Ucrania avanza para disolver la Iglesia ortodoxa ucraniana en dos meses

El Gobierno de Ucrania podría disolver la Iglesia ortodoxa ucraniana, o al menos buena parte de sus instituciones, en un plazo máximo de dos meses. Solo una semana después de que el presidente, Volodímir Zelenski, privara de la ciudadanía a su primado, el metropolita Onofre, las autoridades han acusado a esta misma institución de estar afiliada a la Iglesia ortodoxa rusa.

El Servicio Estatal de Ucrania para la Etnopolítica y la Libertad de Conciencia (DESS por sus siglas en ucraniano) informó el pasado martes de que la metrópolis de Kiev de la Iglesia ortodoxa ucraniana mostraba signos de afiliación a la Iglesia ortodoxa rusa. Esto implica que bajo la polémica ley 3894 del país puede ser disuelta en un plazo máximo de dos meses.

En su artículo 5.1, esta norma impide que una organización religiosa opere en Ucrania si está «afiliada con una organización religiosa extranjera cuya actividad esté prohibida en Ucrania». Para determinar dicha afiliación, basta con que el DESS detecte en ella «uno o más» de siete signos.

Uno de estos signos es que la normativa interna de la Iglesia ortodoxa rusa se considere legitimada para tomar decisiones canónicas y organizativas vinculantes para la metrópolis de Kiev de la Iglesia ortodoxa ucraniana. Es una de las acusaciones que se incluyen en un informe de 21 páginas publicado el martes. Lo acompaña una orden para que las formas de «afiliación» detectadas se eliminen en 30 días, ampliables a 60.

Si al cabo del plazo establecido el DESS considera que no se ha cumplido esta orden, procederá a disolver dicha organización religiosa. Esto implica que todos sus bienes, excepto los destinados al culto, son confiscados por el Estado. Los destinados al culto se transferirán a otras instituciones religiosas; en este caso, presumiblemente la Iglesia ortodoxa de Ucrania.

Para el abogado estadounidense Peter Anderson, experto en cuestiones relacionadas con las Iglesias ortodoxas, la noticia «no es sorprendente». De hecho, considera que al redactar la ley, el Parlamento ucraniano formuló los siete signos «específicamente para que se aplicaran a la Iglesia ortodoxa ucraniana».

Por otro lado, el experto subraya que la acusación de que la Iglesia ortodoxa rusa considera que puede tomar decisiones vinculantes para la ucraniana es algo que no depende de la voluntad de la metrópolis de Kiev. De hecho, desde mayo de 2022 toda la Iglesia ortodoxa ucraniana expresó su voluntad de romper su vínculo con Moscú. Tampoco «tiene ningún poder para cambiar» esta realidad. Por tanto, considera inevitable su disolución cuando se cumplan los plazos.

Anderson recuerda además que la ley prevé también que el DESS publique una lista de otras organizaciones que formen parte de la estructura de la infractora o estén relacionadas con ella. Estas también se considerarán ilegales. Y como la metrópolis de Kiev es la sede de toda la Iglesia ortodoxa ucraniana, prevé que «la lista incluya a todas sus comunidades religiosas e instituciones».

Todo esto lleva a Anderson a insistir en que existen «fuertes argumentos sobre cómo la ley 3894 viola las garantías de libertad religiosa de la Constitución ucraniana y la Convención Europea de Derechos Humanos». Señala además que la noticia se hizo pública poco después de que Trump anunciara el envío de más armas a Ucrania, a pesar de las críticas que en el pasado ha vertido sobre esta ley puede significar que este anuncio. Esto le lleva a pensar que Kiev cree que dichas reticencias «no van a disminuir la ayuda militar».

Por otro lado, la noticia se produjo un día antes de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reuniera con el Papa Francisco en Castel Gandolfo. Cabe recordar que la nunciatura de la Santa Sede en Ucrania se mostró en su día contraria a esta ley. Sin embargo, el arzobispo mayor grecocatólico de Kiev se ha mostrado a favor.