Tres de cada cuatro familias no acceden al IMV por el colapso de la Administración

«Tres de cada cuatro familias vulnerables que actualmente comen en las colas del hambre junto a sus hijos no reciben la ayuda social del IMV por diferentes motivos, el principal por haber tenido trabajo en 2019 o bien porque no pueden adjuntar los documentos exigidos al estar la administración cerrada», ha denunciado este martes en un comunicado la Fundación Madrina.

Muchas de ellas no pueden hacer frente al alquiler de su vivienda pero, al haber trabajado durante 2019 y hasta el mes de marzo de este año, no pueden acceder al IMV. Para la Fundación Madrina, se trata de «un veredicto administrativo injusto al ser familias golpeadas igualmente por la pandemia, perdiendo su trabajo en la crisis, cuando antes tenían una situación estable».

Tampoco pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital aquellas familias que tienen patrimonio propio, aunque en la situación actual no pueden venderlo para obtener liquidez, «estando condenados por ello a continuar en las colas del hambre».

Del mismo modo, no pueden acceder a esta ayuda social aquellas familias que conviven en este momento de hacinamiento por la crisis del coronavirus, por no poderse empadronar. Para Madrina se trata de «una sanción por convivir con una familia que trabaja». Por último, hay familias inmigrantes acogidas por organismos gubernamentales y ONG, a las que por norma no se suele empadronar, con lo que «se les genera más vulnerabilidad social y pobreza», denuncia la Fundación Madrina.

Junto a todos ellos, el IMV se está denegando a familias que carecen de trabajo y no se han apuntado como demandantes de empleo, «lo cual es un trámite difícil actualmente ya que los sistemas públicos se encuentran colapsados o cerrados, y no hay acceso a la Seguridad Social; de hecho la página web da error y no deja concertar citas», denuncia la Fundación.

Por todo ello, debido al colapso de la Administración, Madrina ha observado el nacimiento de un mercado negro de empadronamientos que alcanza los 500 euros por inscripción de una persona, así como de citas para extranjería y registros a 300 euros por cita.