Un balón de oxígeno para los migrantes y las pensiones

El martes el Consejo de Ministros aprobó una regularización extraordinaria de migrantes, vía real decreto. Se trata de una fórmula legal que las organizaciones impulsoras de la medida venían reclamando hace meses. Ya en octubre, el director de la Fundación para la Ciudadanía Global explicaba en Alfa y Omega que, ante el tortuoso recorrido legislativo en nuestro país, marcado por la falta de una mayoría del partido en el poder y, por tanto, la necesidad de llegar a acuerdos con otras formaciones, habían decidido un cambio de estrategia. «Donde antes decíamos ILP ahora decimos real decreto y le pasamos la pelota al Ejecutivo», explicaba Jorge Serrano. Ahora el Gobierno ha recogido el balón y ha pitado el inicio del partido, lo que le permite esquivar al Congreso y apuntarse un tanto que, en realidad, le corresponde a la sociedad civil. Más de 1.000 organizaciones tanto civiles como religiosas se involucraron para recoger las cerca de 700.000 firmas que se entregaron en 2022 en la Cámara Baja para la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Un trabajo cuyo espíritu ha recogido ahora el Gobierno, tal y como confesó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, y gracias al cual 500.000 personas podrán contar con un permiso de residencia y trabajo. Son gente, la mayoría de ellos, que ya trabajan en España. En no pocas ocasiones, son quienes te sirven el café en el bar, recogen el tomate que saboriza tu ensalada o cuidan de tu padre enfermo.

A pesar de ello, «no tienen acceso a ningún tipo de servicio» y «trabajan en condiciones de explotación» porque «no les asiste la regulación del mercado laboral» al estar en situación de irregularidad, explica Serrano en una entrevista concedida a Alfa y Omega. De esta forma, el real decreto no solo reconocerá sus derechos laborales, sino una dignidad que muchas veces se les ha robado. La regularización también permitirá, según los expertos, lanzar un balón de oxígeno al sistema de pensiones y disminuir el déficit fiscal del Estado español.