Ucrania emite orden de busca y captura contra Cirilo

El Ministerio del Interior de Ucrania ha incluido al líder de la Iglesia ortodoxa rusa en su lista de personas más buscadas por complicidad en la guerra. Las autoridades ucranianas acusan a Cirilo de dos delitos: usurpación de la integridad territorial y la inviolabilidad de Ucrania; y planificación, preparación, resolución y conducción de una guerra de agresión. El Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU por sus siglas en ucraniano), emitió el mes pasado un documento en el que asegura que, «como parte del entorno militar y político ruso», Cirilo «había contribuido a violar la soberanía ucraniana».

Las autoridades ucranianas acusan de traición a los sacerdotes y funcionarios vinculados a la Iglesia de la que es cabeza Cirilo. El patriarca ha denunciado esas acciones y ha hecho un llamamiento a los líderes religiosos de todo el mundo para que se pronuncien en contra de las medidas que Ucrania estaría aplicando en su territorio contra el Patriarcado de Moscú y sus fieles.

Ucrania está intentando erradicar la influencia de estos sacerdotes porque sostiene que mantienen estrechos vínculos con Rusia y perjudican a la sociedad ucraniana.

El Parlamento ucraniano está considerando un proyecto de ley que prohíbe en el país las organizaciones religiosas que estén relacionadas con un centro de poder situado en un Estado enemigo. Interpretándose de forma laxa, la norma supondría impedir la labor de la Iglesia ortodoxa ucraniana, tradicionalmente vinculada a Moscú de la que se desvinculó en primavera de 2022. A pesar de ello, esta comunidad ha perdido a muchos de sus feligreses desde que comenzó la invasión en febrero de 2022.

La medida contra Cirilo tiene en realidad poca repercusión práctica mientras el patriarca siga en Moscú. De alguna manera, es una situación similar a la de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova, la comisaria rusa para los Derechos de los Niños. Rusia no ha suscrito el Tratado de Roma, por lo que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no tiene efecto en este país. Si ninguno de los dos pisa un país adscrito al tratado, no corren peligro de ser detenidos o juzgados.