Ucrania avanza para ilegalizar a la Iglesia ortodoxa ucraniana

La Rada Suprema ucraniana (Parlamento) aprobó el pasado jueves en primera lectura con el voto a favor de 267 diputados una ley que prevé la ilegalización de la Iglesia ortodoxa ucraniana, ligada históricamente al Patriarcado de Moscú. Se trata de un proyecto que se empezó a fraguar en diciembre pasado, debido a las acusaciones contra esta Iglesia por ser prorrusa.

De ser refrendada en una segunda votación, tal y como está previsto, el proyecto de ley 8371 prohibirá el funcionamiento en territorio ucraniano de organizaciones religiosas «afiliadas» a instituciones de un Estado que esté llevando a cabo una agresión armada contra Ucrania.

En un comunicado publicado en Facebook que recoge EFE, la Iglesia ortodoxa ucraniana ha denunciado la ley como contraria a la Constitución ucraniana y a la Convención Europea de los Derechos Humanos. «La aprobación del proyecto de ley demostrará que los derechos humanos y las libertades están perdiendo su significado», dice el comunicado.

«El proyecto de ley en sí no menciona a la Iglesia ortodoxa ucraniana, pero su origen y apoyo mediático y político indican que se aplicará a ella» con el objetivo de «prohibirla». Por eso, «viola el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos ucranianos que pertenecen a ella».

La Iglesia ortodoxa ucraniana, a la que antes se le añadía la coletilla «del Patriarcado de Moscú», rompió este vínculo tras la invasión rusa debido al apoyo que el patriarca de Moscú, Cirilo, brinda a la guerra iniciada por el Kremlin. Sin embargo, el Estado ucraniano considera insuficiente esta ruptura.

Numerosos sacerdotes ucranianos de esta iglesia han sido detenidos por colaborar con las tropas de ocupación rusas o por bendecir la invasión desde los púlpitos. En paralelo, desde el comienzo de la guerra ha perdido numerosos fieles. Incluso parroquias enteras han votado para integrarse en la Iglesia ortodoxa de Ucrania, creada en 2019 por el Patriarcado ecuménico de Constantinopla.

No al principio de responsabilidad colectiva

La semana pasada, el director de la Comisión de las Iglesias sobre Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de las Iglesias, Peter Prove, manifestó su «grave preocupación» en una carta dirigida al presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk. Prove subrayaba que los propios expertos legales de la Rada había concluido que «el lenguaje del proyecto de ley 8371 no cumple con los requerimientos constitucionales». A pesar de ello, «el texto no se ha revisado».

«Nos preocupa profundamente que si se adopta en su forma actual, sin una definición y límites adecuados, esta ley se podría usar de formas que violan las normas internacionales de libertad religiosa y de conciencia», recogía el texto. Más aún, «estaría en contradicción con las indicaciones que el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania» al pedir que se aprobara. En su mandato, se indicaba que la ley debería «estar en concordancia con las normas internacionales de libertad de conciencia y con el compromiso de Ucrania de cara a su incorporación al Consejo de Europa».

La carta criticaba asimismo que se aplique el principio de responsabilidad colectiva a organizaciones religiosas. «A los individuos que han cometido traición u otros crímenes en el contexto de la invasión rusa se les deben exigir cuentas bajo las leyes ucranianas», en un juicio justo. Sin embargo, «prohibir o castigar de cualquier otra forma a la Iglesia ortodoxa ucraniana en su conjunto, sin pruebas claras y públicas de que la Iglesia misma supone una amenaza genuina para la seguridad nacional de Ucrania sería en nuestra opinión profundamente divisoria y contraproducente».

El responsable de esta comisión del Consejo Mundial de las Iglesias argumentaba que, al igual que algunos miembros de esta Iglesia han podido cometer traición o ayudar a Rusia, «muchos están sirviendo en las Fuerzas Armadas de Ucrania, y prácticamente todas las familias conectadas con esta Iglesia» tienen «parientes en riesgo en la defensa de Ucrania».