompaña en su proceso de integración. Su historia constata las razones por las que Afganistán está en el último lugar en el Índice Global de Paz y Seguridad de las Mujeres de 2023.

Ellas son uno de los colectivos que más siguen sufriendo las consecuencias de las guerras y del hambre. Como Mercy, que ya desde pequeña, en su país, Nigeria, recuerda cómo ella y sus ocho hermanos «comíamos algo una vez al día». «Con 15 años me quisieron casar con un hombre de 35 al que yo no había visto nunca», así que escapó sola hasta Marruecos, donde cogió una patera con 43 personas y en la que murieron diez. Estuvieron dos días en el mar y aún se emociona al recordar el miedo que pasó. «Nadie me dijo que el viaje sería tan largo y duro». Mercy llegó hace 22 años a España y, tras obtener la protección como refugiada, ahora ya tiene la nacionalidad y es limpiadora.

Las asociaciones humanitarias coinciden en que la reciente aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo no responde a las necesidades de las personas refugiadas, por ser una amenaza para los derechos humanos. La UE ha dado de plazo hasta diciembre para que los países presenten su plan de aplicación del pacto, lo que deja abierto el abanico de posibilidades en cuanto a la posición que tomará España. Mientras, las asociaciones anuncian movilizaciones para que ser refugiado, como dice Samuel, no signifique «ser un desaparecido».