Un cura italiano contra Frontex

El Mediterráneo es la ruta migratoria más letal del mundo. Y a pesar de los números que dejan los muertos —más de 600 en lo que llevamos de año— sigue sin haber un plan coordinado para frenar la sangría. «Estamos en un momento muy difícil, porque el Gobierno italiano está bloqueando sistemáticamente los barcos de rescate. Mientras, los otros países europeos miran para otra parte y dejan morir a las personas», denuncia el sacerdote Mattia Ferrari, capellán del Mare Jonio, de la asociación humanitaria Mediterranea Saving Humans. Actualmente este buque de salvamento está siendo reparado en Venecia. Pero hay otros ocho que han sido inmovilizados por las autoridades italianas alegando irregularidades técnicas, aunque para el sacerdote italiano son solo «excusas». «Se han multiplicado las inspecciones a todas las naves humanitarias. El objetivo es que no salgamos al mar a salvar vidas. Han cambiado de estrategia; antes simplemente nos impedían atracar», manifiesta. «Si de verdad les importaran estas personas se crearían un grupo de rescate a nivel europeo. Es como si se bloquea una ambulancia porque no cumple la normativa, pero no pones otra en funcionamiento», agrega.

Las inmovilizaciones son ejecutadas por la Guardia Costera tras haber efectuado los llamados controles de estado del puerto (PSC), es decir, inspecciones que deben validar que se respetan parámetros como la seguridad en la navegación o la tutela del medio ambiente marino. Lo curioso es que hasta mayo de 2020 no se habían detectado irregularidades, pero desde entonces se han endurecido drásticamente. Es el caso del barco humanitario español Aita Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH). Las autoridades italianas realizaron dos inspecciones, en noviembre de 2019 y en febrero de 2020, que solo revelaron una irregularidad técnica en cada caso. Sin embargo, solo tres meses después, en un control análogo se identificaron hasta 26 carencias. «La mayoría de los barcos pasan un control al año y a veces ni eso. Y las naves dedicadas al salvamento tienen que soportar uno cada vez que zarpan», asegura.

Atrás quedó la política de puertos cerrados que abanderó el exministro del Interior italiano, Matteo Salvini. Ahora las personas rescatadas desembarcan con relativa rapidez, pero la mayoría «son deportadas a Libia a los mismos centros de los que han huido, donde la vida humana vale menos que la de una mosca». «Esto es inaceptable —exclama—; se está violando de forma impune el derecho internacional, pero, además, están apaleando el Evangelio». Por eso se ha adherido a la campaña para abolir Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, cuyo presupuesto es de 5.700.000 millones de euros hasta el 2027. «Frontex coordina la acción de la guardia costera de Libia para devolver a estas personas al infierno. En esas cárceles se perpetúa la destrucción de la vida», incide.

Este sacerdote vive amenazado. Ha recibido en Twitter mensajes con ataques personales que según investigaciones periodísticas pertenecen a cuentas ligadas a los servicios secretos de varios países, entre ellos de Libia. «Si me han atacado a mí es porque quieren hacer daño a todos los que nos hemos comprometido con salvar vidas. Las ONG, las asociaciones humanitarias, la Iglesia católica, damos muchos problemas, porque queremos construir una sociedad fraterna, como nos pide el Papa».