Los obispos de EE. UU. responden a la autorización de redadas en iglesias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el pasado martes a las fuerzas del orden federales a arrestar a inmigrantes ilegales y llevar a cabo operaciones policiales en lugares considerados sensibles, como iglesias, hospitales o colegios. «Los delincuentes ya no podrán esconderse en escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La Administración Trump no limitará a nuestras valientes fuerzas del orden y espera que utilicen el sentido común», ha dicho el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por el secretario interino, Benjamine Huffman. El objetivo es «atrapar a criminales extranjeros, incluyendo asesinos y violadores, que hayan entrado ilegalmente» en Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estableció en 2011 una política que impedía a los agentes llevar a cabo arrestos en lugares sensibles. Con todo, permitía las operaciones policiales en determinados casos, como una amenaza a la seguridad nacional, por cuestiones de terrorismo o por riesgo inminente de muerte o daño físico a personas o propiedades.

«El fin de la política de lugares sensibles del Departamento de Seguridad Nacional infunde miedo en el corazón de nuestra comunidad», subrayó en un comunicado de respuesta Mark Seitz, obispo de El Paso (Texas) y presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Con esta medida se está «extendiendo cínicamente un manto de ansiedad en las familias mientras adoran a Dios, buscan atención médica o dejan y recogen a sus hijos del colegio».

Esta nueva política de la Administración Trump podría avivar el miedo en las comunidades de migrantes e incluso evitar que muchos niños vayan a la escuela ante posibles arrestos. Las detenciones se podrían producir incluso en bodas, funerales o manifestaciones proinmigración a las que acudan personas indocumentadas, según adelantó la cadena NBC News el pasado mes de diciembre.

El nuevo Ejecutivo también ha emitido una segunda directiva que incluye la eliminación gradual de los programas que permiten a los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití entrar en el país «por cuestiones humanitarias». Si bien no ha detallado más al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional ha subrayado que se estudiará «caso por caso». «La Administración Biden-Harris abusó del programa humanitario para permitir indiscriminadamente la entrada a nuestro país de 1,5 millones de migrantes», ha agregado.

El comunicado de Seitz subraya también que «en la frontera ya estamos viendo muchas acciones drásticas» que «afectan profundamente a nuestra comunidad local y suscitan una preocupación moral y humana urgente». Junto al riesgo de redadas en lugares de culto y otros, «hemos visto también el cierre rápido e indiscriminado de la frontera a los solicitantes de asilo y el regreso de la mal concebida política de Permanecer en México, violando el proceso debido y restringiendo las pocas opciones legales disponibles para los más vulnerables que llaman a nuestra puerta buscando compasión y ayuda».

Ante esta realidad, el responsable de Migración del episcopado asegura que su diócesis seguirá formando a los fieles sobre sus derechos y ofreciéndoles ayuda legal. También trabajará para «mitigar el daño de la aplicación indiscriminada» de la política migratoria. Además, transmite a la comunidad migrante que «hacemos nuestros vuestras ansiedades y miedos. Estamos con vosotros en este momento de crisis familiar y personal y os prometemos nuestra solidaridad». Todo ello con la confianza de que «el Señor Jesucristo sacará el bien incluso de este momento de dolor» y de que finalmente llegará «una reforma real, una sociedad reconciliada y justicia para todos los forzados a migrar».