Un año de eutanasia: más de 170 muertos y presiones a los objetores

Un año después de su entrada en vigor, la Ley de la Eutanasia ya ha puesto fin a la vida de al menos 175 personas, según datos recabados por Alfa y Omega de los departamentos de Sanidad de las comunidades autónomas. Una cifra que es superior, pues Asturias todavía no contaba con datos. Solo con algunos casos publicados en prensa ya se superan las 175 muertes. La triste clasificación la lidera Cataluña, donde se provocó la muerte al amparo de la citada norma a 60 personas tras 137 solicitudes. Además, hay 18 aprobadas a la espera de ser llevadas a cabo. Le siguen el País Vasco (25), la Comunidad de Madrid (19), la Comunidad Valenciana (13), Andalucía (once), Baleares (ocho) y Canarias (siete), mientras que en el resto se cuentan con los dedos de las manos: cinco en Cantabria, Castilla y León y Navarra, cuatro en Galicia, la Región de Murcia y Castilla La Mancha, tres en Aragón y una en Extremadura y La Rioja.

«Es un balance triste teniendo en cuenta que la eutanasia va contra la esencia de la medicina y está condenada por nuestro código deontológico», explica en entrevista con Alfa y Omega Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que se pregunta por las condiciones en las que estas personas estaban siendo tratadas: si recibían cuidados paliativos o no. Así, muestra su pesar porque, en vez de «centrar los esfuerzos en mejorar los cuidados, se ha apostado por esta vía». En este sentido, vuelve a denunciar que los cuidados en general y los paliativos en particular «siguen infradimensionados», y que hay muchos pacientes cuyas necesidades —control del dolor, por ejemplo— no están siendo cubiertas o se ofrecen tarde. A este facultativo le parece «inaceptable» que la única forma de recibir cuidados paliativos de forma adecuada sea a través de la vía privada y denuncia que los más afectados por la legislación de la eutanasia serán «los que tienen una mala situación económica o sienten que son una carga».

Junto a esta, Martínez-Sellés expone otras preocupaciones. Una de ellas es que se están usando medicamentos fuera de la indicación para la que fueron aprobados. «Sucede con los sedantes anestésicos. Se utilizan dosis más elevadas con el objetivo de acabar con la vida del paciente. Porque la eutanasia acaba con el paciente, en vez de acabar con el sufrimiento», continúa.

Otro aspecto problemático es el de la objeción de conciencia y la creación de un registro de objetores –también se quiere incorporar en la cuestión del aborto– que «se podría utilizar para discriminar» a modo de lista negra. Martínez-Sellés no se ha inscrito, una circunstancia que no implica que, en el caso de que un paciente le pidiese la eutanasia, no se pueda negar. «Le explicaría por qué no lo hago y es en ese momento cuando me acojo a mi derecho de objeción de conciencia», añade el cardiólogo.

Rosana, enfermera en un centro de salud de Castilla La Mancha, también está profundamente en contra de la eutanasia, pues cree que los únicos perjudicados son los pacientes, sobre todo, los más débiles. Y tampoco quiere estar en el registro de objetores. Se niega a pesar de que la coordinadora de su área sanitaria envió un mensaje en el grupo de WhatsApp del trabajo señalando la obligatoriedad de inscribirse. Y no solo eso, sino que, además del registro oficial, se comunicaba la elaboración de uno de forma paralela por los propios coordinadores. «Al verlo, decidí escribir porque sabía que no podía ser obligatorio. Justo este año estoy estudiando en la Universidad Católica de Ávila un máster donde se abordan cuestiones bioéticas y lo habíamos tratado. Contesté a todos diciendo que debían saber que no es obligatorio. Luego la coordinadora me acusó de crear debate en el grupo», confiesa en conversación con este periódico. Más tarde llegó un correo electrónico del subdirector de Atención Primaria en la misma línea, recalcando que era obligatorio registrarse como objetor.

Según la presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), Eva María Martín, cada vez son más los profesionales sanitarios –médicos, enfermeras y farmacéuticos hospitalarios– que reciben presiones y les consultan sobre esta cuestión. Muchos, continúa, están trabajando con contratos precarios y tienen miedo a perder su empleo. En un hospital de Castilla y León incluso se ha pedido a alguna enfermera que, ya que se encargaba de poner la vía al paciente, también le inyectase la solución letal. «Tenemos que estar tranquilos y ser valientes. Objetar es nuestro derecho», añade Martín.

Desde la experiencia personal con su madre y su suegra, Rosana insiste, como ya hizo Martínez-Sellés, en la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos. Donde ella vive, en Alcalá de Henares, solo hay un equipo y los fines de semana la atención es exclusivamente telefónica. Según el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, en España hay 0,6 unidades por cada 100.000 habitantes. «Estamos entre Georgia y Moldavia», añade el presidente de los médicos de Madrid. En su opinión, las peticiones de eutanasia bajarían mucho si se asegura que los pacientes reciben los cuidados que necesitan».